La conmemoración de los 20 años de la tragedia de Macucha ha despertado el perdón, el afán por la reparación y el deseo por trabajar para no permitir la repetición. Fueron 87 personas que perdieron la vida en el incendio que comenzó en el Oleoducto Central de Colombia (en el sector Cusiana-Coveñas) y que se extendió hasta Machuca, un corregimiento de Segovia, en el nordeste de Antioquia. Además de las víctimas mortales, decenas de familias perdieron sus hogares un 18 de octubre de 1998.
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Algunos de los integrantes del Eln fueron los encargados de comenzar el fuego sin mediar que las llamas llegarían hasta el pueblo, pero hay una investigación que también señala al Estado y a la empresa operadora del oleoducto como responsables. El primero, por el mal estado de la carretera que impidió llegar a tiempo a los hospitales y, a los segundos, por no adoptar una medida preventiva en caso de una emergencia como lo es un incendio.
“Continuamos empeñados en dialogar con los afectados y la comunidad doliente, con la esperanza de subsanar las graves afecciones causadas. Reiteramos nuestra petición de perdón a las personas, familias y a la comunidad afectada”, escribieron en su cuenta de Twitter Eln Paz.
Asimismo, reconocieron su responsabilidad al provocar el incendio que no creyeron que iba a impactar a la población. “Esta voladura solo tenía como fin sabotear la infraestructura, el Eln, desde el día de la tragedia, ha reconocido la responsabilidad que le corresponde por falta de posibles medidas de prevención”.
Por otro lado, expresaron que los gobiernos de turno no han exigido la responsabilidad en la indemnización de las familias a la empresa OCENSA, operadora del oleoducto.
Este jueves, en una ceremonia de conmemoración de los 20 años de lo ocurrido, el presidente Iván Duque hizo presencia en el corregimiento y les prometió a las familias $6.000 millones para reparar a las víctimas individuales y a la comunidad.
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También aprovechó la ocasión para recordarle al Eln que para llegar a la paz hay dos vías: que cesen los actos de violencia por convicción o que se atengan a la presión del Estado Social de Derecho.