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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Creo que Colombia no aguanta otros cuatro años con un Congreso que le da constantemente la espalda a las necesidades de los colombianos. Hago parte de una generación que piensa que las transformaciones no solo son posibles, sino necesarias, y creo también que es fundamental cambiar la forma como se hace la política, llegar de manera transparente, sin clientelismo y sin maquinarias. Soy un profundo convencido de que la paz es el camino.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No he tenido nunca una investigación disciplinaria o penal. No aspiraría a un cargo público si así fuera. Pienso firmemente en que se debe ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Con recursos propios.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Todas nuestras propuestas giran en torno al propósito de promover la consolidación y la construcción de la paz, garantizar la seguridad ciudadana, promover el respeto a los derechos humanos y a una justicia incluyente.
Tendremos tres propuestas concretas:
- No al servicio militar obligatorio.
- Sí a la reforma estructural a la Policía Nacional con un enfoque de Derechos Humanos.
- Sí a la Ley de protección a líderes sociales, ambientales y defensores de Derechos Humanos.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
Todas las manifestaciones de violencia: las que derivan del conflicto armado, las que afloran con la corrupción, la insensibilidad y la apatía ciudadana. La violencia como negación del Estado. Tenemos que despertar. Tenemos que emprender una verdadera revolución social que se enmarque en el respeto por la vida y en la construcción de una sociedad en paz.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
Más que pensar en una modificación hay que continuar impulsando su implementación. Llevamos años sufriendo el flagelo de haber ignorado un proceso de paz que no podía ser considerado como una opción. Miles de familias lloran a sus muertos y las víctimas se convierten en cifras. No hay humanidad. Los Acuerdos de Paz deben cumplirse. Defenderemos los acuerdos de La Habana y haremos control político a los puntos no cumplidos y a los presupuestos no asignados.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
Sí. Cualquier actor armado es una amenaza para la vida. La violencia que vivimos a diario debe obligarnos a buscar el camino de la paz. La reconciliación genera cambios sociales inimaginables. El diálogo es la puerta hacia la transformación de nuestra sociedad.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
Defiendo las libertades individuales, entre ellas, la legalización del cannabis. Los mercados ilegales generan muerte y violencia. Hay que regular y ejercer un control responsable de las drogas, incluyendo programas de prevención.
¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
Sí. A diario muchas mujeres sufren complicaciones y mueren por causa de abortos inseguros. Debemos protegerlas a todas. En el caso de la eutanasia, la Corte amplió el derecho, pero aún falta mucho camino por delante. Todos tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
Las personas LGBTI+ tienen derechos que la Constitución Política les concede. Eso se traduce en que la generación de barreras por cuenta de los funcionarios es una falta gravísima y, por lo tanto, las sanciones ya existen. ¡Hay que aplicarlas! Nuestro Estado es laico y garante del libre desarrollo de la personalidad y, por ello, los pareceres de los funcionarios frente a las personas LGBTI+ no tienen cabida. No podemos olvidar que la principal función de todo servidor público es cumplir y hacer cumplir la ley.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
¡Sí! Es una medida que viene de 1887. ¡Imagínese las normas con las que se sigue gobernando! El Estado colombiano debe perderle el miedo al tema y proponer un diálogo franco al respecto, sobre todo cuando el país atraviesa una crisis económica y, según la DIAN, hay alrededor de 8.000 asociaciones religiosas registradas con un patrimonio de $14,4 billones e ingresos brutos por $5,4 billones. Por décadas los colombianos y en particular la clase media se han metido la mano al bolsillo para poner en las crisis, ¿por qué no van a poder hacerlo también las iglesias? Hace rato la pirinola cayó en la cara del “todos ponen”.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
