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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Yo básicamente interpreto mi labor como congresista como la labor de la defensa de derechos humanos, la defensa de la paz y como un servicio público. Me considero un servidor público, he cumplido con el deber y la vocación de ponerse al servicio de la ciudadanía y del pueblo colombiano, y a través de todos los actos que se ejercen en el Congreso de control político y de la labor legislativa, no solamente salvaguardar los derechos, sino crear herramientas, leyes, normas, procedimientos de control ciudadano, que permitan mejorar la condición de vida, el bienestar y la dignidad de los ciudadanos.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso?
Sí, he tenido numerosas investigaciones de carácter disciplinario y penal, en todas he sido absuelto, se han producido decisiones favorables a mí, puesto que ese tipo de denuncias, quejas e investigaciones provienen precisamente de mi labor de control político y regularmente han sido formuladas por aquellos funcionarios que yo he señalado, personas que han cometido actos de corrupción o que han faltado a sus deberes tanto en materia constitucional como legal. El más sonado de esos procesos ha sido el que, en los últimos diez años, hemos librado contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe, quien me denunció penalmente y también interpuso otras acciones, queja disciplinaria, y a través de sus colaboradores pérdida de investidura en mi contra. Luego a partir del año 2018, se han invertido los roles, yo figuro como víctima, y Uribe Vélez es en este momento imputado, proceso en el que actualmente se delibera sobre la preclusión o el llamamiento a juicio.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Mis campañas son muy económicas, intento hacerlas con la menor cantidad de recursos posibles, y al mismo tiempo provienen única y exclusivamente de mis propios recursos o también muy ocasionalmente de personas que donan cantidades restringidas de dinero. Las personas que donan son personas que conozco y cuya integridad y rectitud están a toda prueba.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto es la Paz Total, es decir, avanzar no solamente en la implementación del Acuerdo de Paz, sino en avanzar hacia el punto final de todas las formas de violencia y del conflicto armado que aún persiste. A eso dedicaré todos mis esfuerzos, llevo un conjunto de proyectos de ley y actos legislativos para hacer posible esa esa aspiración.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
Colombia es un país que tiene innumerables problemas de orden social, económico y político. Fundamentalmente Colombia es un país antidemocrático con una profunda injusticia en el orden social, que se expresa en la desigualdad y en la pobreza. Cualquier cambio que se quiera realizar, pasa por un cambio de ese sistema y de ese modelo que, además, es un modelo y un sistema profundamente violento, que ha desarrollado la violencia como única forma de lidiar con los conflictos sociales. A través del cambio de ese sistema antidemocrático, profundamente corrupto e inequitativo desde el punto de vista social y económico es que se resuelven los problemas del país.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
No, yo considero que no hay que modificar el Acuerdo de Paz sino implementarlo, llevarlo a cabo de una manera integral, plena y rigurosa. Cualquier intento por desvirtuar, modificar o debilitar el proceso y el Acuerdo de Paz -a mi modo de ver- tendría una consecuencia negativa para el país. Considero que hay que avanzar en otros procesos de paz junto con la implementación del Acuerdo suscrito en 2016.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
Considero que es necesario un programa de Paz Total, y eso incluye la continuidad de la negociación y de los diálogos de paz con el Eln. Creo que es imperativo que se produzca ese proceso de paz, está demostrado hasta la saciedad después de décadas de conflicto armado entre el Estado y Eln, que esa confrontación no tendrá una solución bélica y por lo tanto es necesario abocar un diálogo, que retome lo ya avanzado en este campo y llegue a un acuerdo de paz cuya implementación debe ser a diferencia de lo que ha sido el Acuerdo de Paz de 2016 una implementación rápida y eficaz.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
Yo estoy a favor de la regulación legal entorno a las drogas. Creo que esa es una tendencia mundial y que Colombia ha ensayado por décadas un modelo de guerra contra las drogas y ha fracasado en ese intento. Se deben ensayar otras formas y modelos de tratamiento del problema del narcotráfico, que incluyan la regulación o despenalización progresiva y que contribuya a resolver realmente este problema que tiene tanto impacto y unos efectos tan negativos para el país.
¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
Yo defiendo plenamente el derecho al aborto y a la decisión libre de las mujeres con relación a su vida y a su cuerpo e igualmente el derecho a una muerte digna. Considero que ambos derechos hacen parte de la dignidad humana y de un concepto de libertad para la persona en una sociedad que se considera democrática.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
Las decisiones que toma la Corte Constitucional se deben plasmar en realidades y no ser simplemente decisiones retóricas. Para ello, hay que examinar mecanismos de control y de ejecución de las sentencias que permitan que, no solamente, con relación a las parejas del mismo sexo, sino a todas aquellas poblaciones, personas y ciudadanos que interponen recursos ante la Corte Constitucional y obtienen sentencias para proteger sus derechos. Obviamente, eso se traduce en un cambio real, materializado en la ejecución de las sentencias.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
Considero que, en efecto, las iglesias deben pagar impuestos y en particular el impuesto a la renta, puesto que eso corresponde al principio constitucional de que somos una sociedad y un Estado laico que se rige además por principio de igualdad. La iglesia no debe estar por encima de las obligaciones que deben atender el resto de ciudadanos y entidades particulares que operan en la sociedad colombiana.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
Sí, estoy de acuerdo con una reforma estructural y radical de la Policía. He presentado iniciativas en esta materia, que convierta a esta institución en una institución civil que dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Dentro de ese conjunto de reformas debe estar incluida la eliminación del Esmad que actualmente es un cuerpo que ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos y que debe ser sustituido como lo he propuesto, por una Unidad de Diálogo que opere en las movilizaciones públicas y que prevenga situaciones de fuerza y de violencia.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Considero que, en Colombia, existen normas que deben ser aplicadas para avanzar en el respeto de la dignidad de la mujer y de la ampliación y respeto de sus derechos. Entre esas normas me refiero, en particular, a aquellas que persiguen la violencia de género como la ley 1257 de 2008 o la ley 1719 de 2014 de la cual soy autor y cuya aplicación podría tener un efecto real para acabar con un flagelo que riñe con la paridad de géneros, como es el de la violencia. Actualmente en mi condición de congresista he adelantado múltiples iniciativas de carácter legislativo en materia de equidad social y económica para las mujeres, en los terrenos del empleo, del mejoramiento de las condiciones laborales y del desarrollo de los derechos de la mujer rural.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
Hay que eliminarla. Una instancia de investigación de altos funcionarios y del jefe de Estado no puede estar en cabeza de un órgano político. Mi propuesta no es la modificación o transformación de esa Comisión, sino su eliminación y su reemplazo por un órgano que reúna las condiciones de independencia y autonomía necesarias para que pueda darse realmente un tratamiento judicial riguroso de las responsabilidades de los altos funcionarios del Estado.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Es necesario desarrollar un conjunto de leyes que permitan contrarrestar, atacar y eliminar la corrupción. En primer lugar, una norma que haga mucho más rigurosas las penas y los castigos con relación a la corrupción. Está claro que en este campo como tal vez en ningún otro, se requiere una ley que tenga un tratamiento riguroso de los delitos que estén relacionados con la corrupción. Igualmente, es necesario revisar el sistema de contratación del Estado, prohibir que los congresistas puedan tramitar contratación pública a través del desarrollo de funciones que no tienen nada que ver con el control político y la labor legislativa. Además, es esencial que la contratación sea objeto no solamente de procedimientos que estén totalmente blindados contra cualquier posibilidad de tráfico de influencias, sino también que permitan que la contratación del Estado esté siendo observada en todo momento. Hay que eliminar toda práctica de puerta giratoria con relación a funcionarios que ejercen determinados cargos en la administración pública, y luego pasan a asumir otros, en los cuales, pueden verse beneficiados por la información y por la experiencia acumulada en sus anteriores responsabilidades.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Se requiere una reforma del Congreso en múltiples planos. Es necesaria una rebaja sustancial de salarios; un nuevo régimen laboral de los congresistas; revisar y reformar la Ley Quinta que es el reglamento del Congreso, y por lo tanto generar un nuevo sistema de funcionamiento que permita que, a través de esa reforma, se produzcan resultados que puedan tener impacto sobre la imagen del Congreso. Este no es un problema de carácter cosmético, sino que tiene que ver con cambios que deben ser introducidos en la vida de esta institución que, cómo se sabe, tiene muy graves problemas en esta materia.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
Estoy de acuerdo con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. A pesar de las diferencias y de las contradicciones que hay desde el punto de vista político, por el bien del país, de sus relaciones económicas, de sus relaciones internacionales, de las poblaciones que están en la frontera, es necesario restablecer esas relaciones diplomáticas y comerciales. Se debe garantizar que haya un respeto de la soberanía de cada uno de los dos países, para que se eliminen las tensiones que han aparecido en los últimos años y se pueda desarrollar una relación armónica, que es lo más conveniente para Colombia.
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