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El escándalo por perfilamientos y chuzadas por parte de miembros de inteligencia del Ejército a civiles, periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros aterrizó en el Congreso este miércoles. En la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo un debate de control político para obtener algunas respuestas frente a las denuncias hechas por la revista Semana.
Hace 15 días, la publicación periodística reveló la posible destinación de recursos de inteligencia para crear carpetas de personas que, en concepto de muchos, no tendrían que ser objetos de estas labores de perfilamiento. Entre los afectados por estas labores de inteligencia estarían varios periodistas -nacionales e internacionales-, líderes sindicales y sociales, y hasta miembros del Congreso (Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar). En total serían más de 130 los afectados por estas labores de inteligencia.
Para dar respuesta a estas acciones, al debate fueron citados la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y miembros de la cúpula del Ejército, estos últimos no intervinieron en la sesión. El debate comenzó con la intervención del senador Juan Diego Gómez, que expresó que es necesario llegar al fondo de las investigaciones, pues han sido varias las veces en las que las labores de inteligencia han sido puestas en duda.
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Gómez también señaló que se estaba haciendo tarde el debate, pues se tenía que haber hecho apenas las primeras denuncias de irregularidades en inteligencia se hicieron públicas. Sin embargo, estos debates no los adelantó la comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, a pesar de los pedidos de que se realizaran.
La sesión continuó con la intervención del senador Jaime Durán Barrera, que expresó su preocupación, pues las labores de inteligencia contra civiles estarían “disminuyendo nuestra democracia”. El senador también aseguró que el uso de inteligencia para seguir a periodistas, sindicalistas y senadores es preocupante dado que “la Fuerza Pública tiene como fin proteger la democracia”.
Por último, Durán Barrera pidió a la Fiscalía y a los dos entes de control (Procuraduría y Contraloría) que se unan para realizar las investigaciones, al igual que se está haciendo con los dineros de pandemia. Por último, el senador aseguró que es un “campanazo de alerta” porque se podrían estar afectando “las libertades de expresión, de pensamiento, y el derecho a la información”.
Uno de los intervinientes más importantes de la sesión fue Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático. Este aseguró que a pesar de que se tiene noticia de 130 perfilados, esta cifra podría llegar a elevarse hasta los 300 casos. “En Colombia es común que la inteligencia sirva para perseguir opositores. No hay garantías democráticas”, dijo el senador de la oposición.
Cepeda aseguró que este nuevo escándalo de la inteligencia militar se remonta a otros escándalos como en la sala Andrómeda y la sala gris. Además, aseguró que con la llegada del general Nicacio Martínez se interrumpió la operación Bastón, una operación de inspección que habría permitido encontrar varios escándalos de corrupción en el Ejército. Entre los hallazgos se habría ubicado 300 oficiales y suboficiales y 16 generales con nexos con políticos, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.
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Cepeda también mencionó 9 generales a los que estarían involucrados en estas irregularidades y que ya no están vinculados al Ejército. Entre los señalados están los generales Eduardo Quiróz, Gonzalo García Luna, Adelmo Fajardo, Jorge Horacio Romero, Juan Pablo Rodríguez, Diego Luis Villegas Muñoz, Jorge Humberto Jerez Cuéllar, Mauricio Moreno y Nicacio Martínez.
Asimismo, el senador Cepeda llamó la atención sobre la magistrada Cristina Lombana, que tenía en un primer momento las investigaciones por interceptaciones ilegales supuestamente hechas por miembros del Ejército. El congresista recordó que Lombana, antes de llegar a la Corte Suprema, fue miembro del Ejército. Por lo tanto, Cepeda puso en duda que una “compañera de armas” pueda llevar las investigaciones.
El debate continuó con la intervención de Antonio Sanguino, una de las víctimas de los perfilamientos. “No corresponde a manzanas podridas, sino es un fenómeno estructural de nuestras instituciones castrenses y de nuestro aparato de inteligencia. Hay presencia de un sector totalitario en la política colombiana y en las Fuerzas Armadas.”, dijo el senador de la Alianza Verde.
“Evitar que ese sector de las fuerzas militares se enquiste es una tarea de primer orden. Por eso en los acuerdos de paz hay el compromiso de depurar los archivos de inteligencia”, añadió Sanguino, que tuvo serios problemas de conexión durante gran parte de la sesión.
El citante también llegó a comparar el escándalo de inteligencia actual con las chuzadas del 2003: “Hay unos elementos recurrentes para identificar un patrón de conducta: periodistas, líderes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos. Eso ocurrió cuando el G3 lo hizo en el año 2003”.
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En este punto, Sanguino llamó la atención frente al general Gonzalo García Luna, que fue director de Inteligencia del DAS en 2003 y figuraba como la cabeza de inteligencia en el Ejército hasta hace unos días. “Este señor es importante como enlace del G3 y este escándalo de la chuzadas”, declaró.
Por último, este criticó la labor del gobierno frente a la acción del gobierno en estos casos: “No nos vamos a quedarnos tranquilos. Se han removido 36 miembros, algo grave está ocurriendo en la inteligencia militar (…) La acción es la misma: llamar a calificar servicios y abrir procesos penales. Pero, ¿por qué sigue ocurriendo estos hechos? ¿Por qué sobrevive la idea del enemigo interno?”.
