La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes realizará una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de las denuncias del candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, por posibles interceptaciones a sus comunicaciones. El caso fue llevado a esta sala tras varias afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro.
Así quedó definido en numerosos oficios y documentos remitidos desde la mesa directiva de esa Comisión, que preside la representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico). Esa célula, además, entregó un oficio al director de esa entidad, René Guarín, para establecer si existen informes, órdenes de operaciones o misiones de trabajo que tengan relación con presuntas interceptaciones a la comunicaciones del presidenciable.
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Este caso inició luego de que el propio presidente Gustavo Petro hablara en sus redes sociales, en el marco de la discusión por las demandas al nuevo modelo de pasaportes y su contratación, que existen “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella”.
Esa afirmación desató una serie de denuncias por parte de la campaña del candidato, quien insistió que esto constituye “una chuzada ilegal”. Por lo mismo, su equipo de abogados encabezado por el jurista Germán Calderón España remitió un oficio a la Comisión de Acusaciones que ya puso en marcha este proceso.
Serán dos inspecciones de forma simultánea a las sedes del DNI en Bogotá. Allí, según pudo saber El Espectador, ya fueron decretadas las pruebas y se “ratificó la denuncia con el doctor Germán Calderón”, procedimientos necesarios para dar continuidad con este proceso.
Bajo este línea, la Comisión pretende establecer si existen “alguna sala de interceptación ilegal”. Además, también serán llamados a rendir declaratoria varios funcionarios de la administración Petro entre ellos, el ya mencionado René Guarín, actual director del DNI, o Wilmar Mejía, quien a principios de abril renunció a esa entidad en donde era encargado de la Dirección de Inteligencia Estratégica. Su participación en este caso se debe a que el propio Mejía aseguró, una vez estalló este escándalo, que “un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente Gustavo Petro, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga”.
Ahora bien, en ese mensaje del 6 de abril Mejía afirma que Petro tuvo una “ligera imprecisión: en vez de escribir “orden judicial”, escribió “información de inteligencia”. La imprecisión no minimiza la gravedad de lo sucedido". Aún así, desde la Fiscalía se negó que hubiese en curso una orden en este sentido contra las comunicaciones del candidato.
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Cabe señalar, además, que Mejía se encuentra en el centro de la controversia por presuntos vínculos con las disidencias de alías Calarcá, esto tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre los chats de los computadores del líder criminal que fue arrestado y posteriormente liberado a mediados de 2024.
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