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Varias organizaciones han advertido que las elecciones de 2022 son una de las más violentas del pasado reciente. Los últimos en coincidir en esta premisa fueron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que advirtió que las justas de este año han sido las más violentas en 10 años. Incluso, hubo un aumento de 59% en las acciones violentas en comparación a las elecciones de 2018.
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La FLIP señaló que mientras que entre el primero de enero al 20 de mayo de 2018 se reportaron 61 amenazas en contra de medios y periodistas, en este mismo periodo de 2022 se han presentado 97 casos. “Un o una reportero/a ha sido amenazado/a cada día y medio”, aseveró la organización.
En este punto se pudo documentar además que seis periodistas han sido víctimas de desplazamientos forzados y exilios tras haber recibido las amenazas. En varias ocasiones estos ataques son para exigirles a los periodistas que publiquen u omitan información.
La FLIP también llamó la atención sobre la identificación de los victimarios. En su mayoría, no se sabe quién hizo la amenaza (49 casos), por lo que hace más compleja la labor de protección y de reconocer cuál es el daño posible. En los otros casos, han sido 25 amenazas por parte de grupos armados y 7 por particulares.
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Frente a la distribución de las amenazas, la FLIP señaló que Arauca ha sido el departamento en el que más amenazas se han reportado con 16, seguido por Bogotá con 15 y Antioquia con 9 casos. Según los datos, Arauca y Bajo Cauca son las zonas más peligrosas para el ejercicio periodístico en estas elecciones.
Un gran problema en estas zonas es que no hay amplia oferta en medios locales, por lo que tan solo basta que se amenace a un periodista o un medio para que la redacción sea en cadena y se deje en el “silencio informativo” a zonas enteras del país. Precisamente en este punto se llamó la atención por el reciente paro armado de las AGC, también conocidas como Clan del Golfo.
Durante esta acción armada, según la organización 15 medios de comunicación salieron del aire. Además, comentaron el caso de dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca que fueron amenazadas para publicar un panfleto del Clan del Golfo. Esto implicó que, ante el temor, otros seis medios dejaron de emitir mientras el paro. Además, en Córdoba se apagó la planta transmisora de seis emisoras mientras el paro y en Urabá hubo un amedrentamiento a dos periodistas que ejercía su labor.
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No solo hubo reporte de casos por parte del Clan del Golfo, también las disidencias de las Farc habrían realizado acciones contra periodistas, como es el caso del hostigamiento y retención de Salud Hernández en el Cauca. El grupo armado la habría obligado a abandonar la zona.
En otras estadísticas que lleva la FLIP está los temas que estaban desarrollando los equipos periodísticos antes de ser amenazados. En su mayoría, 37 casos, fueron amenazas relacionadas por el cubrimiento del conflicto armado. En el listado, con 11 casos, le siguen investigaciones por caso de corrupción, seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales con (5 casos).
De acuerdo con la organización denunciante, las amenazas siguen aumentando debido a “la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia”. Entre las omisiones estaría no activar de forma oportuna las rutas de protección para los periodistas amenazados. En este caso hacen referencia al caso de Arauca en el que dos medios sufrieron daños por un ataque terrorista y 16 periodistas más recibieron amenazas y no hubo atención oportuna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante las denuncias.
En este mismo sentido, la FLIP denunció que ha enviado a la Fiscalía 12 denuncias por amenazas y, hasta el momento, “no se conocen avances significativos en la investigación”. En este punto se recolectaron testimonios de varios periodistas amenazados que coinciden en que la respuesta del Estado es lenta y muchas veces llega tarde ante la acción de los violentos.
Violencia por parte de los actores electorales
La violencia en contra de periodistas no solo ha venido de actores armados, como registra la organización, también “el clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado” debido al descrédito que ha ido creciendo en redes sociales debido a la campaña electoral.
La FLIP cuestionó en este punto que no haya un respaldo a la prensa en estos temas y que incluso el gobierno Duque haya guardado silencio en estos aspectos. Entre los casos comentados está la estigmatización realizada por el candidato Enrique Gómez en contra de los periodistas que investigaron la operación irregular que ejecutó el Ejército en el Alto Remanso. Ante todo este panorama, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió un compromiso del próximo presidente para que incluya entre sus prioridades la protección de la prensa.