En los últimos cinco años han muerto 1.539 habitantes de la calle, la mayoría por homicidio

Según cifras de Medicina Legal, en los últimos cinco años han sido registradas 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, con corte a 31 de enero del presente año, 21 fallecimientos. La entidad pudo determinar que las cifras más altas corresponden a homicidios, con un total de 941 habitantes de calle hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Una situación que, para la representante a la Cámara Ángela María Robledo, amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego, encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello en Antioquia y Dos Quebradas en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo, durante una audiencia desarrollada este martes en la Comisión Primera de la Cámara.

Lea también: Atención a habitantes de calle: un reto para el cual Bogotá no estaba preparada

En el evento, la congresista dio a conocer el testimonio de Valeria Cadavid, voluntaria de la organización Everyday House en el año 2020 en Medellín, que da cuenta de las constantes violencias que enfrentan los ciudadanos habitantes de calle, especialmente por la Fuerza Pública.

“Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a este tipo de violencias por parte de la Fuerza Pública desde el año 2016, cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá. Al parecer, la situación cada día es peor, nada justifica la violencia contra esta población y mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

Para Ángela María Robledo, se trata de una “criminalización de la pobreza”, que además se incrementa, según denuncias realizadas en el marco de la audiencia en la Comisión Primera, por la falta de acceso a baños públicos, falta de acceso a implementos y condiciones para el cuidado menstrual de las habitantes de calle, como lo ordena la Corte Constitucional en Sentencia T-398 de 2019.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, que a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que, además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Por su parte, el padre Gabriel Gutiérrez, más conocido como ‘Fray Ñero’, hizo un llamado para que se realice con urgencia un censo sanitario y humanitario, “que permita incluso implementar un plan de vacunación contra el Covid-19, y que no discrimine a ninguna de los ciudadanos habitantes de calle, quienes por esta época solo han padecido hambre, pobreza y abandono”. Asimismo, solicitó que se instalen campamentos humanitarios territoriales para esta población, que sean acompañados institucionalmente y por las organizaciones que apoyan el tema, pidiendo estudiar la posibilidad de dar a estas comunidades un bono alimentario que de alguna manera supla sus carencias económicas.

Finalmente, Robledo expresó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la no respuesta a los cuestionarios enviados por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”. La congresista recalcó que la solución a esta problemática debe partir de reconocer la situación de esta población como un asunto de Derechos Humanos, cumplir la ley y contar con una ciudadanía que los reconozca en su dignidad como seres humanos que son.

Según cifras de Medicina Legal, en los últimos cinco años han sido registradas 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, con corte a 31 de enero del presente año, 21 fallecimientos. La entidad pudo determinar que las cifras más altas corresponden a homicidios, con un total de 941 habitantes de calle hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Una situación que, para la representante a la Cámara Ángela María Robledo, amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego, encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello en Antioquia y Dos Quebradas en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo, durante una audiencia desarrollada este martes en la Comisión Primera de la Cámara.

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En el evento, la congresista dio a conocer el testimonio de Valeria Cadavid, voluntaria de la organización Everyday House en el año 2020 en Medellín, que da cuenta de las constantes violencias que enfrentan los ciudadanos habitantes de calle, especialmente por la Fuerza Pública.

“Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a este tipo de violencias por parte de la Fuerza Pública desde el año 2016, cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá. Al parecer, la situación cada día es peor, nada justifica la violencia contra esta población y mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

Para Ángela María Robledo, se trata de una “criminalización de la pobreza”, que además se incrementa, según denuncias realizadas en el marco de la audiencia en la Comisión Primera, por la falta de acceso a baños públicos, falta de acceso a implementos y condiciones para el cuidado menstrual de las habitantes de calle, como lo ordena la Corte Constitucional en Sentencia T-398 de 2019.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, que a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que, además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Por su parte, el padre Gabriel Gutiérrez, más conocido como ‘Fray Ñero’, hizo un llamado para que se realice con urgencia un censo sanitario y humanitario, “que permita incluso implementar un plan de vacunación contra el Covid-19, y que no discrimine a ninguna de los ciudadanos habitantes de calle, quienes por esta época solo han padecido hambre, pobreza y abandono”. Asimismo, solicitó que se instalen campamentos humanitarios territoriales para esta población, que sean acompañados institucionalmente y por las organizaciones que apoyan el tema, pidiendo estudiar la posibilidad de dar a estas comunidades un bono alimentario que de alguna manera supla sus carencias económicas.

Finalmente, Robledo expresó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la no respuesta a los cuestionarios enviados por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”. La congresista recalcó que la solución a esta problemática debe partir de reconocer la situación de esta población como un asunto de Derechos Humanos, cumplir la ley y contar con una ciudadanía que los reconozca en su dignidad como seres humanos que son.