MOE UE cuestiona que aún no hay sanción contra general Zapateiro

Este martes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su informe sobre su acompañamiento al proceso electoral de la primera vuelta presidencial. Fueron varios los puntos que destacaron y otros que cuestionaron. En resumen, la misión destacó que fue una jornada tranquila, pacífica y pluralista, en términos generales.

Primero lo cuestionable. Para la MOE UE, la Procuraduría desconoció las normas internacionales en materia de derechos políticos para los funcionarios electos, refiriéndose a la suspensión de cuatro alcaldes, entre ellos, el de Medellín, Daniel Quintero, que ha sido el caso más sonado.

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“Es discutible que la disposición constitucional que impide a algunas categorías de funcionarios participar en las campañas electorales sea aplicable a los funcionarios electos, al que, en cualquier caso, es contrario a las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos políticos. Además, la destitución, aun temporal, de un cargo de elección popular por una autoridad administrativa, en vez de por un juez, fue considerada una violación del art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia vinculante que condenó a Colombia”.

Dicho esto, la organización de veeduría electoral cuestionó el por qué no se han tomado medidas sobre el caso del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, que, en medio de la discusión electoral en redes, le respondió directamente a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico y quien fue uno de los aspirantes en pasar a segunda vuelta.

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Sobre Zapateiro reconocieron que no actuó conforme a la norma colombiana. “En abierta violación del art. 219 de la Constitución y de una tradición de décadas de no injerencia del Ejército en la política, hijo declaraciones públicas en contra de un candidato”. Eso sí, la MOE UE no hizo alusión a la presunta participación política indebida del presidente Iván Duque en contra del candidato Petro. Por supuestamente haber incurrido en este incumplimiento de la ley, el primer mandatario cuenta con una denuncia radicada en su contra ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Entre otras preocupaciones, la misión manifestó que la candidatura de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial del Petro, fue la que más recibió mensajes y ataques de odio en redes, mientras que el mismo Petro fue el candidato con más cubrimiento negativo en los medios de comunicación. Así mismo, que de los eventos de campaña que acompañaron, en el 14% evidenciaron que hubo presión sobre funcionarios públicos para asistir a actos de Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia.

“Con mayor frecuencia, se denunciaron casos en los que se pagó a los participantes para que acudieran a dichos actos. Durante el período de campaña, varios empresarios de alto nivel publicaron mensajes advirtiendo a sus empleados de que no votaran por Petro”, se le en el informe.

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Por último, la organización manifiesta preocupación por la desigualdad que se pudo presentar mientras estuvo en vigencia la suspensión de la Ley de Garantías, aprobada dentro del Presupuesto General de la Nación de 2022, y que fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de trámite.

“Aunque la sentencia de este Tribunal prohibió la contratación pública durante el resto del periodo electoral, los contratos ya en vigor siguieron siendo válidos, lo que pudo haber contribuido a crear desigualdad de condiciones en el proceso. La sentencia, que pretendía impedir que el gobierno pudiera utilizar los contratos públicos como incentivos de campaña, se dictó seis meses después de la aprobación de la ley, pero sólo tres semanas antes de las elecciones, por lo que su eficacia ha sido limitada”, agrega el informe.

Los pendientes que quedan por mejorar el sistema electoral, según la MOE UE, además de tramitar una nueva reforma electoral, son mejorar las medidas de transparencia; regular la selección de jurados de votación; asegurar los anticipos, especialmente para los partidos políticos que se les devolvió el año pasado su personería jurídica; y darle más herramientas al Consejo Nacional Electoral para el control de la financiación de campaña.

Sobre lo positivo, “los observadores de la MOE UE calificaron los procedimientos de cierre y conteo como transparentes y ordenados. En la mayoría de los casos, los jurados utilizaron las nuevas listas de control proporcionadas para guiarles en los procedimientos de escrutinio y en la correcta cumplimentación de las actas de resultados. Los votos se atribuyeron correctamente, se dio la debida prioridad a la intención del votante y los resultados se consignaron correctamente en los E-14. Durante el conteo, hubo testigos en casi todas las mesas de votación observadas, con representantes de Pacto Histórico en el 80% y de Equipo por Colombia en algo más del 50% de las mesas visitadas. En todos los casos observados, los testigos pudieron ejercer su función sin restricciones y tomar fotografías de las actas cumplimentadas”.

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La MOE UE reconoció el trabajo de escucha de la Registraduría tras lo sucedido el pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas y las medidas adoptadas como “la doble digitación de los datos de las actas y otras medidas de verificación de la exactitud del escrutinio, así como un diseño más claro -por definición más sencillo para las elecciones presidenciales- del acta de resultados E14 con el fin de reducir los errores y facilitar una corrección más rápida, en caso necesario. Con el mismo fin, la Registraduría también revisó el programa de formación y los materiales de apoyo para los jurados de votación”.

En conclusión, la MOE UE destacó que “la Registraduría demostró altos niveles de organización y profesionalismo en los preparativos electorales, tanto a nivel nacional como en los departamentos y municipios. Igualmente, este organismo continuó proporcionando a la MOE UE la información y documentación solicitada y concediendo reuniones con el personal directivo y técnico, al tiempo que facilitó la observación directa de las actividades electorales, tanto a nivel nacional como en los departamentos y municipios”.

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