La pelea por las finanzas públicas ha aumentado las tensiones en todas las esferas políticas. Choques del presidente Gustavo Petro con el Banco de la República, con las altas cortes por la caída de los decretos de emergencia económica y con el Congreso encendieron las alarmas sobre la erosión que puede sufrir una institucionalidad que no para de ser criticada. Y todo en medio de un presupuesto vigente para 2026 que tiene un hueco de COP 16 billones.
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A esa tensión se le suma la sombra de un nuevo intento de tramitar una reforma tributaria, que el Legislativo recibe con la guardia en alto, a dos meses de terminar su periodo y con pocas posibilidades de que logre avanzar. ¿Cuál es la intención? Darle más fuerza a la campaña electoral con la que la Casa de Nariño busca incidir para que su proyecto se mantenga en el poder.
Sin embargo, esa movida aún no tiene fecha clara. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó en manos de su par de Hacienda, Germán Ávila, la responsabilidad de gestionar ante el Legislativo esa iniciativa. Pero ni en la Casa de Nariño ni en la oficialidad que acompaña al Ejecutivo desde el Congreso han hablado del contenido de ese proyecto; incluso, hay dudas en torno a si el foco será fondear los COP 16 billones que le hacen falta al presupuesto o intentarán pasarla con un monto más alto.
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Y ahí entra la disputa política. La oposición, que exige una reducción en los gastos del Estado, echó mano de un reciente informe de la Contraloría, en el cual se reveló que la ejecución del presupuesto —tasado en COP 546,9 billones— tiene una baja ejecución durante el primer trimestre del año. Según el organismo fiscalizador, ese ítem va en el 20,3 % en relación a los rubros de funcionamiento, deuda e inversión; este último es el más rezagado: 11,27 % ejecutado.
De hecho, los dos candidatos más fuertes de la derecha, Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), aumentan sus críticas a este panorama usando otra cifra oficial. De acuerdo con un reporte que el Dane presentó en febrero pasado, la tasa de desempleo cayó al 9,2 %, la más baja para el segundo mes del año desde 2001.
Pero, y ahí está la nuez de la confrontación electoral, el grueso de los nuevos empleos está en la administración pública, los sectores de defensa, educación y salud. Esto, según los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño y que son contradictores de la actual administración, indica que es el Estado el que más está desembolsando recursos, pese a sus propias alertas de falta de fondos. En eso y otros aspectos justifican su petición de reducir gastos.
Sin embargo, desde la Presidencia defienden sus acciones a nivel económico, ya que, como dijo el propio Petro esta semana, no solo se ha logrado bajar el desempleo –aunque hay un alto índice de informalidad (55,3 %)—, sino que la pobreza multidimensional bajó a 9,9 % en 2025, 1,6 puntos porcentuales menos que el año anterior.
Incluso, el candidato del continuismo, Iván Cepeda, dejó claro en varios apartados de las 433 páginas de su plan de gobierno que las medidas adoptadas por Petro deben profundizarse en el siguiente cuatrienio. Eso implica potenciar el gasto social, precisamente una de las banderas que enarbola el actual jefe de Estado.
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A estas complicaciones que se metieron de lleno en la contienda electoral, se suma otro punto que desde ambos bandos están usando. En efecto, el tamaño de la deuda pública es de COP 1.238 billones a febrero de este año y, según las cuentas oficiales, para garantizar su pago se está reduciendo la inversión desde el Estado para asegurar los rubros que se requieren para cubrirla.
Jenny Lindo, contralora delegada para los temas económicos, le explicó a este diario que existe “un inminente riesgo de pérdida de recursos o de desequilibrio fiscal” derivado del manejo que le ha dado el Gobierno a la deuda pública. Dijo que esto se explica porque habría una subida del 49 % en el dinero destinado a pagarla, lo que contrasta con reducciones del 6 % precisamente en la inversión. “En la medida en que se adquieran más deudas, pero a su vez no se aumente la inversión, hay un desafío natural: que el país se esté endeudando más y esté invirtiendo menos. El Ministerio de Hacienda debe tomar las acciones correctivas necesarias para evitar que este riesgo se materialice”, precisó.
