El Consejo Nacional Electoral (CNE) prendió las alarmas por incumplimientos a la ley de encuestas (Ley 2494 de 2025) tras haber “identificado deficiencias metodológicas relevantes” en estudios de opinión difundidos en los últimos meses. Se trata de la primera vez que el órgano electoral, a través de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, se pronuncia al respecto.
En el comunicado, firmado por el presidente del CNE, Cristian Quiroz, y el vicepresidente Alfonso Campo, se explica que esas falencias están en aspectos como “el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste”. En esa misma línea, el órgano insiste en que esto compromete “la representatividad” y “la capacidad de generalización de los resultados”.
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“Prácticas como encuestas en redes sociales, formularios abiertos, votaciones digitales voluntarias, paneles en línea no probabilísticos o mecanismos de reclutamiento digital sin control metodológico constituyen sondeos y su difusión está prohibida. Presentarlos como encuestas no solo induce a error, sino que vulnera la normativa vigente”, se lee en la misiva.
Incluso, hace una aclaración sobre las encuestas telefónicas. En ese punto, indica que “su validez depende de que el marco muestral represente efectivamente la población habilitada para votar”, pero insiste en “las limitaciones en cobertura y tasas de respuesta” que implican que estos deben “demostrar rigurosamente su representatividad.
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El CNE hizo un llamado a los medios de comunicación, a los que recordó que deben abstenerse de divulgar “estudios sin sustento metodológico verificable o que no provengan de firmas debidamente registradas, así como de publicar sondeos de intención de voto”. ¿La razón? Esa información “puede desinformar al electorado, afectar la equidad de la contienda democrática y dar lugar a las sanciones correspondientes”.
“Reitera a las firmas encuestadoras que el cumplimiento de las obligaciones técnicas, de transparencia y de auditoría es una condición esencial para garantizar la confianza pública en sus resultados. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear consecuencias como multas, la suspensión temporal del registro, la cancelación de la habilitación para operar y las responsabilidades legales correspondientes”, indica el órgano en su advertencia institucional.
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La contienda presidencial ocurrirá en poco más de 40 días, el 31 de mayo. Son 13 los candidatos los que están en el tarjetón, con figuras como Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional y Firmes por la Patria, por firmas) y Paloma Valencia (Centro Democrático) han encabezado las encuestas de intención de voto.
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