Pese a que el Gobierno, la Registraduría y los órganos de control aseguran que las elecciones de 2026 están “blindadas” en materia de orden público, en los partidos y las campañas hay desconfianza frente a las medidas de protección y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos en regiones donde delinquen grupos armados y organizaciones criminales que buscan influir en el pulso político.
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Las inasistencias de algunos sectores a las comisiones de seguimiento electoral, la negativa de varios aspirantes a recibir seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hasta el pedido de los congresistas para retirar de sus carros los dispositivos GPS son muestras de ese recelo por la gestión del Ejecutivo en materia de elecciones. Con el objetivo de menguar esas preocupaciones, las cúpulas de varias entidades se reunieron dos veces en menos de 48 horas para analizar el plan interinstitucional que les ayude a enfrentar esos retos.
El martes, el escenario fue la Procuraduría, donde la Comisión de Control Electoral se citó para estudiar el progreso del Plan Democracia. El procurador general, Gregorio Eljach; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el registrador, Hernán Penagos; y altos mandos militares tuvieron una “sesión de trabajo intensa” en la que ratificaron que hay tranquilidad de cara a los comicios del 8 de marzo y del 31 de mayo por las recientes experiencias de las elecciones atípicas, de consejos de juventud y la consulta del Pacto Histórico. Todos los asistentes señalaron que sus entidades se vienen preparando adecuadamente y están sintonizadas en trabajar por la consigna de “paz electoral”.
El registrador Penagos resaltó que la tarea está en fortalecer la confianza ciudadana en medio de la polarización y en los desafíos de ciberseguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión de datos y los escrutinios. Para el tema de seguridad informática, la Registraduría contrató por COP 41.000 millones a la empresa UNE EPM Telecomunicaciones; mientras que para la logística destinó COP 2,1 billones para un consorcio integrado por Thomas Greg & Sons y, para la divulgación de los resultados, firmó un convenio de COP 47.000 millones con la firma española Indra.
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Eso sí, Penagos reconoció que no se puede descuidar el despliegue logístico para la instalación de los 13.508 puestos de votación en todo el territorio nacional, especialmente en los 104 municipios que, de acuerdo con el Gobierno, necesitan medidas más precisas para garantizar el derecho al voto libre.
Este miércoles, sin embargo, en la otra reunión de alto nivel para tratar el mismo tema, que se llevó a cabo en el Congreso, el ambiente fue menos optimista. En el despacho del presidente del Senado, el liberal Lidio García, se encontraron el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la UNP, Augusto Rodríguez; y los voceros de varias colectividades para revisar la seguridad de los congresistas y candidatos a llegar a esta instancia de poder.
Varios de estos últimos reclamaron, una vez más, por las posibles falencias en sus esquemas y volvieron a traer a colación el asesinato de Miguel Uribe y las recientes denuncias de atentados contra los congresistas Temístocles Ortega y Julio César Triana, ambos de la bancada opositora de Cambio Radical. A estos casos se sumaron los de los atentados y amenazas a los gobernadores de Arauca, Caquetá, Chocó, Santander y Cauca.
Algunos incluso pidieron prestarle mayor atención a declaraciones como las de alias Iván Mordisco, jefe de una facción disidente de las Farc, que hace algunos días habló de posibles impactos violentos en las elecciones. “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, aseguró.
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El ministro Benedetti les respondió que el esfuerzo de la administración en la materia es “bastante grande”, pues, explicó, se ha movilizado a 30.000 efectivos de la fuerza pública y a más de 600 nuevos escoltas para los equipos de los candidatos. Por otra parte, señaló que los posibles ataques contra los legisladores de Cambio Radical habrían sido intentos de hurto a sus camionetas blindadas, razón por la cual también señaló que es complicado plantear el retiro de los GPS de dichos vehículos.
Varios de los congresistas asistentes al encuentro le dijeron a este diario que no salieron conformes porque no se discutieron temas de fondo y, además, porque la reunión se llevó a cabo simultáneamente con la plenaria del Senado, lo que llevó a muchos a salir y entrar en varias ocasiones. Sin embargo, todos dejaron sobre la mesa sus principales dudas en materia de violencia y orden público en el marco de los comicios.
Las alertas por la seguridad de las elecciones
Como lo reveló El Espectador este fin de semana, las autoridades tienen reportes de 369 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales solo en lo que va corrido de este año, una cifra que podría aumentar porque, según el Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral, los casos siempre tienden a aumentar en el periodo de inscripción de candidaturas.
El 25,75 % de los hechos ocurrieron en zona rural, lo que ha llamado la atención de las autoridades, particularmente por la campaña que se avecina en los territorios PDET por las 16 curules de paz. Así mismo, la lupa está puesta sobre los cuatro departamentos más afectados: Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá, que sumados tienen el 40 % (150 hechos) de las agresiones.
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Las cifras también hablan de 104 agresiones contra funcionarios electos en las elecciones territoriales de 2023, 20 contra funcionarios electos en las legislativas de 2022 y tres contra consejeros de juventudes. Al desagregar los datos se produce otra alerta por la afiliación política de las víctimas, pues los más afectados hacen parte del Centro Democrático, con 26 reportes, seguidos por el Partido Conservador (14), el Partido Liberal (14), Cambio Radical (9) y el Pacto Histórico (9).
La presencia de grupos armados en buena parte del territorio y sus acciones violentas son otros factores analizados en profundidad en las reuniones sobre garantías electorales. Las autoridades han reportado cerca de 2.159 hechos protagonizados por estas organizaciones, de los cuales 1.835 son acciones armadas y 324 amedrentamientos. Las acciones ya incluso superaron el número total registrado en 2024 (2.154).
Por todo este contexto, hay seis regiones con alerta especial por las posibles afectaciones a los puestos de votación: Catatumbo, Arauca, bajo cauca antioqueño y sur de Bolívar, sur del Chocó, Valle del Cauca y Cauca y el sur de Meta y Guaviare. En varias de estas zonas se han presentado ataques directos contra dirigentes, pero también “demostraciones de poder” con atentados con drones y explosivos y amenazas como la de alias Iván Mordisco.
Desde las candidaturas, los órganos de control y veedurías piden trabajar en tres puntos inmediatos: actualizar el Plan Democracia, recuperar la confianza entre candidatos y Estado y reevaluar los esquemas de seguridad para no solo basarse en el número de escoltas, sino en las necesidades puntuales de partido, campaña o candidato.
Además del diálogo fracturado entre oficialismo y oposición, el principal reto de la seguridad electoral es el de los recursos, pues las diferentes entidades del Gobierno han dicho que no hay suficiente dinero para darles carros y escoltas a todos los candidatos y políticos. De hecho, la Corte Constitucional ya regañó a la UNP por el bajo monto que recibió del presupuesto para dicha área. El tema incluso está bajo revisión de la Procuraduría.
Aun así, se han dado movidas contractuales. En los últimos tres meses se han publicado convocatorias públicas para el arrendamiento de vehículos convencionales y blindados. El único que ha sido adjudicado es el de vehículos blindados, que asciende a COP 30.100 millones y finaliza el 31 de diciembre de este año. Hay dos más, uno por COP 18.000 millones y otro por COP 12.500 millones en etapa de observaciones.
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