El séptimo mandato de la consulta anticorrupción, en busca de la renovación política
Justo el mismo día en que el Senado de la República le dio el aval a la Consulta Anticorrupción, la corporación homenajeó al político conservador Roberto Gerlein, que por medio siglo —desde 1968— ocupó una curul en el Legislativo. Una ironía, teniendo en cuenta que el último punto del mecanismo de participación ciudadana busca la renovación en el poder.
Paulina Tejada @PauliTejadaT
La séptima pregunta que este domingo responden los colombianos que acuden a las urnas propone limitar el tiempo de permanencia de los servidores públicos elegidos popularmente, es decir, los de las juntas administradoras locales (JAC), los concejos municipales, las asambleas departamentales y las dos cámaras del Congreso de la República. Una medida que, si bien no ataca directamente una práctica corrupta, como sí lo hacen otros mandatos planteados en el tarjetón, apunta a darle frescura y modernización a la política colombiana.
En detalle, el punto siete plantea que tanto ediles, concejales y diputados, como representantes y senadores, tengan un tope de dos reelecciones en cada una de las corporaciones a las que pertenecen, arrebatándoles los tornillos que han permitido que permanezcan ejerciendo el mismo cargo por años en ellas. Serían, entonces, tres períodos de cuatro años los permitidos en cada entidad. Para Claudia López, una de las principales promotoras de la iniciativa, “12 años son más que suficientes para que una persona aprenda y se destaque en una corporación. Luego puede pasar a la otra, después a otra e ir haciendo trayectoria, a la vez que les abre espacio a nuevos liderazgos”.
Opositores a la consulta aseguran que poner en marcha este mandato estaría en contra de lo estipulado por la Constitución, pues en los artículos 132, 299, 312 y 318 se reglamentan los períodos de servicio público en las corporaciones —Congreso, asambleas, concejos y JAC, respectivamente—. Sin embargo, ninguno de ellos establece límites a su reelección, por lo que los integrantes de los cuerpos colegiados han podido seguir en ellos indefinidamente. Pero a la vez, explica la exsenadora López, que esto no esté incorporado en la Carta Política significa también que hacerlo no implicaría ningún cambio constitucional.
No es la primera vez que se piensa una iniciativa de esta naturaleza. De hecho, varias veces han pasado por el Congreso proyectos que buscan establecer una limitación a la permanencia de los servidores públicos. En los años 1998 y 2000 se dieron las primeras luces sobre el tema, sin éxito alguno. En 2007, el hoy senador Roy Barreras radicó, y luego retiró, un proyecto que pretendía adicionar el siguiente texto al artículo 132 de la Constitución: “Los senadores y representantes a la Cámara no podrán ser reelegidos por más de cuatro períodos consecutivos en cada una de las cámaras”. El más reciente impulso se dio en 2016, cuando el partido Centro Democrático presentó el acto legislativo 235 de 2007, que proponía limitar la reelección a una sola para los miembros de los cuerpos colegiados. Fue archivado una vez y radicado nuevamente, pero hasta ahora sigue pendiente de su primer debate en la Cámara de Representantes.
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Como sucede con la mayor parte de los puntos propuestos en la consulta anticorrupción, de no ser por este mecanismo, que es obligatorio e imperativo, la creación de dicha medida estaría probablemente condenada a quedarse archivada en el Legislativo. “Esta vez es la ciudadanía la que va a imponerle los cambios a la política y el Congreso sólo deberá reglamentarlos. La renovación trae controles y bríos necesarios”, asegura Angélica Lozano, senadora e impulsora también de esta iniciativa.
De tener la aprobación de la mayoría de los votantes, que deben ser más de 12’140.342 para que la consulta tenga validez, la limitación de períodos comenzaría a aplicar, probablemente, a partir del 2022, cuando lleguen los nuevos legisladores al Capitolio. “Aproximadamente en noviembre de este año llevaremos los textos para que el Congreso los apruebe. Esperamos que para finales de 2019 estén convertidas en leyes”, explica López.
No falta quien asegure que, por la distancia y oposición a los sectores de derecha que ha mantenido López, este mandato busca afectar a senadores puntales, como Álvaro Uribe Vélez. No obstante, la excongresista reitera que es una medida que aplica para todos los partidos políticos, sin distinción. “Queremos que no haya caudillos ni mesías politiqueros en ningún lado, sino que se estimule un relevo en la política colombiana que permitiría una representación y participación ciudadana más fuerte”, señala la excandidata vicepresidencial.