Vea el informe ejecutivo de la Contraloría:
Este debate no es menor. La razón es que los contradictores del oficialismo critican ese endeudamiento como una posible “bomba” que podría estallarle al siguiente Gobierno en torno a la capacidad de pago, pero el Ejecutivo y sus aliados sacan pecho de sus decisiones porque han servido para ejecutar sus políticas sociales, especialmente en materia de igualdad para sectores vulnerables. Mientras desde la derecha fustigan esta estrategia, desde la izquierda la muestran como logro.
Es por todo esto que las movidas que ejecuta el ministro Ávila por instrucción del presidente Petro se vuelven más relevantes. El funcionario, uno de los más cercanos al actual mandatario y el cuarto en llegar a ese puesto en esta administración, es el encargado de mediar con el Congreso para poner en marcha un proyecto sin ambiente. Incluso, como es casi un hecho que esa tributaria no prosperará en el Capitolio, ya tiene la orden directa del jefe de Estado para “recortar el gasto”, pero sin tocar lo social. Lo que han dicho a lo largo de esta semana, tanto en escenarios electorales como gubernamentales, es que habría un tijeretazo en varios frentes.
Advertencia de la Contraloría al Ministerio de Hacienda:
Esto se aplicaría, entre otros rubros, al pago de tasas de interés relacionadas con la deuda pública y los contratos en vías 4G y 5G. En palabras del presidente y de su candidato, lo que buscan es tocar a los estamentos “más pudientes” de la sociedad.
“La alta inflexibilidad del gasto” del presupuesto general está especialmente en lo relacionado con el funcionamiento, lo que repercute en el pago de la deuda. Esta tesis está en el informe de la Contraloría que usó la oposición para meter el tema de las finanzas públicas en la campaña. En ese documento también se indicó que, si bien se logró una “reducción del nivel de la deuda en proporción al Producto Interno Bruto (PIB)”, hubo “costos asociados referentes al incremento del servicio de la deuda en el componente de intereses”.
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No obstante, desde las campañas de oposición se advirtió que la contratación pública en funcionamiento reportada en 2025 ha sido la más alta en lo que va de esta administración, con COP 57,7 billones. Además, la Contraloría alertó que –de la asignación de ese monto– “el 62 % se realizó mediante contratación directa, el 17 % en selección abreviada y el 13 % en licitación pública”. Previamente, el reporte había sido de COP 40,3 billones (2024), COP 53,5 billones (2023, el primer año oficial del gobierno Petro y el de las elecciones regionales) y COP 25,4 billones (contados a partir del 8 de agosto de 2022). Con corte del pasado 15 de marzo, este año van COP 10,5 billones.
“En órdenes de prestación de servicios por contratación directa entre agosto del 2022 y marzo del 2026 se celebraron 118.828 contratos por cerca de COP 8 billones, un incremento del 32,6 % frente al cuatrienio anterior [el de Iván Duque]”, indicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez en la presentación del informe sobre el balance de las finanzas del Estado.
En ese punto, indicó que las entidades nacionales con mayor contratación bajo esta figura son el SENA (168.522 contratos por COP 6,45 billones), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (56.541 contratos por COP 2,66 billones), y la Agencia Nacional de Tierras (34.494 contratos por COP 1,4 billones) cuyas cuotas políticas con cercanía a figuras como el mismo director Felipe Harman y la familia Caicedo han sido denunciadas por El Espectador.
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Aquí entra en juego otro punto que está siendo “explotado” en el debate electoral por la oposición, aunque el oficialismo lo defiende como una medida para garantizar la atención a los más vulnerables. En el mes previo a la entrada en vigencia de la ley de garantías (que rige desde el 31 de enero) creció exponencialmente la contratación en entidades a nivel nacional y en el servicio diplomático.
Los organismos de control dijeron que solo en enero pasado se firmaron contratos directos por más de COP 14 billones, casi el doble de lo firmado en el mismo periodo previo a la ley de garantías durante la presidencia de Iván Duque, cuando ese rubro llegó a COP 8 billones. Por todo esto, la Procuraduría de Gregorio Eljach creó un “grupo élite” para verificar si esos rubros se desviaron hacia asuntos proselitistas, pero aún no se reportan resultados.
