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Un nuevo escándalo salpica al registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. Después de la polémica que desató la aprobación del proyecto de reforma al Código Electoral y de las críticas a su gestión durante las elecciones legislativas de 2022, el funcionario terminó enredado en la maraña de Odebrecht en Colombia.
Como un fantasma del pasado, a Vega le aparecieron varios audios que lo vinculan, durante su etapa como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un presunto acuerdo para frenar las investigaciones de ese organismo por la presunta financiación ilegal de las campañas presidenciales de 2014, las de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
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El excandidato del Centro Democrático es el más comprometido en el caso —la Fiscalía le imputará cargos el próximo 10 de julio— y quien menciona directamente a Alexander Vega. En las grabaciones se escucha a Zuluaga hablar sobre una reunión con el entonces magistrado, quien al parecer le habría dicho que lo mejor era dejar el tema “en tablas”, para así evitar “una crisis institucional para el país ni la berraca”. Según Zuluaga, Vega le habría dicho que estaba hablando con el fiscal Néstor Humberto Martínez para que no insistiera con el tema.
El registrador aseguró que los señalamientos son falsos, que no existió ningún pacto y que no fue magistrado ponente de ninguna de las investigaciones, ambas archivadas. A pesar de su respuesta, este caso lo vuelve a poner bajo el escrutinio de la opinión pública y reaviva las otras controversias que lo han acompañado durante toda su trepidante carrera.
Las primeras polémicas del registrador
Nacido en Guaviare y criado en Chía (Cundinamarca), Alexander Vega es abogado y especialista en régimen electoral. Inició su carrera como personero de ese municipio, un cargo al que llegó sin experiencia, a los 24 años, y en el que estuvo entre 2004 y 2008. Aunque tuvo un paso corto por el litigio penal, en la oficina del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, enfocó su carrera en los temas electorales.
Durante seis meses coordinó esa área en la alcaldía de Samuel Moreno y luego, en 2010, se consolidó como abogado de políticos del Partido de La U, colectividad que lo postuló como candidato al CNE en 2014. Antes de continuar con este punto, es de resaltar que el registrador es hijo de Campo Elías Vega Goyeneche, condenado por compra de votos en 2013, y sobrino de Heraclio Vega, exgobernador de Vaupés condenado por peculado.
Las polémicas de Vega aparecieron con su aspiración al CNE. Aunque contaba con el respaldo de varios congresistas de La U —entre ellos Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile, esto según el senador Ariel Ávila— en un principio su candidatura fue rechazada por el veedor del partido, quien encontró que Vega no cumplía con los 10 años de experiencia reglamentarios y tenía una sanción disciplinaria por ampliar la planta de la Personería de Chía sin estudios técnicos. Al final, presentó algunas certificaciones laborales, logró que el entonces procurador Alejandro Ordóñez revocara el fallo y fue elegido magistrado.
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No pasó mucho tiempo y Vega volvió a enfrentar problemas. Al Consejo de Estado llegó una demanda que pedía anular su elección, argumentando que no cumplía los requisitos constitucionales para ocupar el cargo y que, además, había sido denunciado en 2010 por el congresista uribista Andrés Guerra Hoyos, quien lo acusó de pedirle $1.200 millones para ayudarle a pelar una curul ante el CNE.
El caso nunca avanzó, Vega negó los hechos y, al final, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez archivó la investigación. Como magistrado, participó en importantes debates como el de la reglamentación de la campaña del plebiscito y, por supuesto, el caso Odebrecht, que también lo puso contra las cuerdas porque durante las investigaciones se conoció que había tenido varias llamadas con Otto Bula.
Antes de salir del CNE preparó su carrera hacia la Registraduría, en la que compitió contra Carlos Camargo, su entonces compañero y hoy defensor del Pueblo, quien terminó fuera de la contienda por las denuncias que lo señalaban de utilizar la contratación de la Federación Nacional de Departamentos para favorecer su aspiración.
Además de esa salida, Vega se vio beneficiado por el cambio de reglas en el concurso de méritos para ser registrador, que en esa oportunidad le dio más relevancia a las pruebas de conocimiento que a la experiencia, lo que terminó ayudándole a quedar en los primeros puestos; a pesar de su mala calificación en hoja de vida (40 puntos de 200 posibles).
