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5 Oct 2022 - 6:00 p. m.

El hundimiento de un proyecto que deja sin dientes la reforma política

La modificación del CNE y la Registraduría era esencial para la pretendida reforma del sistema político que busca el gobierno Petro. Sin embargo, dejaron sin apoyo la propuesta y los tradicionales la hundieron.
Desde 2016, esta institución ha expedido 71 de las 107 normas necesarias para la implementación del Acuerdo, pero solo cinco de ellas se dieron en los últimos cuatro años.
Desde 2016, esta institución ha expedido 71 de las 107 normas necesarias para la implementación del Acuerdo, pero solo cinco de ellas se dieron en los últimos cuatro años.
Foto: Archivo

Con 13 votos en contra y solo 7 a favor, la Comisión Primera del Senado le dijo no al proyecto para reformar al CNE y la Registraduría, entidades conocidas en su conjunto como el órgano electoral. La propuesta era de los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila y supuestamente tenía a su favor un compromiso del gobierno de apoyarla, pero al final no se sintió por ningún lado el visto bueno oficialista. De esta forma, por lo menos en este semestre, el cuestionado ente electoral seguirá tal cual.

La propuesta inicialmente venía en dos proyectos, uno de De la Calle y otro de Ávila. El primero buscaba la creación de un tribunal electoral de carácter jurisdiccional que asumiera las tareas que actualmente tiene el CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado, y que en muchas ocasiones se traslapan. También buscaba acabar con la figura del todopoderoso registrador para que las funciones de organización de elecciones se concentraran administrativamente en el reemplazo el CNE.

Por el lado de Ávila, su proyecto tenía como fin fundamental acabar con el origen partidista de los magistrados del consejo electoral y de esta forma tratar de recuperar la confianza en un ente que ha sido cuestionado debido a que sus decisiones no serían ajustadas a derecho, sino que predominarían las decisiones políticas. Debido a que las propuestas eran afines y modificaban a un mismo ente, la propuesta fue acumulada en una sola.

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De esta forma, el texto final buscó dividir al CNE en dos entes distintos: uno administrativo y otro jurisdiccional. El administrativo, que también vigilaría a los partidos y la organización electoral, iba a quitar de la ecuación el origen político de los magistrados e iba dejar esta tarea al concurso de méritos. El nuevo tribunal electoral iba a concentrar el tema judicial de las elecciones e iba acabar con la Sección Quinta del Consejo de Estado para asumir sus tareas electorales. Al final, el intento de una reforma tan drástica al ente electoral fue la tumba misma del proyecto.

A pesar de que el texto del proyecto estaba listo desde hace varios días, al final la reforma de acto legislativo fue dejada para los últimos días que tenía para cumplir su trámite sin problema, cuatro debates este semestre y los otros cuatro en el primer semestre de 2023. La iniciativa no solo jugó una carrera contra el tiempo, sino un comportamiento un tanto extraño por parte de las entidades que entraba a modificar.

Consejo de Estado, Registraduría y Consejo Nacional Electoral solo esperaron unas horas antes de que se diera el debate oficial del proyecto para presentar su rechazo al articulado. Esta posición vino acompañada de una declaración de impedimentos de casi toda la Comisión Primera del Senado, que expresó no poder debatir el proyecto debido a que buscaba acabar la Sección Quinta del Consejo de Estado y varios tenían procesos en esta instancia.

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Para evitar que el proyecto se hundiera sin debate, ante la falta de quórum, los autores decidieron quitar todo lo que implicara el fin de la Sección Quinta y el comienzo de un nuevo tribunal electoral. La medida solo sirvió para extender la vida del proyecto por apenas una semana. Aún sin los artículos cuestionados, la Comisión Primera le dio el no rotundo al proyecto.

En la sesión de este martes, la representación de las entidades que serían modificadas volvió a dar un parte negativo. “Yo no entiendo por qué modificar 12 artículos de las Constitución para resolver problemas que se originan en dos leyes estatutarias. Si uno las entra a revisar, se podría modificar esos problemas que diagnostican”, afirmó el magistrado del CNE César Lorduy. De manera similar, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, se manifestó. Aunque esta intervención fue catalogada como irrespetuosa por varios de los senadores de la Comisión, que consideraron que se trató más de una defensa de su superior, Alexander Vega.

Además de los criterios negativos de las instituciones, varios senadores también se expresaron en contra. “A mí no me gusta que se pudiese concentrar el poder en un solo órgano electoral. Eso es lo que buscan los regímenes absolutistas para controlar las elecciones”, expresó el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. “Nunca he sido amigo de quitarle facultades de elección al Congreso (…) Considero que este proyecto tiene unas contradicciones”, declaró el senador de Cambio Radical Jorge Benedetti.

