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A 12 días de la primera vuelta de la elección presidencial el ambiente político se percibe más caldeado que nunca, la feria de rumores se acrecienta cada vez más y los ataques y las denuncias entre las campañas parece ser lo cotidiano. Rumores como el que puso a rodar el senador Rodrigo Lara, quien aseguró que supuestamente existe un plan desde el Gobierno para intentar aplazar la jornada del 29 de mayo, incluyendo la suspensión del registrador nacional, Alexánder Vega. “Hay rumores en el Congreso, porque se ve mucha presión en unos sectores políticos para suspender o pedir, básicamente, que se remueva de su cargo al registrador (...), faltando dos semanas para los comicios esto puede ser muy perturbador”, afirmó.
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Según Lara, ello implicaría el nombramiento de un registrador ad hoc, que llegaría para pedir posponer los comicios en marcha: “Cuando llega un ad hoc en víspera de las elecciones, perfectamente puede alegar que los ensayos, los escrutinios o los modelos funcionan mal. Y a partir de esto se buscaría un aplazamiento”, explicó, aunque recalcó también que no cree que el Gobierno se atreva a tanto: “Me resisto a creer que eso sea posible, pero sí vemos una presión muy grande por parte de los amigos del Gobierno para que se tomen medidas y se remueva o se suspenda al registrador”, agregó.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, les salió al paso a las afirmaciones de Lara, aclarando que, dado el caso, el Gobierno no tiene nada que ver con una posible suspensión del registrador, pues ese es un tema de la competencia de la Procuraduría. Y que tampoco tendría competencia para incidir en la designación de una cabeza temporal en la Registraduría. “Bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, eso sería inconstitucional”, aseguró. Ahora lo cierto es que las insinuaciones entran a alimentar todas las dudas y desconfianzas que rodean el proceso electoral, tras lo sucedido el 13 de marzo con los líos en los escrutinios. De hecho, las denuncias de la bancada oficialista sobre un supuesto fraude siguen, con el pedido de que Vega salga del cargo por una posible falta de garantías.
Ahora último, fue el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, el que tomó la batuta de dichos reclamos. En la noche del lunes sacó un duro comunicado en el que, sin dudarlo, habló de un fraude electoral. “Registraduría alteró resultados de elecciones del 13 de marzo a favor del Pacto Histórico”, fue el título de la declaración, en la que llegó a decir, sin asomo de dudas, que hay evidencia “con prueba técnica, de la manipulación e intervención indebida del software de la Registraduría en el escrutinio”. Afirmación soportada solo en el informe de una organización llamada Colombia Transparente.
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En el texto en cuestión, de cerca de 95 páginas, se busca sustentar un supuesto fraude fundamentado en el aumento de votación que tuvo el Pacto Histórico entre el preconteo y el escrutinio. En este sentido, habla de supuestas pruebas de que los jurados de votación llegaron a votar doble y que, presuntamente, desde la Registraduría los habrían impulsado a hacer este tipo de acciones ilícitas. El texto se basa en los aumentos de los votos entre distintas partes del escrutinio y vuelve a sacar a relucir el tema de Indra, para sugerir posibles vicios en esta parte del conteo oficial de votos. Incluso habla de “aumentos injustificables” entre el paso del escrutinio departamental y nacional, donde se pasa del software de Disproel al de Indra. Sin embargo, llama la atención que en ningún momento se habla de las posibles irregularidades causadas por el formato E-14 y tampoco se remite a las actas de cada mesa para probar que sus aseveraciones de aumento injustificado son como aseguran.
Más allá de evaluar la validez o no del informe, lo llamativo es la organización que lo redacta. Colombia Transparente apenas comenzó a existir el año pasado y en sus redes sociales son bastante comunes las manifestaciones a favor de Federico Gutiérrez. No tiene director, ni junta directiva, ni nadie que se haga responsable de la información que publican. Es más, en su página web aparecen varios de sus aliados, que en su gran mayoría vienen del uribismo o de organizaciones de derecha y ultraderecha. Incluso, entre estos figura una organización que asevera ser una “alternativa a la Comisión de la Verdad”: Corporación Comisión Civil por la Verdad Colombia. Es precisamente este informe el que refiere un supuesto fraude electoral y ha sido usado por sectores políticos y algunos medios para decir que el 13 de marzo no hubo simples irregularidades, sino un “concierto para delinquir”.
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Veedurías independientes, como lo es la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) han reconocido las irregularidades que se vivieron ese día, pero se han alejado del discurso de un posible fraude. En el caso de la veeduría nacional, incluso su directora Alejandra Barrios comentó en una sesión en el Congreso, este martes, que lo que había ocurrido en esa jornada electoral se podía catalogar como una tormenta perfecta, ante varias omisiones e irregularidades por parte de la Registraduría, pero se alejó de los señalamientos de acciones criminales. En el caso de la observación internacional, esta ha dicho que no encontraron elementos que puedan hacer pensar que hubo un fraude generalizado, como afirman algunos.
Lo interesante es que estas dudas frente al proceso electoral vuelven a salir justo a dos semanas de la primera vuelta presidencial y, en este caso, abanderadas por los sectores oficialistas. Precisamente ayer, en la sesión de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento Electoral, algunos representantes de los partidos Conservador y Centro Democrático llegaron a poner sobre la mesa la tesis de que se debía pedir que hubiera un aplazamiento de los comicios “por no tener las garantías suficientes”. Para congresistas de la oposición, los recientes señalamientos y esa solicitud viene siendo una ambientación para buscar aplazar las elecciones. Sin duda, un juego peligroso en esta recta final de la campaña, donde lo que se requiere es rodear de legitimidad el proceso electoral colombiano.