¿Cómo no hacerlo cuando la Policía de Bogotá es la presunta responsable de 11 de los 14 fallecimientos en las manifestaciones del 9S? Es absolutamente necesaria una reforma a la Policía Nacional con un enfoque de derechos humanos. Eso debe cobijar al Esmad, es decir, considero que no hay que eliminarlo, sino reenfocar su accionar, pues cuando las manifestaciones sociales no son pacíficas, se requiere un cuerpo capacitado para responder, que jamás debe entenderse como una licencia para violar los derechos humanos.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La paridad no es un punto de llegada sino de partida. ¡Claro que todas las corporaciones públicas deberían tener el 50% de participación de las mujeres! Pero este debe considerarse no como un tope, sino como el primer paso de un proceso colectivo que va más allá de lo legal, pues abarca lo social, lo cultural y lo económico. Mi propuesta más concreta y sincera es que las mujeres pueden contar conmigo para presentar o apoyar todos los proyectos de ley que protejan sus derechos y amplíen su participación en todos los sectores del país.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
En efecto es una instancia no solo ineficiente sino hasta cómplice de los delitos cometidos por los aforados que debería condenar. Carece de capacidades técnicas, judiciales y, lo más importante, no tiene imparcialidad. Habría que ver si lo más sensato es reformarla o eliminarla.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción es una de las peores formas de violencia y tiene múltiples rostros, siendo el electoral uno de los peores: juegan con la necesidad de las personas, compran votos y cuando llegan al poder gobiernan solo para sus intereses. Por eso, para este tipo de corrupción pública, pero, también para otras, como la privada, hay que hacer toda la gestión posible por transparentar procesos como el conflicto de interés y regular formas de contratación, como la prestación de servicios. Lo cierto es que la corrupción, como lo ha demostrado el periodismo de investigación, se evidencia y mitiga poniendo ojos y lupas encima y eso nos compete a todos como sociedad. Si hay algún sector tolerante con la corrupción, por ahí se va a colar y seguirá produciendo muertes, porque se trata de recursos perdidos, pero sobre todo de vidas cobradas por cuenta de recursos robados o mal gestionados.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Lo primero que debo decir es que esa imagen desfavorable es más que merecida. Con muy contadas excepciones, los congresistas se han caracterizado por ser vagos y atornillados. Sin embargo, lo que hay que entender es que el Congreso, por más detestable que lo consideremos, va a seguir ahí, metiéndose con sus decisiones en nuestra vida diaria. Por eso lo más importante es que la ciudadanía elija personas diferentes, que hagan campaña de frente y no de espaldas a la ciudadanía. Así como se hace campaña, así se legisla.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
¡Por supuesto que sí! El manejo que el gobierno Duque le ha dado a la relación con Venezuela ha desencadenado, por ejemplo, en la crisis humanitaria y de seguridad que hoy vive Arauca. ¿Y quiénes la padecen? Las poblaciones vulnerables que quedan en la mitad de un conflicto que no les pertenece. Y vuelve el ciclo de violencia: asesinatos, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. ¿Y todo por cuenta de que a Duque le pesa sentarse a hablar con Maduro? Ninguna ideología ni ningún ego pueden estar por encima del deber constitucional de defender la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?
Paz y seguridad ciudadana, que tienen todo que ver la una con la otra. El ejemplo más claro son los indígenas embera que llevan, a la fecha, poco más de cuatros meses habitando los parques de Bogotá. Llegaron huyendo de la violencia de las zonas en las que viven, víctimas de un conflicto armado que el gobierno Duque se ha empeñado en perpetuar. ¿Y las consecuencias? Alteraciones en el orden público, enfrentamientos entre los indígenas y miembros de las autoridades, hambre, pobreza y un largo etcétera. Las ciudades han recibido buena parte del impacto de la mediocre implementación del Acuerdo de Paz que ha hecho este Gobierno. Por eso vamos al Congreso a defender la paz, que también es trabajar por la inclusión social. Vamos a generar contrapeso a esos que literalmente viven de la guerra, no sólo porque llevan años haciéndose elegir prometiendo seguridad, sino porque han estado detrás del acaparamiento de tierras, de esos que desplazan con amenazas y fusiles apuntando a la cabeza.
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