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Amenazas contra Paloma Valencia reviven discusión sobre seguridad a 50 días de elecciones

La imagen de la candidata del Centro Democrático en una corona fúnebre fue rechazada por Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y el gobierno Petro. Estos hechos ponen nuevamente la lupa sobre el resguardo para la primera vuelta.

Johan Sebastián Pérez Pinilla

12 de abril de 2026 - 09:10 p. m.
Paloma Valencia denunció amenazas contra su vida. Gobierno Petro señaló que las garantías para los aspirantes presidenciales están dadas.
Foto: Archivo Particular
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Una corona exequial (ver imagen) con el nombre de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, acompañada del mensaje “descansa en paz”, revivió la discusión sobre las garantías de seguridad en el proceso electoral cuando faltan menos de siete semanas para las votaciones de la primera vuelta presidencial. Este es un caso que se suma a diversas denuncias sobre hechos violentos que podrían alterar el curso de los comicios a celebrarse el próximo 31 de mayo.

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Valencia, Abelardo de la Espriella e incluso, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, han alertado por amenazas y otras situaciones que podrían ensombrecer la campaña. El Gobierno aseguró tener todas las herramientas en marcha para la protección de los candidatos.

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En paralelo, el partido del uribismo también denunció que otra de sus sedes de campaña fue vandalizada tras un acto de proselitismo desarrollado en Santander y liderado precisamente por su aspirante presidencial. Esto ya había sucedido con la sede de esa colectividad en Neiva (Huila) y también en febrero cuando en medio de un evento fue arrestada una funcionaria del Inpec con un arma de fuego y varios cartuchos sin su respectivo permiso en el municipio de Honda, Tolima.

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Este hecho no es menor, pues en junio del año pasado el senador y entonces precandidato presidencial por ese mismo partido, Miguel Uribe Turbay, fue baleado en Bogotá en medio de un acto de campaña. Dos meses después del atentado perdió la vida en la Clínica Santa Fe y todas las pistas, según la Fiscalía, apuntan hacia las disidencias de alías Iván Márquez.

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Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Al respecto, Valencia aseguró que “las garantías de este gobierno son solo para su candidato, el mismo que se apoya en la criminalidad”. Ese mensaje fue respaldado por el líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma”. Además cuestionó “¿por qué hay redes que se prestan para esto?”.

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En misma línea candidatos como Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e, incluso, el propio Iván Cepeda, rechazaron las amenazas de las que fue víctima la candidata uribista. Este último remarcó su rechazo a “las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”. “Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”, dijo.

Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro fueron inicialmente dos figuras las que se pronunciaron. De un lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el Ejecutivo ha “brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”.

El jefe de la cartera política ha sido el encargado de liderar los procesos electorales y las diferentes comisiones para el análisis y seguimiento de las alertas en medio de la campaña. Es más, una vez tomó forma el tarjetón presidencial, Benedetti convocó a la primera reunión para establecer las medidas con las que se garantizaría la protección de los 14 aspirantes a la Presidencia que se inscribieron formalmente. En ella resaltó la labor que han tenido con esta Comisión extendiendo la protección de los candidatos siete meses antes en un ejercicio que, según afirma, nunca había sucedido en Colombia.

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Desde que cerraron las inscripciones presidenciales el 13 de marzo, el Ministerio del Interior convocó a dos comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE). El primero fue el día 17 en el que esa cartera aseguró que se brindarían todas las garantías de seguridad tanto a los aspirantes a la Presidencia como a sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. El segundo tuvo lugar el 26 de marzo y permitió “un análisis detallado de los esquemas de protección asignados a cada aspirante presidencial, con el objetivo de identificar riesgos, ajustar medidas y responder de manera oportuna a los desafíos en materia de seguridad electoral”.

En esa labor la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha enfatizado que para esta campaña los recursos fueron insuficientes debido al despliegue logístico para la protección de las precandidaturas. En total fueron 77 precandidatos presidenciales los que obtuvieron esa protección, muchos de ellos que avanzaban por recolección de firmas o procesos internos de algunos partidos. Por ejemplo, Valencia, De la Espriella, María Fernanda Cabal o Vicky Dávila, entre otros, vieron un robustecimiento de sus medidas de seguridad tras el atentado de Miguel Uribe Turbay.

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Fueron 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 convencionales que se dispusieron para esos casos. Pero ya con el curso presidencial más definido son “100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales” que protegen a 13 candidaturas, según aseguró el ministro Benedetti. “Además, se ha garantizado la seguridad en sus desplazamientos de campaña en todo el territorio nacional, con acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada”, agregó.

Otra cartera que también se pronunció luego de estos hechos fue la encabezada por el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez. Según declaró el ministro de Defensa, “la Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”. Además extendió una recompensa de hasta COP 1.000 millones “por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales”.

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La Defensoría del Pueblo también señaló que “en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política”. Además, la entidad en cabeza e Iris Marín Ortiz remarcó que “el “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz” incluye que todas las personas, organizaciones políticas y actores sociales contribuyan a un debate público respetuoso, libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en la contienda electoral”.

El caso Valencia no es único. En las últimas semanas Abelardo de la Espriella ha denunciado un presunto plan para sacarlo de la contienda presidencial. Aunque su denuncia tiene fuertes tintes electorales, acusa que ese plan está ordenado desde la Casa de Nariño al punto de tildar al presidente Gustavo Petro como “jefe de la mafia”. Esas declaraciones llegaron luego de que el mandatario nacional hablara sobre unas interceptaciones realizadas a De la Espriella que, según la versión presidencial, tendrían intereses en interferir con los procesos de producción de pasaportes. El caso también se encuentra en revisión por parte de las autoridades.

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Pero este tipo de denuncias también están desde la orilla oficialista. Semanas atrás el Pacto Histórico que avala a Iván Cepeda denunció un ataque a su sede política en Flandes (Tolima). Y en las últimas jornada ha sido el propio Cepeda el que denunció acciones en contra de su campaña para evitar actos proselitistas.

En esas acusaciones, también con evidentes tintes electorales, el candidato acusó que el uribismo estaría bloqueando vías para torpedear su campaña en Santander. “se intentó impedir que yo llegara hasta esta plaza para encontrarnos en este nuevo multitudinario acto en Pitalito y tampoco lo lograron. Nada ni nadie impedirá que el próximo 31 de mayo sellemos nuestro triunfo en las urnas, compañeras y compañeros”, dijo.

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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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