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En medio del debate de control político contra la Registraduría, por las irregularidades en las elecciones del 13 de marzo, el senador Juan Diego Gómez, presidente del Senado, lanzó duros comentarios contra Francia Márquez en una intervención en contra de miembros del Pacto Histórico.
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“No me había querido referir a su partido que acompaña el Eln, activo en el terrorismo, a su vicepresidente, y celebra la designación de esta mujer”, fue el comentario con el que Gómez, de acuerdo a consideración de Márquez, insinuó que la fórmula vicepresidencial tenía vínculos con un grupo armado.
Por esta razón, Márquez presentó una denuncia en contra del presidente del Senado por posible injuria ante la Corte Suprema. No obstante, poco menos de un mes después, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia descartó la denuncia y se abstuvo de realizar alguna acción contra el senador Gómez.
La razón que encontró la Corte para negar la acción interpuesta por Márquez es que “carece de relevancia jurídico penal” debido a que esta se “ejecuta en el contexto de un debate de control político desarrollada al interior de la corporación legislativa y en ejercicio de las funciones congresuales del denunciado”.
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De acuerdo con la Corte Suprema, no se encontró injuria alguna debido a que en la intervención de Gómez “no aparece una sindicación concreta contra la querellante como miembro de una organización armada ilegal, sino del apoyo que la misma habría manifestado a la organización política de la cual esta hace parte”.
El alto tribunal expresó que el congresista conservador no hizo mención directa de Márquez, sino que su mensaje procuró “marcar unas diferencias ideológicas de esta con el Partido Conservador, en diversos temas de interés nacional”. En este sentido, la Corte añadió que en el resto del debate Gómez deja constancia de que sus cuestionamientos se debían al apoyo anuncio por el Eln a la designación vicepresidencial de Márquez.
A renglón seguido el alto tribunal añadió que no se encontraba falta alguna debido a que los comentarios se emitieron durante un debate de control político y están amparados en el principio de inviolabilidad de votos y opiniones, “una herramienta prevista para asegurar la independencia y autonomía del poder legislativo y colocarlo al margen de indebidas interferencias de otras ramas del poder público”.