El senador Gustavo Bolívar, otro de los citantes que figura en las carpetas de perfilamiento, cuestionó al gobierno frente a que “si los medios no hacen la denuncia seguiríamos siendo víctimas de los seguimientos y perfilamientos”. De igual manera, criticó el llamado a calificar servicio de estos militares vinculados, pues, señala, les mantienen el grado y todas las prebendas por su servicio.
Tras la intervención, Bolívar anunció que, junto con los senadores Cepeda, Sanguino y Feliciano Valencia, se presentará denuncia contra Rafael Nieto Loaiza -por supuestamente recibir información de la chuzadas hechas por el Ejército- y se le pedirá a la Contraloría que lleve a cabo investigación fiscal contra 10 generales de las Fuerzas Militares.
También, el senador Bolívar anunció que el caso de perfilamiento se comunicará ante la Corte Penal Internacional, así como se le pedirá al Congreso de Estado Unidos hacer seguimiento de los recursos destinados por ese país a Colombia para temas de cooperación en narcotráfico y crimen organizado.
La intervención de Bolívar fue seguida por la bancada oficialista. El primero en intervenir fue el senador Ernesto Macías, que se quejó de que su partido haya sido mencionado como posible destino de las interceptaciones. “Mi partido ha sido mencionado de forma difamatoria en varias de las intervenciones. Invito que pongamos las correspondientes denuncias, no podemos permitir que se siga trapeando con el nombre y la honra de los integrantes de nuestro partido”, dijo.
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Luego, aseguró que tanto el presidente Iván Duque como su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, son caballeros y hombres decentes. Asimismo, se quejó del rigor periodístico de la Revista Semana y de que, supuestamente, no se le prestó la misma atención cuando el expresidente y senador Álvaro Uribe fue chuzado. En este caso hizo referencia a las interceptaciones legales que hizo la Corte Suprema a Uribe por equivocación.
Por último, el expresidente del Senado aseguró que él ha sido chuzado por el anterior gobierno, pero no teme a ello ya que “no tengo nada que esconder”. Para concluir, se despachó en contra de los senadores de la oposición: “Lo importante aquí para ciertos sectores es manchar y hacer política con una situación”.
La senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, siguió en el debate y señaló que no ha sido culpa de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia no hacer el debate sobre las interceptaciones ilegales: “No podemos adelantar el debate sin tener la garantía de que la información revelada se proteja”.
“Han querido golpear la institucionalidad con el escándalo de las chuzadas”, señaló Holguín, que también sacó a relucir el tema de las interceptaciones legales al expresidente Uribe, para señalar que había un doble rasero por parte de la oposición en estos temas.
Los únicos citados que intervinieron en el debate fueron las cabezas de los ministerios del Interior y Defensa. La ministra Alicia Arango tuvo una breve intervención en la que aseguró que su cartera no maneja ningún tipo de información privilegiada proveniente de actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
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“El Ministerio del Interior no tiene competencia de ordenar labores de inteligencia y contrainteligencia. Nuestra relación es armónica con el ministro de Defensa”, agregó Arango, que aseguró que la labor de su cartera se centra en ejecutar la acción política del gobierno y la preservación de los derechos humanos.
Por último, la ministra lamentó que “unos pocos desdibujen la imagen de un Ejército tan querido por los colombianos” y recordó que “El presidente ha dicho que cero tolerancia con estos hechos (las interceptaciones ilegales”.
Contrario a su compañera de gabinete, el ministro Carlos Holmes Trujillo tuvo una amplia intervención, en la que destacó la importancia del debate. “Este debate le hace honor al sistema democrático colombiano. Esto es un asunto de interés nacional, independientemente de la afiliación política. Es un asunto de interés nacional porque tiene que ver con la seguridad en Colombia. Agradezco que este debate haya sido convocado”.
Luego destacó que el presidente Iván Duque es un demócrata que nunca le haría juego a las interceptaciones ilegales: “El presidente Duque es un verdadero comandante de las fuerzas”. De igual manera, salió en defensa del Ejército: “La Fuerza Pública es admirada y respetada por los colombianos. Está abierta al escrutinio de los colombianos”.
Trujillo señaló que la posición de su cartera y del gobierno es de cero corrupción y han venido trabajando para esclarecer los hechos denunciados. Sin embargo, señaló que en este caso se ha violado la presunción de inocencia y la reserva del sumario. “Aquí se vive filtrando, lo que es un delito”, dijo.
El ministro también salió a defender a las acciones de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, las calificó como necesarias para mantener el orden democrático y destacó que las investigaciones por las posibles irregularidades no han parado “ni un solo segundo”.
“Dirigí una nota a Nicacio de Jesús Martínez solicitando una auditoría a las labores de inteligencia y contrainteligencia que se han venido llevando en los últimos 10 años”, reveló el ministro Trujillo, que agregó “El presidente apenas me posesionó puso en marcha varias labores internas que han producido resultados y seguirían produciendo resultados”.
Por último, el ministro de Defensa aseguró que las interceptaciones y perfilamientos ilegales “no es una política de Estado y tampoco es una política de gobierno. La política del gobierno es cero tolerancia con acciones en contra de la ley. Es una acción que presuntamente cometieron algunos miembros de las fuerzas”.