Luego de que terminara la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, desde el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública se anunció este miércoles un nuevo cartel con los nombres de los más buscados por su participación en crímenes contra personas que estaban en proceso de reincorporación.
De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, el nuevo cartel se integró con 137 órdenes de captura e información enviada por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación al Centro Integrado de Información de la Policía. De igual manera, Atehortúa señaló que se hicieron aumentos en los montos de dinero que serán entregados a los ciudadanos que brinden información que permita dar con el paradero de los más buscados.
“A aquellos que tenían un monto de 2,4 millones de pesos, se les elevó a 10 millones de pesos. Por un actor criminal que es conocido como alias “Contador”, quien dirige una organización criminal en el sur del país, se ofrecían $ 82 millones. Hoy se ofrecen $ 500 millones”, ejemplificó el director de la Policía Nacional.
En ese mismo sentido, se indicó que muchos de los que aparecen en ese cartel pertenece a agrupaciones como el Eln, Clan del Golfo, Pelusos y otras bandas criminales que operan en varias zonas del país. En el cartel están alias “Gabino”, por quien se ofrece hasta $ 4.000 millones. Por “Pablo Beltrán”, el Gobierno ofrece $ 2.100 millones y por “Mayimbú”, hasta $ 1.000 millones.
Aumento del pie de fuerza para proteger líderes sociales
El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, señaló que a través del Plan Orus III, que se refiere al control territorial en zonas donde hay registrados asesinatos o amenazas a líderes sociales, se ha llegado con mayor pie de fuerza, mayor capacidad de inteligencia, investigación judicial y presencia de la Policía Nacional. “Tenemos un batallón de 600 hombres y lo hemos fortalecido con 70 efectivos más”, comentó.
Por su parte, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, anunció que el Gobierno estará en Bojayá nuevamente el próximo 15 de enero, implementando un plan de acción oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales. “Con la Defensoría y la Procuraduría, analizaremos el cumplimiento de las alertas tempranas y buscaremos cómo sacar un sistema de seguimiento para entregar información permanente”, dijo la funcionaria.
En ese mismo sentido, el fiscal general encargado Fabio Espitia entregó cifras sobre el esclarecimiento de asesinatos de desmovilizados de las Farc y de líderes sociales. En el primer caso, dijo la cabeza del ente acusador, se ha logrado el esclarecimiento de 90 crímenes de 196. “Eso es mucho más alto que el promedio nacional en relación con otros delitos dolosos. Es un 45,1 %”, explicó. En cuanto a los homicidios contra líderes y lideresas sociales, indicó que de 365 víctimas reportadas por la ONU entre 2016 y 2019, se ha logrado esclarecer el 52,32 % de los casos.
En general, durante la reunión se presentaron cuatro políticas fundamentales que son la política nacional de seguridad y defensa, la política de seguridad ciudadana, el plan de acción oportuna y el marco de protección y garantías de prevención de afectaciones a líderes sociales. “(Todos) articulan el objetivo de la comisión, que es desmantelar grupos armados”, especificó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz. En la reunión de este miércoles participó como invitado el líder de Bojayá, Leyner Palacios, quien ha denunciado la presencia de grupos armados en los territorios de su municipio.
Vea el cartel de los más buscados
Por -Redacción Política
