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La organización Transparencia por Colombia presentó el informe de la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, que recoge los datos relacionados con el manejo de los dineros de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. Según el reporte, en esas campañas se registraron ingresos por más de $351.000 millones y gastos cercanos a los $366.000 millones.
Teniendo en cuenta la información que los partidos reportaron al Consejo Nacional Electoral (CNE), la alianza identificó cinco patrones que caracterizaron la financiación de campañas durante el 2022 y que, en la mayoría de casos, generaron alertas para las elecciones regionales de 2023.
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El primer patrón señala que persiste la alta dependencia de recursos privados para la financiación de campañas. El informe señala que, si bien esta modalidad es legítima, contrasta con un financiamiento balanceado, que ayudaría a garantizar una contienda electoral más equitativa entre partidos y movimientos políticos.
El segundo punto se relaciona con el anterior, pues la alianza encontró un financiamiento público casi nulo en las campañas. Este problema estaría relacionado con las barreras para acceder a los anticipos estatales, como la exigencia de pólizas y apertura de una cuenta bancaria única de campaña.
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Otro de los hallazgos advierte que se mantienen las barreras para el acceso de las mujeres a los recursos de campaña, como quedó evidenciado en las pasadas elecciones, en las que las organizaciones políticas realizaron donaciones a 242 candidatos y apenas a 129 candidatas.
El cuarto patrón señala que hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas. Transparencia por Colombia asegura que no se está cumpliendo la Resolución 8586 de 2021, en la que el CNE hizo obligatorio el reporte de las operaciones contables una semana después de realizadas.
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Por último, la investigación habla de un gasto excesivo en propaganda electoral. Según los datos relacionados en el informe, la propaganda representó el 45 % del gasto de las campañas al Congreso (más de $123.000 millones), el 61,3% del gasto de la primera vuelta presidencial y el 65,1% de la segunda vuelta. A esto se suma que está creciendo el gasto en redes sociales, las cuales no permiten hacer un seguimiento adecuado a los dineros.
A partir de estos resultados, la organización realizó varias recomendaciones para las elecciones regionales del 29 de octubre. Teniendo en cuenta la aparición de nuevos partidos, Transparencia por Colombia pidió que “las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas”.
“Para las elecciones de 2023 resulta fundamental fortalecer los procesos de vigilancia a la financiación electoral, instamos al Consejo Nacional Electoral a continuar el fortalecimiento de Cuentas Claras, mejorar el acceso a la financiación pública e incorporar mecanismos de control a los aportes privados a las campañas”, aseguró el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández.
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