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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Yo quiero llegar al Congreso porque ya demostré que lo puedo hacer bien. Llevo tres años seguidos, 2019, 2020 y 2021, escogido como el mejor representante a la Cámara del país, entre los partidos mayoritarios. Y queremos emplear esa capacidad y ese liderazgo para impulsar nuevas reformas, y también para ser freno de mano ante un eventual gobierno autoritario en Colombia.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No, no he tenido ninguna investigación disciplinaria o penal.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Yo estoy financiando mi campaña al Congreso a través de tres fuentes: recursos propios, a partir de un ahorro que hice de mi salario como congresista; un crédito contra reposición de votos con el banco Davivienda, y donaciones del sector privado.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Una de las tres principales propuestas que impulso junto a David Luna, es la reforma integral a los contratos de prestación de servicios. Implementaremos una ley con un plan gradual a cinco años: el 1er año de vigencia se permitirá hasta un 60% de contratistas con respecto al total de servidores, en el 2do un 50%, y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 20 %. Mientras, proponemos el reconocimiento de vacaciones, de incapacidades y de licencias de maternidad y paternidad.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
Una de las principales prioridades de Colombia es la recuperación de empleo. Debemos entender que la mejor política social es la generación de empleo, y que la generación de empleo se produce cuando hay condiciones de inversión para pequeños, medianos y grandes empresarios, cuando desde el Congreso ofrecemos estabilidad jurídica, cuando no hacemos proyectos de ley populistas con los que ganamos los aplausos de las galerías, pero que al final generan dificultades para la creación de empleo formal.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?
Lo que el Acuerdo de Paz necesita es ser implementado por un próximo gobierno que se la juegue con la puesta en marcha de lo pactado, con llevar desarrollo, justicia, seguridad y oportunidades a las regiones más golpeadas por el conflicto armado. No podemos permitir, y esta es una gran responsabilidad del próximo gobierno, que el Acuerdo de Paz se convierta en una oportunidad perdida.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?
Estoy de acuerdo con cualquier iniciativa de diálogos de paz, pero bajo el entendido que las partes tengan voluntad de paz. Así como defiendo el Acuerdo de Paz con las FARC, así como voté sí en el Plebiscito, hoy mucho me temo que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz, sino simplemente trata de entender los acercamientos para negociaciones como oportunidades políticas, organizativas, económicas y militares.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
Creo que llegó la hora de cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas. Este es un tema en el que hemos ganado todas las batallas, pero estamos perdiendo rotundamente la guerra. Y creo que Colombia tiene la autoridad moral para liderar una conversación global, en donde pasemos del enfoque actual de la criminalización a un enfoque de la regulación.
¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
En el caso del aborto, soy amigo de una fórmula mucho más intermedia que la planteada por la Corte Constitucional. De un modelo aplicado en algunos Estados Norteamericanos, que permite el aborto sin limitaciones los tres primeros meses de gestación, solamente con causales especificas en el cuarto y el sextos mes, y lo prohíbe bajo cualquier circunstancia entre el séptimo y el noveno mes. En cuanto a la eutanasia, he sido coautor y he promovido la idea de reglamentar el derecho ya existente a morir dignamente.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
Creo que en esta materia tenemos un enorme reto cultural, que se aplica en la acción de la gestión pública y sin duda el camino es el control político para que todas las personas en el servicio público sean tratadas de la misma manera, sin importar cuales son sus preferencias sexuales.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?
Yo sí creo que es hora de empezar a explorar la necesidad de que exista un régimen tributario para iglesias, seguramente no el mismo régimen de las personas jurídicas distintas, pero sí vale la pena empezar a avanzar en esa línea.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
Creo que hay que reformar la Policía para modernizar sus procesos de reclutamiento, para fortalecer su capacitación en derechos humanos. Pasar de una Policía estructurada para el conflicto armado, a una Policía de convivencia ciudadana. Pero definitivamente no creo que haya que acabar el Esmad. El Esmad hay que modernizarlo, hay que tecnificarlo y asegurar que no se cometan abusos como los que se han cometido.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Yo fui el autor de la reforma política que se hundió en el año 2021. En donde exigíamos la eliminación del voto preferente, en la obligatoriedad de las listas cerradas, en la democratización interna de los Partidos, y en las listas alternadas y paritarias. Solamente así vamos a lograr acelerar la inclusión política de las mujeres en un país donde todavía el Congreso actual el 80% son hombres, y solo el 20% son mujeres.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
Yo propongo la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara bien sea remplazándola por un tribunal de aforados o por alguna otra instancia, pero estoy convencido que definitivamente los congresistas no deben cumplir autoridades judiciales. Su naturaleza política y electoral, su vocación de construir acuerdos, de hacer alianzas, así como su poca especialidad técnica en materia investigativa, judicial y penal, resulta siendo incompatible con las labores penales propias que se esperan de la Comisión de Acusaciones.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Fui ponente de dos proyectos de ley anticorrupción importantes:
1. Del que acabó con la casa por cárcel para las personas condenadas por corrupción, así como su alojamiento en guarniciones militares, y que estableció la imposibilidad de contratar, de manera definitiva, para empresas vinculadas en hechos de corrupción.
2. De la ley de moralización, que crea un régimen administrativo sancionatorio mucho más fuerte contra empresas que participen en hechos de corrupción, y facilita el levantamiento del velo corporativo para organizaciones empresariales, en el marco de investigaciones.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
El camino es el de los resultados, que el Congreso produzca reformas que le ayuden a la gente. Eso es lo que hemos hecho estos cuatro años: logramos la ley que amplió la licencia de paternidad, logramos la ley que estableció que las prácticas y pasantías valen como experiencia profesional, avanzamos en una legislación para Bogotá con la Segunda Vuelta para elegir Alcalde, con el nuevo Estatuto para Bogotá, y con la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, que sacamos adelante entre muchas manos.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
Yo creo que sin cambiar, sin entrar a reconocer un estatus democrático que no existe en la dictadura de Nicolás Maduro, Colombia debe ser pragmático y debe restablecer algunos canales de comunicación para elementos esenciales de interés común, como por ejemplo el tema comercial, como el tema humanitario, a propósito de la crisis migratoria; y el tema de la seguridad territorial.
(Pregunta solo para candidatos a representantes a la Cámara)
¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?
En Bogotá sin duda uno de los grandes retos es el reto de la seguridad. Propongo:
1. Introducir una ley que obligue año a año incrementar el presupuesto de la cultura y el deporte. Que significa mejores opciones de uso de tiempo libre para niños y jóvenes, y menos consumo de drogas.
2. Impulsaré la Ley de Reincidentes para que las personas que son capturadas por tercera vez en flagrancia cometiendo hurtos, sean privadas de la libertad desde el momento mismo de su captura.
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