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El representante a la Cámara por el Putumayo Carlos Arcila (Liberal) presentó una acción de tutela en un intento por garantizar que en 21 días se realicen las elecciones atípicas en Puerto Guzmán. Para el próximo 9 de febrero están programados los comicios en los que se elegirá un nuevo alcalde. Sin embargo, están en entredicho porque no hay plata para que se hagan.
En la tutela, el congresista solicitó al Ministerio de Hacienda, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos del Putumayo. Esto, luego de que la Registraduría, dirigida por Hernán Penagos, indicara que se tendrían que aplazar porque la cartera de Diego Guevara no ha girado los recursos.
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“La falta de recursos no puede ser excusa para vulnerar el derecho al sufragio ni la estabilidad institucional del departamento”, afirmó Ardila. Y añadió: “El derecho al voto no solo abarca la posibilidad jurídica de ejercerlo, sino también la obligación del Estado de garantizar una organización electoral adecuada, eficiente y oportuna”.
En días pasados, la Registraduría le notificó al gobernador (e) de Putumayo, José Alfonso Granados, que las elecciones atípicas programas para el 9 de febrero en Puerto Guzmán tendrían que ser aplazadas por falta de presupuesto. De acuerdo con una carta enviada por el órgano a la Gobernación, esta “se encuentra en imposibilidad material” para los comicios en los que se elegiría al alcalde de Puerto Guzmán.
Sin embargo, la situación causó un choque entre el Ejecutivo y la entidad de Penagos. El secretario de Transparencia de Petro, Andrés Idárraga, aseguró en una rueda de prensa:“¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”.
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En medio de ese cruce de declaraciones, Ardila y el otro representante de ese departamento, Andrés Cancimance (Pacto Histórico), han insistido en que se debe garantizar la realización de las elecciones atípicas en Puerto Guzmán. Según este último, el eventual aplazamiento de los comicios sería un “golpe directo contra la democracia y una afrenta a las instituciones”.
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