En época preelectoral abundan proyectos para reducir salarios de congresistas

Esta semana arrancó el cuarto y último periodo legislativo, cuyas sesiones coinciden –nada menos– que con el año preelectoral. De allí que muchos congresistas, en su pretensión de afianzar su imagen ante la opinión pública y asegurar su reelección en 2022, apuesten por toda clase de iniciativas para reflejar transparencia, trabajo duro y compromiso en la lucha contra la corrupción.

En contexto: Último año del Congreso: que comiencen los reacomodos

No es para menos. Según la más reciente encuesta Invamer Poll, en junio pasado el Congreso alcanzó un deshonroso pico histórico: su imagen desfavorable se trepó al 87 %, la más alta de la que haya registro en poco más de dos décadas de medición. Esto da cuenta de la incredulidad y reserva que persiste en la ciudadanía frente al Legislativo.

Para revertir esa situación, y atendiendo una de las peticiones que se reclaman en las calles, muchos congresistas han optado por presentar proyectos buscando reducir o congelar el salario de los congresistas. Uno de ellos, de autoría del Partido Liberal, le apuesta a congelar el salario de los parlamentarios, así como de otros altos dirigentes del Estado, durante cinco años.

El objetivo, argumentó la colectividad, es ahorrar recursos que puedan ser orientados en la reactivación económica que urge el país en tiempos de pandemia.

“La asignación para los miembros del Congreso no será reajustada, quedando como asignación de sus miembros el valor del último año de remuneración previo a la entrada de vigencia de este acto legislativo. La misma regla se aplicará a todos los servidores públicos cuya asignación salarial sea mayor a 20 salarios mínimos, a los magistrados de las altas cortes, trabajadores del nivel Ejecutivo y dirección y de las empresas y entidades públicas que administran recursos parafiscales”, reza el proyecto.

Otra de las iniciativas es de autoría del representante César Pachón (MAIS), que busca reducir el salario de los congresistas como una medida de austeridad económica, proporcionalidad laboral, prelación de gasto público social y solidaridad ciudadana. El proyecto busca que, una vez aprobado, el salario de los parlamentarios tenga un tope máximo de 25 salarios mínimos legales, es decir, alrededor de $22′700.000.

Pachón explicó que la iniciativa legislativa “es producto de un clamor colectivo del movimiento popular, de nuevas ciudadanas, que buscan en el único organismo de la Rama Legislativa, una respuesta clave y contundente a los problemas sociales tan profundos y estructurales que tiene actualmente Colombia, y el mandato popular que emerge de manifestaciones y procesos de movilización popular del Paro Nacional”.

El representante advirtió que, mensualmente, el costo de la nómina de todos los congresistas es de $9.636 millones, lo que implica que cada año se deben destinar recursos por el orden de los $115.641 millones para pagar sus salarios.

“Con el proyecto, el salario de un congresista pasaría de $34′417.000 actualmente, a $25′374.500 mensuales, representando un ahorro de $9′042.500 mensuales por congresista, en términos anualizados un ahorro de casi 9 salarios mínimos. El ahorro total anualizado para el año sería de $30.382 millones”, señala el proyecto.

Otro proyecto, que data de la legislatura pasada, es de autoría del representante Buenaventura León (Partido Conservador), que establece también un tope transitorio al salario de los congresistas. La iniciativa busca, entre otras, que la asignación salarial para los parlamentarios, así como funcionarios, empleados de la rama judicial, de la Fiscalía, altas cortes o Contraloría, no será objeto de reajuste durante 10 años. Eso sí, habrá incrementos según el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Adicionalmente, que ningún funcionario de la administración central –con excepción del presidente, el cuerpo diplomático y el personal del Ministerio de Defensa destinado en comisión en el exterior– podrá tener una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso. Se exceptúa de la norma a la Fuerza Pública en razón de los ascensos e incrementos en el pie de fuerza.

Esta semana arrancó el cuarto y último periodo legislativo, cuyas sesiones coinciden –nada menos– que con el año preelectoral. De allí que muchos congresistas, en su pretensión de afianzar su imagen ante la opinión pública y asegurar su reelección en 2022, apuesten por toda clase de iniciativas para reflejar transparencia, trabajo duro y compromiso en la lucha contra la corrupción.

En contexto: Último año del Congreso: que comiencen los reacomodos

No es para menos. Según la más reciente encuesta Invamer Poll, en junio pasado el Congreso alcanzó un deshonroso pico histórico: su imagen desfavorable se trepó al 87 %, la más alta de la que haya registro en poco más de dos décadas de medición. Esto da cuenta de la incredulidad y reserva que persiste en la ciudadanía frente al Legislativo.

Para revertir esa situación, y atendiendo una de las peticiones que se reclaman en las calles, muchos congresistas han optado por presentar proyectos buscando reducir o congelar el salario de los congresistas. Uno de ellos, de autoría del Partido Liberal, le apuesta a congelar el salario de los parlamentarios, así como de otros altos dirigentes del Estado, durante cinco años.

El objetivo, argumentó la colectividad, es ahorrar recursos que puedan ser orientados en la reactivación económica que urge el país en tiempos de pandemia.

“La asignación para los miembros del Congreso no será reajustada, quedando como asignación de sus miembros el valor del último año de remuneración previo a la entrada de vigencia de este acto legislativo. La misma regla se aplicará a todos los servidores públicos cuya asignación salarial sea mayor a 20 salarios mínimos, a los magistrados de las altas cortes, trabajadores del nivel Ejecutivo y dirección y de las empresas y entidades públicas que administran recursos parafiscales”, reza el proyecto.

Otra de las iniciativas es de autoría del representante César Pachón (MAIS), que busca reducir el salario de los congresistas como una medida de austeridad económica, proporcionalidad laboral, prelación de gasto público social y solidaridad ciudadana. El proyecto busca que, una vez aprobado, el salario de los parlamentarios tenga un tope máximo de 25 salarios mínimos legales, es decir, alrededor de $22′700.000.

Pachón explicó que la iniciativa legislativa “es producto de un clamor colectivo del movimiento popular, de nuevas ciudadanas, que buscan en el único organismo de la Rama Legislativa, una respuesta clave y contundente a los problemas sociales tan profundos y estructurales que tiene actualmente Colombia, y el mandato popular que emerge de manifestaciones y procesos de movilización popular del Paro Nacional”.

El representante advirtió que, mensualmente, el costo de la nómina de todos los congresistas es de $9.636 millones, lo que implica que cada año se deben destinar recursos por el orden de los $115.641 millones para pagar sus salarios.

“Con el proyecto, el salario de un congresista pasaría de $34′417.000 actualmente, a $25′374.500 mensuales, representando un ahorro de $9′042.500 mensuales por congresista, en términos anualizados un ahorro de casi 9 salarios mínimos. El ahorro total anualizado para el año sería de $30.382 millones”, señala el proyecto.

Otro proyecto, que data de la legislatura pasada, es de autoría del representante Buenaventura León (Partido Conservador), que establece también un tope transitorio al salario de los congresistas. La iniciativa busca, entre otras, que la asignación salarial para los parlamentarios, así como funcionarios, empleados de la rama judicial, de la Fiscalía, altas cortes o Contraloría, no será objeto de reajuste durante 10 años. Eso sí, habrá incrementos según el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Adicionalmente, que ningún funcionario de la administración central –con excepción del presidente, el cuerpo diplomático y el personal del Ministerio de Defensa destinado en comisión en el exterior– podrá tener una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso. Se exceptúa de la norma a la Fuerza Pública en razón de los ascensos e incrementos en el pie de fuerza.