El reclamo de las wayuus a la Ley Aluna

Aluna es una palabra kogui que se refiere al mundo espiritual, pero también así se llama la hija de la representante Pizarro.

Foto: Nelson Sierra

“No sin nosotras”. Es el reclamo —y a la vez la crítica— que las mujeres hacen a espacios masculinos y masculinizados. Con la presión y la acción en cadena de muchas, han logrado que paneles académicos se diversifiquen; que hombres como el exdefensor Carlos Negret renuncien a su aspiración de llegar a la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo una lista solo de mujeres para garantizar un liderazgo femenino; que se creen movimientos políticos como Estamos Listas, reconociendo la desventaja y desigualdad de las mujeres en espacios públicos.

Por la diversidad del feminismo y, quizá, por los afanes de las luchas individuales loables con propósitos que tocan a todas, hay mujeres que terminan quedando por fuera, como las lesbianas en el movimiento feminista en Estados Unidos a finales de los años 60 y como han quedado por fuera otras que, además de su condición de mujer, las atraviesan realidades como raza, etnia, clase social, orientación sexual e identidad de género.

Hoy en el país, el lema “no sin mujeres” se interpreta desde la mirada wayuu: “No sin nuestras tradiciones matrilineales”. Y más que un lema es una campaña que busca como efecto que el presidente Iván Duque objete la Ley Aluna, recién aprobada por el Congreso, con la que se brindan herramientas de equidad de género para la asignación de apellidos a los hijos e hijas y, por supuesto, pensada especialmente para las madres solteras y las barreras que tienen para darles sus apellidos a sus bebés.

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La ley, atendiendo una orden de la Corte Constitucional —que declaró inexequible el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, que establece que primero irá el apellido del padre seguido al de la madre al registrar a un recién nacido—, estipula que las parejas, tras común acuerdo, podrán determinar el orden de los apellidos y, en caso de que no haya consenso, se decidirá por sorteo. “¿Someter a sorteo la matrilinealidad? No. Esta no es una ley para los wayuus”, dice la abogada Estercilia Simanca Pushaina, vocera de las mujeres wayuus, que le pidieron a Duque objetar la nueva norma, para que regrese al Congreso y se le incluya un parágrafo.

“Se exceptúa del sorteo en el orden de los apellidos a los pueblos indígenas cuyo sistema de filiación o parentesco esté regido por el matrilinaje”, es ese párrafo que exigen que esté presente en la ley. Si no logran tener esta distinción, consideran que la norma terminará siendo inconveniente e inconstitucional. En el ámbito administrativo ya existen dos disposiciones que reconocen las tradiciones de matrilinaje. La Instrucción Administrativo n.° 3 de 1995 de la Superintendencia de Notariado y Registro, que permite preservar como primer apellido el de la madre y, si la tradición lo permite, seguido el del padre; y la Circular 276 de 2014 de la Registraduría, con la que se reconoce que las autoridades tradicionales puedan certificar nacimientos. Esto con base en una búsqueda y una lucha de la comunidad por recuperar los apellidos de sus clanes maternos y su verdadera fecha de nacimiento.

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Y la consideran inconstitucional porque, explican, va en contravía del artículo 7 de la Constitución: “‘El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación’. La falta de un parágrafo especial no reconoce la diversidad étnica y cultural”. Esta demanda legítima tiene matices, más allá de la petición de objeción. El proyecto fue presentado por María José Pizarro, representante por el MAIS, partido indígena que es presidido por Martha Peralta Epieyú, una mujer wayuu.

Pizarro, la representante alijuna (palabra wayuunaiki para referirse a los “no indígenas”), reconoce el reclamo de las wayuus, lamenta no haberse enterado antes, pero la sorprende que este haya llegado una vez aprobado y conciliado el proyecto, cuando desde el Congreso ya no se podía remediar el vacío, como lo establece la Ley Quinta. Por eso, las posibilidades y esperanzas de las wayuus recaen en el primer mandatario. “Fueron dos años de trámite en comisiones primeras y plenarias de Senado y Cámara. La iniciativa fue muy difundida en los medios de comunicación. Nos reunimos con ellas, una vez conocida su carta, y le planteamos dos compromisos”, dijo Pizarro.

