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Este jueves, 6 de julio, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría de Pueblo, Consejo Nacional Electoral (CNE), Registraduría Nacional, Misión de Observación Electoral (MOE) y delegados de los diferentes partidos y movimientos políticos y organismos de verificación, se reunieron en Medellín, en para una sesión plenaria de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.
Es la primera vez que la reunión se hace fuera de Bogotá, algo que el gobierno pretende que siga sucediendo en otras regiones del país, priorizando las que presenten mayor riesgo electoral o de orden público. “Vamos a llegar hasta el último sitio, es obligación del Gobierno nacional brindar seguridad para que los colombianos puedan tener unas elecciones tranquilas en paz en octubre”, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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“Al finalizar las inscripciones de candidatos, este 29 de julio, se activará el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), que tiene como objetivo atender y otorgar las medidas de protección a los candidatos”, afirmó Velasco. “El Plan Democracia está andando, ya hay una concertación entre la Policía, entre el Ejército, entre la Armada, entre la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que absolutamente todos los puestos de votación de Colombia, que superan los 120000, tengan seguridad y estén cubiertos”, resaltó.
Sobre las denuncias de dineros ilegales a algunas campañas, el ministro anunció una estrategia de inteligencia desde el Ministerio de Defensa, la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero), y otros ministerios, “para detectar en qué lugares, en qué municipios hay unos movimientos irregulares de dinero; tenemos cómo identificarlo, e ir a ver quién está moviendo ese dinero”.
El pasado 9 de junio, el Ministerio del Interior llevó a cabo una reunión con los partidos y movimientos políticos, donde la Policía Nacional socializó el proceso para la seguridad de las sedes políticas de los partidos y las sedes de campaña. Adicionalmente, con la aprobación de la ley 2898, proyecto que se discutió en las sesiones extraordinarias de la legislatura pasada, queda solventado el limbo jurídico sobre el número de curules para las asambleas departamentales. El número no cambiará en comparación con las elecciones regionales de 2019.
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