No solo las encuestas, los choques entre candidatos y los debates agitan la campaña presidencial de primera vuelta. A 26 días de la apertura de las urnas, los expedientes administrativos del Consejo Nacional Electoral (CNE) también entran en el juego y tienen a varias orillas políticas siguiendo cuidadosamente su desarrollo en esa entidad.
Como lo contó El Espectador, las dos campañas involucradas son las que representan los candidatos Iván Cepeda (Pacto Histórico) y el abogado Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria), cuyas movidas están siendo verificadas por el CNE. En cuanto al primer caso, al abanderado del petrismo le toca responder por “presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la consulta”, esto en referencia al mecanismo con el que resultó electo candidato en 2025.
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El caso se desprendió de varias peticiones para investigar la financiación de esta candidatura, entre las que se cuentan las elevadas por el exconcejal conservador de Cali Juan Martín Bravo, el senador “Jota Pe” Hernández (Alianza Verde) y el exministro de Justicia Wilson Ruiz; este último parte de la campaña de De la Espriella.
En esa contienda, el senador ganó con más de 1,5 millones de votos y, según su reporte en la plataforma de Cuentas Claras, gastó cerca de COP 964 millones, derrotando a su entonces contendora, la exministra Carolina Corcho, hoy senadora electa. Una de las peticiones que llegó al CNE habla de la necesidad de una investigación porque “estuvo muy a ras del tope electoral; aunque no se lo pasó, hay varias inconsistencias. Entre ellas está que el dueño de Samat ha salido a manifestar que él no tiene nada que ver con Cepeda, pero aparece como donante. Y esta empresa que tiene un capital de cero pesos sale a donarle COP 600 millones”. Desde el Pacto Histórico niegan cualquier irregularidad.
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Por otro lado, el caso que envuelve a De la Espriella tiene que ver con la solicitud de la revocatoria de su candidatura por posibles irregularidades en la recolección de los 5 millones de firmas que presentó para viabilizar su aspiración.
Fuentes del CNE le dijeron a este diario que hasta este 4 de mayo no hay ninguna indagación administrativa caminando que toque a alguno de los otros 11 aspirantes presidenciales. Según el expediente, quien denunció reclamó que la campaña habría radicado “de mala fe documentos falsos y firmas de apoyos que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos registrados en los formularios”, señalando que estas conductas podrían “encuadrar en delitos como falsedad en documentos públicos, fraude procesal y concierto para delinquir”.
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El organismo electoral le pidió a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría que en un máximo de cinco días hábiles –contados desde la semana pasada– le remita copias de los formularios E-6P y E-8P de la inscripción de esa candidatura. Además, exigió copia de la certificación del número total de firmas entregadas por la campaña. Entre tanto, el abogado respondió con un mensaje en sus redes sociales: “Mi candidatura presidencial está en firme”.
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