¿En todo esto cómo encaja la pelea casada con el Banco de la República? Como entidad encargada de la política monetaria ha hecho las mismas advertencias sobre el alto gasto de funcionamiento sin un nivel de ingreso similar que permita equilibrar el erario. Por eso, el presidente Petro y su ministro Ávila llevaron a la junta al terreno electoral al criticar las subidas de las tasas de interés, medida que busca contener efectos inflacionarios derivados de medidas del Ejecutivo, calificando a sus miembros de “fascistas” y de “uribistas” que supuestamente son “enemigos del pueblo”.
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“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional. [...] La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”, dijo recientemente el jefe del Palacio presidencial.
Eso llevó a que el gerente del Banco, Leonardo Villar, le exigiera respeto sobre la entidad, sus miembros y sus decisiones. Le pidió “bajar los ánimos y el lenguaje”, algo que la Casa de Nariño y la campana de Cepeda contestaron con más confrontación.
Vea la respuesta del Banco de la República a Comisión Cuarta del Senado sobre tasas de interés:
Pero desde varios sectores salieron a defender la institucionalidad. En una de sus columnas en este diario, el exviceministro técnico de Hacienda Gonzalo Hernández —quien salió de ese cargo casi a la par que el primer jefe de esa cartera en el “Gobierno del cambio”, Jose Antonio Ocampo— afirmó que se trata de “un ataque sistemático al marco institucional con el objetivo de ganar respaldo popular en medio de la polarización”; y, al mismo tiempo, de una forma de evadir “la responsabilidad del Ejecutivo por las consecuencias macroeconómicas de los altos niveles de déficit fiscal y endeudamiento”.
Lo cierto es que el rompimiento de la Presidencia con el Banco de la República, pues el ministro de Hacienda dijo que no volvería a las juntas, tiene consecuencias directas en su operatividad: para completar el quorum se requiere la presencia de ese funcionario. En pocas palabras, sin Ávila, no podrían sesionar ni tomar decisiones de fondo.
El golpe al debate electoral
Todo esto ha impactado en torno a la discusión por la primera vuelta del 31 de mayo. El poder, la austeridad y el control de la economía han sido la línea en la que los candidatos plantean sus propuestas para asumir las finanzas públicas. Las cinco candidaturas que van punteando en las encuestas –Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo– coinciden en que es necesario poner mayor atención al cierre de la brecha entre lo que se recibe y lo que se gasta.
La discusión se da en un momento en el que la Casa de Nariño se juega la reelección de su proyecto político y en el que la intención del presidente se dirige a fortalecer las bases que lo llevaron al poder. Es en este contexto que decisiones como el aumento del salario mínimo al 23,7 %, han jugado a su favor en cuanto a su aprobación en varias encuestas y en la intención de voto que recoge su alfil en el ajedrez presidencial.
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Desde la derecha, la propuesta se inclina por la reducción del Estado. Por ejemplo, De la Espriella plantea su reducción en al menos un 40 % de su tamaño, acudiendo a recortes en el gasto público, la eliminación de entidades, el pago de subsidios y otros frentes. Y Valencia, por su parte, esboza una reducción de 19 a solo 11 ministerios vía fusión de carteras.
Y entre quienes buscan representar el denominado centro político, como Claudia López, se habla de reducciones paulatinas de impuestos para dinamizar la economía. Por su parte, Sergio Fajardo propone reducir subsidios de combustible y gastos administrativos, entre otras cosas, pero que no vayan con medidas de choque que terminen paralizando al Estado.
Cepeda, quien ahora enfocó su campaña en intentar una victoria en primera vuelta, planteó un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción para perseguir, juzgar y sancionar a los aparatos criminales que saqueen al Estado. Incluso, habló de una “austeridad republicana”, con el fin de reducir los gastos suntuarios (no sociales), los altos salarios y los privilegios del alto Gobierno, cosas que en todo caso se ven, con matices, en el presidente de Petro.
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En medio de estas discusiones es que las seis semanas que restan para la primera vuelta cada vez se tornan más polarizadas, pues cada fricción ideológica se vuelca a una defensa más férrea del modelo de Estado que propone para garantizar su victoria en urnas. La expectativa está en hasta dónde resistirá el erario y las políticas públicas que lo rodean en medio de una campaña en la que, independiente de quién gane, recibirá un complejo escenario de desfinanciación y alerta de estancamiento.
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