Nuevas generaciones, rostros e ideas frescas y evitar condecoraciones por mantenerse en la misma silla por 50 años, como la que se le hizo en junio al senador Gerlein, es lo que, en definitiva, busca el último de los siete puntos de esta consulta popular. “Y en todos los concejos y asambleas hay un Gerlein. La política no es para acomodarse”, concluye Lozano.
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La séptima pregunta que este domingo responden los colombianos que acuden a las urnas propone limitar el tiempo de permanencia de los servidores públicos elegidos popularmente, es decir, los de las juntas administradoras locales (JAC), los concejos municipales, las asambleas departamentales y las dos cámaras del Congreso de la República. Una medida que, si bien no ataca directamente una práctica corrupta, como sí lo hacen otros mandatos planteados en el tarjetón, apunta a darle frescura y modernización a la política colombiana.
En detalle, el punto siete plantea que tanto ediles, concejales y diputados, como representantes y senadores, tengan un tope de dos reelecciones en cada una de las corporaciones a las que pertenecen, arrebatándoles los tornillos que han permitido que permanezcan ejerciendo el mismo cargo por años en ellas. Serían, entonces, tres períodos de cuatro años los permitidos en cada entidad. Para Claudia López, una de las principales promotoras de la iniciativa, “12 años son más que suficientes para que una persona aprenda y se destaque en una corporación. Luego puede pasar a la otra, después a otra e ir haciendo trayectoria, a la vez que les abre espacio a nuevos liderazgos”.
Opositores a la consulta aseguran que poner en marcha este mandato estaría en contra de lo estipulado por la Constitución, pues en los artículos 132, 299, 312 y 318 se reglamentan los períodos de servicio público en las corporaciones —Congreso, asambleas, concejos y JAC, respectivamente—. Sin embargo, ninguno de ellos establece límites a su reelección, por lo que los integrantes de los cuerpos colegiados han podido seguir en ellos indefinidamente. Pero a la vez, explica la exsenadora López, que esto no esté incorporado en la Carta Política significa también que hacerlo no implicaría ningún cambio constitucional.
No es la primera vez que se piensa una iniciativa de esta naturaleza. De hecho, varias veces han pasado por el Congreso proyectos que buscan establecer una limitación a la permanencia de los servidores públicos. En los años 1998 y 2000 se dieron las primeras luces sobre el tema, sin éxito alguno. En 2007, el hoy senador Roy Barreras radicó, y luego retiró, un proyecto que pretendía adicionar el siguiente texto al artículo 132 de la Constitución: “Los senadores y representantes a la Cámara no podrán ser reelegidos por más de cuatro períodos consecutivos en cada una de las cámaras”. El más reciente impulso se dio en 2016, cuando el partido Centro Democrático presentó el acto legislativo 235 de 2007, que proponía limitar la reelección a una sola para los miembros de los cuerpos colegiados. Fue archivado una vez y radicado nuevamente, pero hasta ahora sigue pendiente de su primer debate en la Cámara de Representantes.
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Como sucede con la mayor parte de los puntos propuestos en la consulta anticorrupción, de no ser por este mecanismo, que es obligatorio e imperativo, la creación de dicha medida estaría probablemente condenada a quedarse archivada en el Legislativo. “Esta vez es la ciudadanía la que va a imponerle los cambios a la política y el Congreso sólo deberá reglamentarlos. La renovación trae controles y bríos necesarios”, asegura Angélica Lozano, senadora e impulsora también de esta iniciativa.
De tener la aprobación de la mayoría de los votantes, que deben ser más de 12’140.342 para que la consulta tenga validez, la limitación de períodos comenzaría a aplicar, probablemente, a partir del 2022, cuando lleguen los nuevos legisladores al Capitolio. “Aproximadamente en noviembre de este año llevaremos los textos para que el Congreso los apruebe. Esperamos que para finales de 2019 estén convertidas en leyes”, explica López.
No falta quien asegure que, por la distancia y oposición a los sectores de derecha que ha mantenido López, este mandato busca afectar a senadores puntales, como Álvaro Uribe Vélez. No obstante, la excongresista reitera que es una medida que aplica para todos los partidos políticos, sin distinción. “Queremos que no haya caudillos ni mesías politiqueros en ningún lado, sino que se estimule un relevo en la política colombiana que permitiría una representación y participación ciudadana más fuerte”, señala la excandidata vicepresidencial.
Nuevas generaciones, rostros e ideas frescas y evitar condecoraciones por mantenerse en la misma silla por 50 años, como la que se le hizo en junio al senador Gerlein, es lo que, en definitiva, busca el último de los siete puntos de esta consulta popular. “Y en todos los concejos y asambleas hay un Gerlein. La política no es para acomodarse”, concluye Lozano.
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