¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Desde pequeña he buscado transformar las situaciones injustas que me rodean como colombiana, trabajando desde que he podido por la defensa de los derechos de los animales y la naturaleza, siempre entendiendo que como humanos somos una especie que se debe responsabilizar de su forma de vida y desarrollo.
Desde el activismo apoyé la radicación del SISPET, el SISBEN para animales. Quiero llegar al Congreso a hacer parte de la bancada animalista y así hacer real este proyecto.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No he tenido ninguna investigación disciplinaria, ni penal.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Mi campaña está financiada con préstamos y donaciones de familiares y amigos.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Desde el activismo promovimos la radicación del Proyecto de Ley 378 de 2021 – SISPET, conocido como un SISBEN que busca garantizar atención pública veterinaria para los animales de compañía de los estratos 1, 2 y 3 y animales en condición de calle, ahora vamos al Congreso a hacerlo una realidad.
Con el SISPET podremos mitigar el abandono y mejorar la salud de nuestros animales de compañía, así como brindar el apoyo para los peludos en condición de calle.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
En un país en donde se roban 50 billones de pesos al año, debemos apostarle a una propuesta anticorrupción estructural, o va a ser imposible resolver la deuda social y ambiental del país. Como ciudadanía debemos decidir cómo se gastan los dineros públicos; no solo en los presupuestos locales, también en los grandes proyectos de ciudad y de país. Los Presupuestos Participativos deber ser una realidad para toda Colombia. Decir “Trabajen Vagos” no es suficiente.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
Debemos comenzar por reconocer y cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz, desde las curules especiales para las víctimas, hasta la implementación real en los territorios que implica la protección de los excombatientes, como una mínima garantía de cumplimiento de la paz. Así mismo, se debe asegurar la protección a líderes sociales y ambientales y llevar a cabo las reformas en cuanto a la tenencia de tierras y demás puntos del Acuerdo.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
Ponerle freno a la violencia en Colombia implica negociar y llegar a acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley que garanticen la paz y la justicia en los territorios. Los diferentes casos de implementación de la Justicia Transicional a nivel internacional y los Acuerdos de Paz vigentes nos dan un marco para trabajar por la paz. Siempre que haya una posibilidad de que cese al sufrimiento y la muerte, debemos tomarla.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
La guerra contra las drogas se perdió desde que inició. No podemos seguir poniendo las muertes a costa de la riqueza de algunos. La prohibición ha generado múltiples dinámicas de violencia a lo largo del planeta, con la constante de muerte y desigualdad social que ha generado en Latinoamérica, particularmente en nuestro bello y adolorido país. ¿Seguiremos destinando millonarios presupuestos para comprar armas y aviones sobre las necesidades aberrantes de nuestro país o le ponemos freno a la hipocresía estatal?
Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
Celebro la decisión de la Corte Constitucional, demostrando que las mujeres podemos hacer historia e incidir en las leyes que pasan por nuestros cuerpos. 400 mujeres al año eran condenadas por este “delito” y otras 90 murieron por abortos mal proporcionados. Así mismo, la Corte no solo ha despenalizado la eutanasia sino que ha avanzado en el reconocimiento de la misma en varios casos hito. Debemos continuar hacia una regulación que no implique siempre la necesidad de demandar.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGTBIQ+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
Primero capacitar a los funcionarios, hacerles saber que existen normativas que deben cumplir con jornadas pedagógicas de inclusión, abriendo también espacios de incidencia real en lo público a la comunidad LGTBIQ+.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
Estamos en un Estado laico que hace ya bastante marcó una diferencia constitucional entre Estado y religión, mientras que muchas iglesias no sólo acumularon exorbitantes riquezas, sino que aún hoy en día lo siguen haciendo.
En un país con una desigualdad social aberrante no resulta justo que aquellos que emprenden actividades y generan empleo paguen impuestos, mientras los que obtienen riquezas con actividades religiosas no paguen absolutamente nada, tenemos que estar de acuerdo en reducir la brecha social.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
Creo firmemente que la Policía debe tener una reforma completa y no solo de color de uniforme, debe tener una reforma interna para garantizar la seguridad y bienestar de las ciudadanas y ciudadanos. Esto implica la profesionalización general de la Fuerza Pública, incluyendo un enfoque de género y socioambiental en su formación.
Después de la sistemática violación de derechos humanos por parte del Esmad, lo menos que puede hacer el Estado, como acto de perdón y reconciliación, es acabarlo.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Más allá de generar espacios de inclusión dentro del Estado, todas las políticas públicas deben incluir un enfoque de género de forma transversal y realmente vinculante, que reconozca que la realidad de las mujeres en los diferentes escenarios requiere de una atención y trabajo específicos.
Ya existe amplia regulación y normativa en Colombia, incluso se han abierto espacios administrativos para las mujeres, pero si estas medidas no apuntan a una transformación cultural profunda y sistémica seguiremos hablando de discriminación positiva.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
El fuero constitucional que ostentan algunos funcionarios ha dado lugar a esta Comisión, cuya función principal ha sido la de mantener en la impunidad los más grandes casos de corrupción en el país. Los congresistas no sólo suelen estar impedidos frente a las controversias que son llamados a resolver, sino que en muchos casos no tienen la formación jurídica necesaria para poder tomar decisiones en derecho.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Ya hemos visto que los presupuestos participativos han logrado disminuir la corrupción, consisten en darle a la ciudadanía la opción de decidir qué hacer con los recursos públicos. No basta con decir “trabajen vagos”, el problema NO es que trabajen sino realmente para quién trabajan.
Quitémosle la contratación a los mismos de siempre, en las Alcaldías Locales en Bogotá ya está pasando, los ediles dejaron de decidir sobre el 50% del presupuesto local. Trabajaremos para hacerlo en todo el país.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Históricamente el Congreso ha representado los intereses de las minorías más poderosas del país. El primer paso para cambiar la perspectiva del Congreso es renovándolo con nuevas y verdaderas representatividades. Una de mis principales banderas son los presupuestos participativos, de ahí que más allá de cambiar la percepción del Congreso, cambiamos la percepción de la política, otorgando una verdadera incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones publicas
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
Considero fundamental recuperar las buenas relaciones con nuestro país vecino, articulando acciones que permitan la recuperación económica de las ciudades fronterizas de ambos países como eje para disminuir la migración forzada y la violación a los derechos humanos. Respecto a las relaciones diplomáticas, Colombia debe reconocer la realidad política de Venezuela quien fue un aliado primordial durante años y su proximidad geográfica nos puede llevar a potencializar la economía y desarrollo del nuestro país y del bloque.
¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?
Bogotá, como región metropolitana, plantea nuevas oportunidades respecto al manejo socioambiental del territorio, está en nuestras manos poner a la estructura ecológica principal como eje del desarrollo urbano de la región. Así mismo, debemos evitar que se centralicen más las decisiones administrativas. Una mirada más amplia del territorio tiene que implicar una participación más diversa, profunda y el consiguiente reconocimiento de derechos a los seres sintientes y la naturaleza en sus múltiples formas de vida.
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Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.
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