Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
La profunda injusticia que sufre la mayoría. La riqueza se incrementa gracias al esfuerzo del pueblo mientras aumenta vertiginosamente la cantidad de personas condenadas a la miseria. La economía creció un 10% en 2021, la cifra más alta de los últimos 115 años, pero la desigualdad ascendió y no cambiaron las condiciones de vida para 3,6 millones de personas -1,1 en Bogotá- que se vieron arrastradas a la pobreza como consecuencia de la pandemia. Actualmente, hay 21 millones de pobres y 7,5 en pobreza extrema. Esta situación hay que revertirla definitivamente con los aportes de todos y todas elaboraremos propuestas legislativas que transformen el país radicalmente.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
Nunca he estado vinculado a casos de corrupción, pero he sufrido la persecución política del Estado. A partir de informes de inteligencia y montajes judiciales han querido vincularme, durante todo estos años, con grupos armados. El objetivo era desacreditar los paros campesinos y la protesta social que he liderado durante décadas. Nunca pudieron probar nada porque yo soy un líder social.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Nuestra campaña es austera por principios. Resulta obsceno gastar millones de pesos en propaganda cuando más de medio millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Y rechazamos la financiación de bancos, empresas y particulares que se han enriquecido con el sufrimiento de la mayoría de las y los colombianos. Por eso, sólo recibimos donaciones de personas amigas y desconocidas que creen en nuestro proyecto. Nuestro equipo está integrado por profesionales (trabajadoras sociales, defensores(as) de derechos humanos, periodistas, politólogos(as)) que trabajan voluntariamente por compromiso.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
He sido uno de los líderes sociales que acompañaron las movilizaciones campesinas del Magdalena Medio, Cauca, Nudo del Paramillo y del Catatumbo, por eso conozco muy bien la dura realidad del campesinado. Lucharé para que la reforma rural integral y la sustitución de ingresos de la hoja de coca se realice de una vez. Hay que establecer medidas concretas que garanticen el acceso con titulación a tierras productivas, el fomento de la agroecología y que toda la población tenga asegurada una alimentación digna. Además, impulsaré la creación de zonas de reserva campesinas, los PDET y que todos los servicios (sanidad, educación, electrificación, saneamiento básico, vías de comunicación...) lleguen al campo.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
El Acuerdo de Paz necesita que se cumpla a cabalidad, que deje de haber una “violación masiva” del Acuerdo, tal como declaró recientemente la Corte Constitucional. Además, se ha de complementar con acuerdos con otros grupos armados y con el sometimiento a la justicia de las bandas delincuenciales y los carteles del narcotráfico.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
La paz con justicia social es el único camino para que los colombianos y colombianas podamos reencontrarnos y construir un mejor país para nuestros hijos e hijas. En este sentido, es nuestro deber estar constantemente buscando formas de acercamiento con el Eln o con cualquier otro grupo alzado en armas para lograr acuerdos que permitan acabar con la violencia mediante la participación política. Con el Eln, dada su autonomía en cada territorio, propongo que se establezcan diálogos regionales, comenzando en Arauca.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
La ilegalización de las drogas sólo beneficia a quienes viven de ellas. El hecho de que se penalice su tráfico y se criminalice a los campesinos cultivadores de coca y marihuana no reduce la cantidad de consumidores ni sus negativos impactos para la salud sino que favorece la creación de nuevos carteles, enriquece a los narcos, incrementa la violencia y corrompe a muchos funcionarios. La regularización de la hoja de coca y de la marihuana son el punto de partida en un proceso que brinde una alternativa a la economía del narcotráfico y que abra un tratamiento en salud pública al uso de drogas y a la drogadicción. Paralelamente, se deben sustituir los ingresos derivados del cultivo de la coca destinada al narcotráfico.
¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
El aborto es un derecho de la mujer aunque siempre es una situación no deseada. Hay que fomentar la educación sexual, la salud sexual y reproductiva y potenciar el uso de métodos anticonceptivos para no tener que llegar a abortar. Pero si las circunstancias obligan a no continuar con el embarazo, debe ser siempre la mujer la que escoja libremente si lo hace. Hay que establecer una ley de plazos consensuada con las organizaciones feministas que reemplace a la actual ley de supuestos y de esta forma quedaría definitivamente despenalizado el aborto en Colombia. Con respecto a la eutanasia, hay que remover todos los obstáculos que impiden que una persona libremente decida morir si una lesión o enfermedad graves no le permite vivir con dignidad.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
La mayor riqueza de Colombia es la diversidad de sus gentes, pero todas y todos debemos ser iguales en derechos. Y esto incluye el reconocimiento de las distintas orientaciones sexuales y de género. Colombia sigue siendo el país del continente con más hechos de violencia y odio por razones de la orientación sexual, siendo la población trans la más afectada. Desde el Senado impulsaré con carácter de urgencia una ley garantista de los derechos de las personas trans, consensuada con los colectivos que las representan, que sancione ejemplarmente a quienes se los violen.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
¿Por qué no deberían pagarlos? Colombia es un Estado laico, cualquier confesión religiosa que realice una actividad que le reporte beneficios ha de pagar los mismos impuestos que una empresa; en caso contrario, no sólo es una competencia desleal para las empresas sino que se está vulnerando la Constitución. Pero más allá de las iglesias, este país es un paraíso fiscal para los más ricos, lo que nos ha convertido en una de las naciones más desiguales. Hay que hacer una profunda reforma tributaria para que quienes más tienen más paguen.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
La Policía es el aparato estatal de represión del descontento social, tal como lo hemos podido comprobar en las protestas legítimas que se desencadenaron en todo el país. En primer lugar hay que recuperar su carácter civil desvinculándola del Ministerio de Defensa para pasar a depender del Ministerio del Interior. Paralelamente, hay que dotarla de valores democráticos formando a sus agentes para que asuman que su función esencial es servir a la ciudadanía protegiendo sus derechos fundamentales. Decir que hay que acabar con el Esmad es demagogia, lo que hay que hacer es depurar y sancionar a quienes han cometido abusos y crear una estructura policial que verdaderamente garantice el orden público sin violar los derechos civiles.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La sociedad colombiana es profundamente machista y no va a cambiar si no entra el feminismo en las aulas y no se decretan medidas de discriminación positiva hacia las mujeres. Ratificamos todos los tratados internacionales de derechos de la mujer e incluimos la igualdad de género en numerosas leyes, pero ellas siguen sufriendo una intensa violencia sexual, son marginadas en el acceso a la participación política y al mercado laboral y durante 2021 hubo casi 600 feminicidios (tanto ejecutados como en grado de tentativa). Hay que establecer en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos cuotas reservadas para mujeres para ir construyendo la igualdad. Y hay que endurecer la persecución contra quienes ejerzan la violencia por motivos de género. Legislaremos para alcanzar la igualdad de género porque el feminismo es un eje transversal en toda nuestra agenda legislativa.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
No hay que reformar la Comisión de Acusación sino acabar con el fuero constitucional que en la práctica se ha convertido en una herramienta para proteger a los más altos funcionarios del Estado responsables de violaciones a los derechos humanos y de casos de corrupción. Para ello habría que reformar la Constitución que prevé que las acusaciones contra las altas autoridades, en ejercicio o ya cesadas, sean valoradas previamente por el Poder Legislativo antes de pasar al Poder Judicial. Si Cámara y Senado rechazan las acusaciones, no hay procesos judiciales y, por tanto, quedan impunes los congresistas delincuentes y sus delitos.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Año tras año, Colombia figura entre los países más corruptos del mundo sin que los gobiernos de turno adopten medidas eficaces para acabar con esta lacra, que además de suponer un robo al bolsillo de todas y todos mina la confianza en el Gobierno y en el Estado. Para luchar contra la corrupción hay que reforzar los órganos de control y garantizar su independencia, mejorar la eficacia del poder judicial, los partidos debemos ser transparentes en nuestra cuentas y se debe proteger a quienes denuncian. Al mismo tiempo, hay que endurecer la legislación contra la corrupción de tal forma que sus responsables paguen con su patrimonio el saqueo al que someten a toda la nación.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Lo primero es rebajar sustancialmente el sueldo de los congresistas. Es vergonzoso que cobren casi 35 millones de pesos al mes mientras el salario mínimo de un trabajador(a) es de 1 millón. Cuando nuestros representantes tengan un salario digno, pero acorde a la realidad del país, la percepción de la ciudadanía con respecto al Congreso mejorará. Luego, haría falta promover una ley que sancione efectivamente a los congresistas ausentistas, a los dormilones, a los perezosos que no ejercen su mandato y a los que se han dedicado a hacer acuerdos para saquear las arcas de la nación.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
Colombia y Venezuela somos países hermanos, unidos por su historia y por sus pueblos, y ningún Gobierno nos podrá separar. Hay que restablecer las relaciones económicas, políticas y culturales; precisamente el acercamiento entre los dos pueblos hermanos favorece la consolidación de la democracia.
Para conocer más sobre el candidato, lo puede seguir en Twitter y en Facebook.
Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.
