La discusión sobre el tamaño del Estado, la autonomía de las regiones y el manejo de los recursos públicos se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña presidencial de 2026. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada en diciembre de 2024 —la principal bolsa con la que la Nación le gira plata a municipios y departamentos— estableció que esos territorios pasarán del 24% al 39,5 % de los ingresos del país en catorce años.
En muchos municipios el SGP ya es entre el 60 % y el 70 % del presupuesto, así que ampliar su participación no es un ajuste menor: redefine la relación financiera entre Bogotá y las regiones. Pero más plata sin más capacidad para gastarla bien, y sin una discusión sobre de dónde van a salir ingresos propios, es solo más dinero mal gastado. La pregunta que esta campaña no termina de responder es cuál de los candidatos tiene claro cómo hacer que la descentralización mejore la vida de la gente en las regiones.
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Este análisis revisa las propuestas de cinco candidatos —Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda— seleccionados según el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, a partir de documentos de campaña y síntesis de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.
Iván Cepeda propone una Ley de Competencias que reglamente el SGP y defina qué le toca a cada nivel de gobierno, y una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial construida desde las comunidades, con reconocimiento pleno de Zonas de Reserva Campesina, Consejos Comunitarios afrodescendientes y Entidades Territoriales Indígenas. En lo regional sus cifras son las más ambiciosas: el Pacto Territorial del Cauca contempla 205 proyectos en 42 municipios por 27,6 billones; propone pactos similares para Nariño y el Catatumbo, y transformar el Meta —57 % del petróleo nacional— para que sus comunidades dejen de ser, en sus palabras, un cementerio de elefantes blancos.
El problema es que Cepeda hereda un hueco fiscal del 6,4 % del PIB y un gasto de funcionamiento que creció más del 35 % en este gobierno. Sostener esos pactos exige una fuente de financiamiento que el programa no identifica: apuesta a que la reforma al Sistema General de Regalías recupere lo que hoy se pierde en corrupción, esfuerzo que ningún gobierno ha podido cerrar.
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Abelardo de la Espriella propone reducir el Estado hasta en una cuarta parte mediante un recorte inicial de 70 billones y un ahorro permanente del 3,1 % del PIB anual, con el argumento de que al achicar al Estado central los recursos del SGP pesan más en proporción. Su reforma territorial traslada más responsabilidades a departamentos y municipios, junto con desregulación masiva —“una regulación entra y dos salen”— y contratación pública vía blockchain. En lo regional apunta a la Altillanura agroindustrial, la transformación del sistema eléctrico del Caribe, la erradicación de 330.000 hectáreas de coca y 600.000 empleos rurales.
El supuesto crítico es que la inversión privada llegará a los territorios marginados una vez liberada de regulaciones. Pero los mercados no van solos a donde las condiciones son más difíciles: sin infraestructura, seguridad ni gente capacitada, quitar normas no atrae empresas al Chocó ni al Guainía. Tampoco explica cómo los municipios más débiles asumirán nuevas responsabilidades cuando desaparezca con el recorte el acompañamiento técnico del Gobierno nacional.
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Paloma Valencia pone una condición previa a la descentralización: ordenar primero las cuentas. Propone reducir 25 % el gasto de funcionamiento del ejecutivo (38 billones), congelar el 30 % de los contratos de prestación de servicios y pasar de 19 a 12 ministerios, para que luego la inversión regional se asigne en conversaciones amplias con autoridades locales y ciudadanía. En infraestructura rural es la más concreta: Plan Vial Campesino de 35.000 km, internet satelital con paneles solares para zonas sin energía, y restauración de bosques con 60% de la inversión en Amazonía y Chocó biogeográfico.
La secuencia supone que el recorte fiscal no enfríe la economía antes de que el sector privado ocupe el espacio del Estado. En una economía con mucha informalidad y un tejido empresarial frágil, recortar gasto al tiempo que se bajan los impuestos puede frenar la actividad y castigar justo a los territorios más dependientes del SGP. Tampoco especifica cómo los municipios donde el SGP ya pesa el 70 % podrán ejecutar la inversión que propone.
Sergio Fajardo propone fortalecer la relación Nación-territorios mediante acuerdos públicos con alcaldes y gobernadores, con proyectos, cronogramas y seguimiento claros. Documenta brechas: el Chocó tiene cuatro veces menos ingresos por persona que Bogotá, el Guainía cinco veces menos, y el Cauca tendría que duplicar los suyos para alcanzar a la capital. Para cerrarlas plantea planes de ordenamiento productivo por región vía las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), fortalecimiento técnico y fiscal de los municipios rurales, y compromisos concretos: la Transversal del Catatumbo, la segunda calzada Chachagüí–Estanquillo, el Plan Chocó en agua y salud, el reemplazo de Air-e en el Caribe y una planta regasificadora en La Guajira.
El supuesto crítico es que la lucha contra la evasión y el recorte de ineficiencias den la plata suficiente, sin necesidad de cobrar más a los que más tienen. La evidencia internacional sugiere que ese camino tiene techo: sin reforma tributaria de fondo, los ahorros por eficiencia rara vez alcanzan para regiones como el Chocó o el Guainía.
Claudia López centra su propuesta en una crítica al centralismo: Bogotá concentra recursos, capacidades y decisiones que deberían estar en las regiones. Su apuesta principal es transformar el DNP en un Departamento de Planeación Regional, con equipos técnicos escogidos por mérito y organizados por subregiones, para que ningún alcalde tenga que viajar a Bogotá a hacer lobby. A esto suma presupuestos regionales con voto ciudadano vía aplicaciones, libre inversión del SGP (salvo lo de destino legal), un fondo para subregiones y planes por región: energía renovable en el Caribe y La Guajira, Fiscalía Antimafia y cierre de brechas en agua y electrificación para el Pacífico y Suroccidente, autonomía indígena y bonos de carbono en la Amazonía.
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Esta arquitectura supone dos cosas que López no explicita: que el Estado pueda reclutar y retener ese cuerpo técnico regional en cuatro años —algo que no se ha logrado en cuarenta años de descentralización— y un crecimiento sostenido del 4% que respalde el gasto. Sin ese piso, el portafolio regional se queda en una lista de intenciones sin con qué pagarlas.
Lo que la primera vuelta no puede dejar sin responder
La descentralización aparece en todos los programas, pero como complemento de otras propuestas y rara vez como política propia. El debate se reduce a si la plata alcanza, en lugar de preguntarse qué funciones tiene sentido que asuma cada nivel de gobierno. López tiene la arquitectura más elaborada, pero no responde qué pasa si el cuerpo técnico regional no se construye en cuatro años. Fajardo tiene los compromisos más concretos y la mayor coherencia técnica, pero evita nombrar quién paga. Cepeda tiene los números más ambiciosos sin respaldo fiscal. Valencia y De la Espriella apuestan a que el mercado llene el vacío del Estado, sin explicar quién fortalece a los municipios que el mercado no visitará.
El punto ciego común es la pregunta por las capacidades: la reforma al SGP no solo significa más plata sino más responsabilidades para territorios sin estructura para asumirlas, y esa brecha no se cierra con transferencias sino con formación de servidores públicos locales, acompañamiento técnico y sistemas de información que lleguen hasta la alcaldía más apartada. A pocos días de la primera vuelta, falta exigir respuestas a tres preguntas: qué capacidades acompañarán el traslado de recursos, cuánto presupuesto irá a los gobiernos locales más débiles, y qué garantiza que la descentralización no reproduzca los problemas que se quieren superar. En esa respuesta se juega la credibilidad del próximo gobierno.
Camilo Ignacio González es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Camilo Ignacio González, Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes
