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“Yo soy una de las víctimas de Hollman Morris, lo denuncié en el Concejo de Bogotá. Nada salió en su momento a la luz pública”, así se le presentó Carolina Valencia a Mónica Godoy, una defensora de derechos humanos que hace acompañamiento a víctimas de violencia de género, en un mensaje en la red social Twitter. Esta no era la primera vez que Godoy recibía un mensaje con relación al exconcejal y hoy candidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana. Es más, ya había escuchado del caso de Valencia, que había hecho una solicitud ante el Comité de Convivencia de la corporación distrital para que la trasladaran de puesto de trabajo, pero no la conocía.
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Ese primer contacto ocurrió el 26 de agosto de este año. Es una fecha importante, porque ese mismo día, en primera instancia, la justicia falló a favor de Sara Tufano, luego de que Morris interpusiera una acción de tutela contra ella para proteger su buen nombre por haberse referido a él como “abusador”, al conocer varios casos de posible acoso cometidos por él. Hoy, cuatro años después, y en plena campaña al Senado de Morris, por el Movimiento Fuerza Ciudadana, Carolina Valencia decidió denunciar el supuesto acoso laboral y las violencias psicológicas que vivió mientras formó parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del entonces concejal Morris como su secretaria, en 2016.
Sus funciones eran llevar la agenda, controlar el trámite de la correspondencia, velar por la conservación de los documentos de la UAN, socializar la información institucional con el equipo, hacer control sobre el uso racional de los elementos asignados, dar seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y “las demás tareas asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del empleo, el perfil profesional y el área de desempeño”, dicta la Resolución 0514 de 2015 con la que se actualizó, en ese entonces, el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta personal del Concejo de Bogotá.
“Fue en el último punto del listado de funciones (el de las tareas asignadas por el jefe inmediato) en donde a Morris se le fue la mano”, comentó Valencia. Sin embargo, esto no se evidenció de manera inmediata cuando llegó al cargo, sino después de unos meses, cuando la amabilidad se convirtió, según ella, en autoritarismo y cuando el exceso de trabajo le empezó a pasar factura, más aún porque padecía de fibromialgia, enfermedad crónica que causa dolores en todo el cuerpo, fatiga y, en algunas ocasiones, pérdida de la memoria.
Todas estas afectaciones las empezó a sentir Valencia con el paso de los meses desde que llegó a trabajar en la UAN de Morris y, debido a la pérdida de la memoria que padeció, no recuerda días y momentos exactos en los que se sintió violentada por cuenta del exconcejal. Lo que sí no olvida son esas funciones que le impuso Morris y que después entendió que no eran normales dentro de su cargo, de cómo se sintió burlada, ninguneada y maltratada.
“Durante el tiempo que trabajé con él pude observar que no diferencia entre la vida personal y laboral. Por el grueso del trabajo de los concejales, en algunos momentos amerita que los trámites personales sean realizados por los colaboradores, pero una cosa es hacer pagos en los bancos, citar a personas a reuniones, comprar algo de último momento y otra es leer correos sobre el colegio de los hijos, responderlos y hacer trámites en ese sentido que les corresponden a los padres, o ser la intermediaria entre él y su exesposa durante su separación. Para mí era incómodo, agobiante y desgastante emocionalmente, porque los problemas que ellos tenían eran fuertes”, narra Valencia sobre algunas de las funciones que tuvo que desempeñar, por orden de Morris, como su secretaria.
Otras situaciones que Valencia recuerda que no concordaban con sus tareas fueron las compras de productos de aseo como desodorante y crema de dientes, acompañar a la madre de Morris a eventos políticos, mover cajas con papeles de publicidad de la oficina a la camioneta y las veces en las que tuvo que inculparse por las faltas del entonces concejal. “En contadas ocasiones me vi obligada a mentir por su reputación, mentir en las excusas de las sesiones a las que no asistía, mentir ante su exesposa, mentir al pagar alguna de sus cuentas, mentir a la gente que tenía citas con él. Y, lo más grave, culparme por sus errores y olvidos para que él quedara bien. No era una elección. Era parte de mis funciones, según él”.
A eso se suman las largas jornadas de trabajo y el estrés que en el medio político se aceptan sin reparos, pero que en el caso de Valencia la estaban afectando gravemente. “El 9 de marzo de 2016 tuve una parálisis y fui trasladada en ambulancia al hospital San Ignacio. Me dijeron que era por falta de electrolitos, pero yo creo que era agotamiento. Por ese entonces, consulté a mi médico bioenergético, quien me alertó del alto grado de estrés, que no era conveniente para mi condición de salud. Le envió unas recomendaciones al concejal sobre horarios de salida, hora de descanso y terapias. En ese momento Hollman las aceptó en buenos términos, con el compromiso de no descuidar mis labores. Pero poco a poco ese buen ánimo de él cambió y comenzó a ponerme problema por mi trabajo y a manifestar su descontento”.
De acuerdo con su testimonio, durante 2018, Valencia trató en algunas ocasiones de interpelar a Morris, pero su voz no fue tenida en cuenta. “Me decía que no viniera con excusas ni con lágrimas (…) Yo no podía ir a los recorridos políticos, por mi salud, y empezó a quitarme mis funciones y a humillarme, diciéndome que no era capaz de hacer algo bien, que me fallaba la memoria, que no sabía redactar, que el volumen de mi trabajo no era tan alto para que no alcanzara a hacer todo lo que él me ordenaba”.
Valencia, de 47 años, es comunicadora no graduada, pero con experiencia en el sector cultural. Su edad y el detalle de su grado se mencionan porque son elementos con los que Morris, según ella, habría ejercido violencia psicológica en su contra. “Muchas veces Hollman y algunos de sus colaboradores más cercanos hicieron de esto motivo de burla y, por supuesto, la humillación de Hollman iba en algunos momentos a que no me gradué (…) Nunca fui tratada como una mujer adulta en la oficina. En una ocasión, al preguntarle por qué me trataba de esa manera, me dijo que para él yo no era una mujer, porque ya era muy grande para reclamar buen trato y que por eso merecía el trato de los demás chicos, ‘perros’ como él les decía. Todas estas acciones eran para hacerme renunciar”.
El punto de inflexión para Carolina Valencia fue un accidente que tuvo mientras cumplía un pedido de Morris. “El 3 de noviembre de 2018 no había sesión en el Concejo, pero nos citó en la oficina. Lo acompañé a hacer diligencias personales en Bancolombia y luego me envió sola al Banco Itaú. Como era sábado, tuve que buscar una oficina que estuviera abierta. En el Centro Andino, como la fila de espera estaba larga y yo no había almorzado, quise bajar a buscar algo mientras llegaba mi turno y, bajando las escaleras, me resbalé y caí”.
Valencia tuvo incapacidad por siete días. De ahí en adelante volvería a estarlo por varios dolores físicos. Para ese entonces, ella se animó a hablar y lo hizo, en principio, con el Sindicato de Servidores Públicos de Colombia (Sinpucol). Se afilió como forma para proteger su trabajo, pese a que sabía que su permanencia en el Concejo estaba delimitada al período constitucional de Morris, es decir, 31 de diciembre de 2019, y tuvo acompañamiento psicológico y médico. El 9 de agosto de 2019 decidió dar un paso más con ayuda de la presidenta de Sinpucol, Yamile Ximena Rozo, y puso en conocimiento su caso para que fuera trasladado al Comité de Convivencia de la corporación con la solicitud de reubicación laboral.
Rozo le confirmó a El Espectador la solicitud de apoyo y acompañamiento que hizo Valencia al sindicato y el traslado que hubo del caso al Comité de Convivencia del Concejo, el 9 de agosto de 2019. El 11 de septiembre de 2019, Valencia allegó al Comité el relato por el supuesto acoso y maltrato laboral, y el 25 del mismo mes fue citada para rendir testimonio. En ese momento se convino manejar la situación de forma confidencial y que, por pedido de Valencia, Morris presentara sus hechos sin su presencia.
La directora administrativa del Concejo, Nancy Adriana Sandoval, insistió mucho en llegar a una conciliación entre las partes, advirtiendo que, si no se lograba, el caso iba a parar a la Procuraduría, según el acta de reunión con Valencia, quien insistió en que su único deseo era ser trasladada a un ambiente de trabajo tranquilo, que le permitiera recuperar su salud. El 30 de septiembre, después de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá y en las que participó Morris como candidato, él rindió testimonio.
“Se le han tenido todas las consideraciones del caso, no hubo problema con los permisos y quiero llegar a una rápida conciliación”, dijo brevemente en ese momento Morris. Un funcionario del Comité le comentó el deseo de Valencia de ser reubicada, a lo que el exconcejal respondió: “Si lo solicita, perfecto, lo que mejor le convenga a ella y no siento en ningún momento que hubiera acoso laboral”.
A principios de noviembre de 2019, Morris puso a disposición el cargo de Valencia a la Mesa Directiva y el 19 de ese mes le confirmaron a ella que había sido trasladada a la Oficina Asesora de Planeación. Carolina Valencia, al igual que Hollman Morris, salieron del Concejo el 31 de diciembre de 2019, cuando terminó el período político. Para ella, la decisión del Comité le reconoció sus afectaciones durante su ejercicio como secretaria ejecutiva del exconcejal. “Quedé conforme con la decisión. Una de las condiciones que expuse fue que todo se manejara con confidencialidad, pues temía la reacción de él, si salía a la luz pública. Me quedó faltando la sanción pública y es algo que ya no temo”.
Su caso no llegó a la Procuraduría debido a que se entendió como conciliación la aprobación de ambas partes de trasladar de cargo a Valencia. Es más, el asunto fue oficialmente cerrado el 2 de noviembre de 2021. “Analizado el citado expediente, se puede evidenciar que, conforme a lo solicitado por la quejosa, así como a las consideraciones hechas por parte del entonces concejal y en aras de contribuir al bienestar de la quejosa y procurar el mejoramiento de las condiciones laborales, la Dirección Administrativa procedió a la reubicación de la quejosa en la oficina Asesora de Planeación. Ahora bien, como quiera que a 31 de diciembre de 2019 terminó el período constitucional del citado concejal y fue terminada por esta misma causa la vinculación de la quejosa, no fue posible hacer seguimiento al citado caso”, expresó en un documento la Dirección Administración del Concejo de Bogotá y se comprometió en hacer capacitaciones sobre la Ley 1010 de 2006, para “prevenir futuras situaciones de acoso laboral que pudieran presentarse”.
Esta no es la primera vez que Morris ha sido señalado por violencia de género. Cuando emprendió su campaña para la Alcaldía de Bogotá fue denunciado en la Fiscalía por su exesposa Patricia Casas por violencia intrafamiliar. Hasta ahora el caso sigue abierto, pero Morris no ha sido imputado y la pesquisa tampoco se ha archivado. La otra denuncia que tuvo eco en la opinión pública fue la de la periodista María Antonia García, quien lo señaló de acto sexual violento. Esta sí fue archivada por el ente acusador, el pasado 4 de junio, al resaltar que los hechos ocurridos se presentaron en España, por lo que no tienen competencias para investigar.
Lea más: Fiscalía archivó investigación contra Hollman Morris por violencia sexual.
Consultado por este diario, Morris aseguró que el caso de Valencia “se trató de una queja en 2019 (...) que fue dirimida (...), el Comité de Convivencia archivó el caso, al ver que existió un acuerdo conciliatorio entre las partes, al quedar claro que no se configuró ninguna de las modalidades de acoso laboral a las cuales se pudo ver expuesta la contraparte y al no encontrarse méritos para su traslado a entes de control”. De igual forma, señaló que “este tipo de quejas y otras estrategias se han vuelto comunes entre algunos funcionarios en el Concejo de Bogotá que buscan por este medio asegurar la permanencia en sus puestos de trabajo, al tratarse de cargos de libre nombramiento y remoción”.
Para él “todo hace parte de una estrategia de desprestigio que activan justo cuando me postulo a un cargo de elección. Es muy fácil acabar con el buen nombre de las personas en titulares sin llevar los casos ante la justicia y sin ofrecer las garantías de un debido proceso”, concluyó.
¿Qué dice la ley en contra del acoso laboral?
De acuerdo con la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral es “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar prejuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo”.
Las manifestaciones del acoso laboral son maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral, que se agravan cuando son repetitivas.
En casos de que el acoso laboral lo ejerza un funcionario, la ley prevé una sanción disciplinaria. En otras situaciones, se contempla la terminación del contrato sin justa causa, una multa entre dos y diez salarios mínimos y la obligación de pagar el 50 % de los “tratamientos de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas”. No obstante, cuando se determine que la queja de acoso carece de fundamento, se impondrá una sanción económica al quejoso.