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El primero es en tanto al acompañamiento sobre cómo va a entrar a regir la ley. “La Registraduría tiene un plazo de seis meses para reglamentar cómo será el sorteo cuando no haya acuerdo y nos comprometimos a que, una vez sancionada, nos reuniremos con la entidad para que el pueblo wayuu quede excluido de este”, contó la congresista. El segundo elemento es el de presentar y tramitar un proyecto de ley exclusivo que salvaguarde esta tradición.

“La discusión no es por habernos enterado de la ley una vez aprobada. Eso es hilar muy delgado. Uno como ciudadano no se percata de la cantidad de proyectos que hay en el Congreso. No niego que haya habido publicidad, pero ¿está siendo efectiva? ¿está llegando a los afectados? Me pregunto también dónde estaba el MAIS durante los dos años del trámite. ¿Estaban enterados? Los movimientos indígenas políticos a veces solo están para dar aval”, cuestionó a su vez Estercilia Simanca.

El Espectador trató de contactarse con la presidenta del MAIS, Martha Peralta, pero no fue posible. Por su lado, Pizarro insistió en que, además del cubrimiento en medios, ella hace rendición de cuentas cada seis meses ante el partido y que el proyecto fue un tema en la Convención Nacional, antes de que fuera discutido en último debate. “Sería muy inconveniente que el presidente objete la ley porque, al regresar al Congreso, los que no estaban de acuerdo con esta, pueden intentar de nuevo hundirla y sería un retroceso muy grande. Si eso pasa, ninguna mujer podría poner de primero sus apellidos al hijo, incluidas ellas”.

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En esto último concuerda Simanca, pues se perdería mucho si el proyecto se objeta y se hunde; sin embargo, insiste en que como está las que pierden son las wayuus y que por más que existan los actos administrativos mencionados, “la Ley Aluna es de superioridad normativa y, si no está incluida la excepción en la norma, se puede retroceder en lo ganado para nosotros como comunidad indígena”. La abogada lo dice con conocimiento de causa, pues ahora lidera un proceso que pasó por encima de la instrucción y la circular, en el que un padre de un niño wayuu, tras cuatro años de estar registrado como hijo de madre soltera, con los apellidos del clan de esta, lo reconoció de forma voluntaria y le pidió al registrador de Uribia que su apellido estuviera de primero, conforme al Decreto 1260. Esto ocurrió sin consultar previamente a la madre y la tradición de matrilinaje wayuu.

“Nuestra tradición no puede quedar en el limbo. Si esto está ocurriendo ahora, ¿qué pasaría cuando quede en regla el sorteo?”, apeló Simanca. Por eso, desde ya, anunció que si el presidente sanciona la ley, sin contemplar las peticiones de su comunidad, instaurará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para exigir lo que es propio. “No sin las mujeres”, se lee como tendencia en Twitter. “No sin las mujeres indígenas, afros, campesinas, trans, con discapacidad” es el llamado de las históricamente marginalizadas por hombres y mujeres blancas, urbanas, de clases media-altas.

“¿Para qué están los congresistas de las circunscripciones especiales? ¿Los congresistas electos por un movimiento indígena? Todos deberían contar en sus UTL indígenas, afros y mujeres, para que esto no vuelva a suceder. Si legislan para toda Colombia, deben recordar que nosotros también hacemos parte del marco legal”, concluyó Simanca. Su trabajo, dijo, no será solamente para que se suma el parágrafo, sino para que se le cambie el nombre a la ley. “Aluna es una palabra kogui que significa algo muy espiritual. Poniéndole una palabra indígena no se va a compensar el vacío que tiene esta. Eso no es legislar para los indígenas. Eso es exotizar la cultura. Además, la hija de Pizarro se llama así. Yo no me acuerdo de un congresista que haya nombrado una ley con el nombre de sus hijos. Por eso solicitaré que la ley lleve el nombre del niño wayuu que estoy representando”.