En la entrevista también le fue bien, pues se destacó con sus propuestas para modernizar los procesos de la entidad. Como dato curioso, entre los tres presidentes de las cortes que lo eligieron registrador nacional estaba la magistrada Bermúdez, ponente del fallo que lo mantuvo en el CNE.
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Crisis de confianza
Durante los casi cuatro años de su administración en la Registraduría, Alexander Vega no se ha escapado de los problemas. Tras asumir el cargo, la denuncia del senador Guerra reapareció, al igual que las dudas sobre su hoja de vida, esta vez porque presentó certificaciones laborales de empresas familiares que no tenían movimientos contables ni trabajadores registrados, según la representante Catherine Juvinao.
Sin embargo, el mayor escándalo que enfrentó estuvo relacionado con las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 13 de marzo de 2022. Primero fue la polémica por el censo electoral, ya que aseguró que en el país había 55 millones de personas y no 50, como dice el Dane. Esto levantó ampolla entre los partidos, que calificaron la afirmación como riesgosa para la transparencia de los comicios.
Luego aparecieron los cuestionamientos a los contratos de la administración de la logística y las herramientas tecnológicas de las elecciones. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Karisma y otras veedurías llamaron la atención sobre las condiciones de la licitación, que beneficiaba a unas pocas empresas que llevan varios años contratando con la Registraduría. En esa ocasión, la ganadora del contrato para el manejo de los software de inscripciones y escrutinio fue la multinacional Thomas Greg & Sons.
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La gota que derramó el vaso fue la de los problemas para el conteo de los votos ese 13 de marzo. A las pocas horas del cierre de las urnas y de la publicación de los formularios E-14, partidos y candidatos empezaron a denunciar posibles irregularidades, debido a que en muchas mesas no les aparecía ningún voto.
Ante la falta de un mensaje claro del registrador, petrismo y uribismo empezaron a difundir el discurso del fraude, los primeros argumentando que era imposible no tener ningún voto en el 25 % de las mesas y los segundos porque empezaban a perder curules a medida que avanzaban los escrutinios.
La diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de un millón de votos, una cifra inédita y muy elevada en comparación con la de las elecciones anteriores. Por solo dar un ejemplo, en las legislativas de 2018 el partido Colombia Justa Libres recuperó 35.000 votos en los escrutinios, dato difícil de comparar con el de 2022.
Políticos y analistas responsabilizaron del problema al registrador Vega, en primer lugar por el mal diseño de los E-14, que dejaban en páginas diferentes los resultados del Pacto Histórico. También advirtieron una mala capacitación de los jurados y fallas en la plataforma Infovotantes.
El registrador respondió que la última palabra era la del escrutinio, por lo que no había lugar a las versiones de fraude; sin embargo, muchos señalaron que esa postura invalidaba los primeros boletines y hacía pensar que el Estado no está preparado para entregar resultados confiables en un plazo corto.
El rifirrafe derivó en los reclamos de varios sectores de realizar un reconteo, lo que generó más gritos de fraude desde los partidos. El registrador contribuyó al caos, primero dijo que no era necesario, luego anunció que lo solicitaría ante el CNE y al final volvió a desistir cuando solo encontró respaldo en los partidos Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Centro Democrático.
Para algunos congresistas, la cadena de errores no solo puso en la cuerda floja la legitimidad de la organización electoral, sino también del propio Congreso, que hasta último minuto estuvo en vilo por su conformación. El escándalo le valió al registrador un debate de control político en el Senado, al que terminó enviando un delegado, lo que causó mayor inconformismo en el Congreso. De hecho, el entonces presidente de la corporación, Juan Diego Gómez, solicitó designar un registrador ad hoc para las presidenciales, argumentando que Vega no generaba confianza. Con las fallas de esas elecciones el registrador logró poner de acuerdo, en su contra, a los partidos tradicionales y a los de oposición.
El registrador Vega también se despide con otro lío, el de la reforma al Código Electoral, proyecto que abanderó y que en un principio fue tumbado por la Corte Constitucional, que encontró varios vicios en el trámite. Con el cambio de gobierno el funcionario volvió a sumar el apoyo de los partidos y radicó nuevamente la iniciativa.
En el epílogo de la primera legislatura, el Congreso aprobó el proyecto por mayorías, pero con los cuestionamientos de algunos congresistas que consideran el nuevo código como una herramienta que aumenta la burocracia en la Registraduría y genera opacidad sobre la contratación de la entidad.
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