Cada cuatro años hay una frase que se repite en los programas de gobierno presidenciales: convertir a la Orinoquia en la despensa de Colombia. Esta región ya contribuye con la seguridad alimentaria del país, pues produce cerca del 30 % de los productos agrícolas nacionales. Pero más allá de fortalecer cultivos de soya, arroz y ganadería extensiva, pocos programas parecen preguntarse qué necesita realmente una región atravesada por el conflicto, la concentración de tierra y la disputa por el territorio.
Para saberlo, basta leer con cuidado lo que proponen las cinco candidaturas con mayor intención de voto. El resultado es un mapa de una región pensada sobre todo, desde el desarrollo agroindustrial y ganadero, con algo de turismo sostenible como complemento.
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Por su parte, Abelardo de la Espriella, propone crear el “Matto Grosso Colombiano”: ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas en la altillanura. La comparación con Mato Grosso no es inocente: ese estado brasileño es también el símbolo de la deforestación del Amazonas, no solo del fortalecimiento agrícola. Trasladar ese modelo a la Orinoquía, deja mucho que pensar sobre cómo lograrlo, ya que debe mediar una consulta previa con pueblos como los Sikuani y los Piapoco, que son cuidadores de la tierra. El no hacerlo, sería inconstitucional.
Sergio Fajardo y Claudia López llegan con unas propuestas más elaboradas, pero con un problema similar: el diagnóstico supera con creces la propuesta. Fajardo habla de un “nuevo polo agro-productivo” y de planes de ordenamiento a través de las RAP. Suena institucional, coherente. Pero Colombia lleva décadas de planes bien formulados que nunca se ejecutaron. Así que sin presupuesto asignado y sobre todo, voluntad política esta propuesta quedaría en el discurso.
Claudia López, por su parte, ofrece la propuesta más completa, ya que rechaza el monocultivo y apuesta por sistemas silvopastoriles reconociendo la necesidad de proteger humedales y morichales. Es atractiva porque contempla un equilibrio entre producción y conservación. Pero es difícil que en cuatro años la región “se consolide como el epicentro agroindustrial” si hoy no hay estabilidad con la vía al Llano y las demás obras de conexión vial con el resto del país.
Pero más allá del modelo productivo, hay una discusión todavía más profunda: quién controla la tierra sobre la que se proyecta ese desarrollo. Sobre ese asunto, Claudia López presenta la apuesta más seria: formalización predial, catastro multipropósito, crédito barato y precio de compra garantizado, con el campesinado como socio y no como subordinados. El catastro ya viene avanzando, lo que da una base real para continuar.
Pero el riesgo de los modelos asociativos en Colombia es que terminan beneficiando a intermediarios más que comunidades. Por esa razón, sin garantías jurídicas sólidas, la formalización puede convertirse en la puerta de entrada a la acumulación de tierras, no en su remedio.
Iván Cepeda hace un diagnóstico más político. Nombra la disputa geopolítica por el agua, los minerales y los hidrocarburos de la Orinoquía. Tiene razón en el diagnóstico. El problema es que no dice explícitamente cómo los Pactos territoriales, como propuesta, cambiarán la dinámica de poder en la región. Incluso cuando la discusión se desplaza hacia recursos estratégicos, el territorio sigue apareciendo más como objeto de disputa económica que como espacio habitado.
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Paloma Valencia, mientras tanto, propone reforestación comercial en los Llanos con apoyo de Finagro. Técnicamente viable, pero lenta, pues los árboles comerciales tardan entre 10 y 25 años. En cuatro años de gobierno se siembra, no se cosecha, y mucho menos se consolida la industria.
Lo que revelan estas propuestas en conjunto es un imaginario persistente. Los Llanos son un espacio para expandir la producción agrícola y ganadera del país. Un territorio pensado para proveer, más que para construir junto a quienes le habitan. En ese marco, asuntos como la formalización y redistribución de la tierra quedan relegados, precisamente porque implican poner límites a la concentración del capital y discutir quién tiene realmente derecho sobre el territorio.
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Gobernar los Llanos exige partir de una pregunta distinta: ¿Qué quieren quienes viven ahí? Mientras esa pregunta no sea el punto de partida, seguiremos viendo propuestas que prometen el futuro de la región sin preguntarle a su gente por el presente.
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Por Sofía Sánchez, Extituto de Política Abierta