Al final, a pesar de los argumentos de algunos miembros del Pacto Histórico y de Paloma Valencia, que defendieron la iniciativa, la Comisión Primera del Senado rechazó la propuesta. Luego del hundimiento, Humberto de la Calle, uno de los autores, habló con este diario para expresar su visión ante el fracaso del proyecto: “da frustración que hablen de cambio y no lo busquen. Si no se cambia la cabeza (el CNE), la mal llamada reforma política no tendrá ningún efecto real”.

Además de expresar su rechazo a la determinación, De la Calle llamó la atención frente a cómo asumió el proyecto tanto la bancada de gobierno como el propio Ejecutivo. “Lo más grave es que la propia coalición de gobierno se diluyó. No funcionó la coalición. Creo que el gobierno no apoyó la idea”, expresó el senador, que fue suspicaz sobre el supuesto compromiso del gobierno de Petro de apoyar la propuesta cuando “ni siquiera mandaron al viceministro para apoyar el proyecto”. Eso sí, prometió que lo volverá a intentar.

¿Qué pasa con la reforma política?

Más allá de la respuesta política, El Espectador habló con dos conocedores del tema electoral. Ambos coincidieron en lamentar el fracaso del proyecto, puesto que era fundamental para cumplir con la reforma política con la que se comprometió el gobierno. “La reforma al ente electoral era parte del acuerdo de la Habana. Implica una modernización y una nueva legitimidad de las instituciones electorales que garanticen la transparencia del voto libre”, expresó el exmagistrado del CNE Armando Novoa.

Este añadió que en el acuerdo se dejó las bases para despolitizar el CNE, un objetivo que, a su consideración, se ha venido aplazando desde el siglo pasado, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Novoa calificó como “buena idea” el proyecto de Humberto de la Calle y Ariel Ávila, aunque señaló que pecaron de novatos al buscar hacer un cambio tan radical: “Se equivocaron en el proyecto de incluir el tema del tribunal electoral. Una cirugía de ese alcance no se puede hacer en un solo acto legislativo. Lo plantearon todo al mismo momento y terminó siendo inoportuno y falto de estrategia”.

Novoa comentó la necesidad del proyecto debido a que se ha creado un desbalance de poder a favor del registrador. “El registrador le nombra la planta al CNE, no rinde cuentas, hace reformas ad hoc y no tiene nadie que lo frene y eso quedó en evidencia en las elecciones de este año”, afirmó el exmagistrado, que resaltó que la concentración de poder en la Registraduría es un tema originado en la reforma política de 2003 y que no han sido capaces de frenar.

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Frente a la reforma política, Novoa aseveró que, en caso de ser aprobada tal cual está, “pierde eficacia”. Esto debido a que, según el exmagistrado, el órgano que tendría que ver si se adoptan mecanismos de democracia interna es el CNE y los “antecedentes que tenemos en esa tarea son desastrosos”. Los comentarios del también exmiembro del “congresito” hacen referencia a casos en los que el tribunal electoral no encontró ninguna irregularidad en procesos de democracia interna y luego el Consejo de Estado falló de forma contraria, como en el caso del Partido Liberal y su presidencia en 2013.

El experto electoral ve ilógico que un ente de conformación partidista vaya a revisar a conciencia a los partidos. Este mismo criterio lo aplicó para expresar sus dudas en el tema de la vigilancia de la financiación predominantemente estatal de los partidos, como está actualmente en la reforma. “La financiación de preponderancia estatal tampoco va a funcionar”, aseveró Novoa, que aseguró que no es solo por la conformación partidista, sino porque el CNE no tiene la capacidad para hacer ese tipo de vigilancia. Un comentario similar tuvo frente al voto obligatorio, aunque en este caso la que se quedaría corta es la Registraduría.

Observaciones similares hizo Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE). “Es lamentable que se haya perdido esta oportunidad para enfrentar tres problemas la organización electoral: la partidización, la concentración del poder y la ausencia de una jurisdicción electoral”, expresó.

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Para Mancera la reforma política debía ir de la mano de la modificación del CNE y la Registraduría: “Una organización electoral fuerte permitía vigilar a los partidos y eso permite una mayor rendición de cuentas y el cumplimiento de los mecanismos de democracia interna de los partidos. Si no se tiene una organización fuerte, finalmente no se están haciendo nada”.

El vocero de la MOE también compartió la necesidad de limitar el poder que ha venido tomando la entidad liderada por Alexander Vega. “La Registraduría ha concentrado el poder del proceso electoral en el registrador. No rinde cuentas y todo queda en discreción del registrador, eso es una concentración de poder en una sola persona. Cuando uno mira atrás se ve que las elecciones 2022 el registrador tomaba decisiones como el del software de inscripción de cédulas sin consultas”, dijo Mancera.

Frente a la partidización y ausencia de la Jurisdicción electoral, este reseñó que las decisiones del CNE no son confiables, “ese es uno de los problemas más diagnosticados del país”, y la razón es que sus pronunciamientos no se perciben en derecho sino que se ve “como un órgano de negociación política”. Por último, señaló que se está en deuda con el fallo Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y este proyecto lo entendía y buscaba solucionar la falencia al crear el tribunal electoral independiente.

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