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26 May 2021 - 2:16 p. m.

¿En qué va la promesa de paridad del presidente Duque?

De enero a mayo, el Gobierno, a nivel ministerial, no cumplió con la cuota del 30% que exige la Ley 581 de 2000.
ilustración equidad de género
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¿En qué va la promesa de paridad del presidente Duque?
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Para nadie es un secreto que el presidente que prometió la paridad, un principio que va más allá de la Ley de Cuotas 581 de 2000 al proponer más del 30% de mujeres en los altos cargos del Ejecutivo, no le cumplió al país. Y se puede hablar de un pasado perfecto, porque el hecho de que durante cuatro meses el porcentaje de ministras haya sido apenas del 27% desdibuja el compromiso que sostuvo durante los dos primeros años de su mandato, así como su apego a la ley.

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Es más, por el desconocimiento de la 581, un grupo de estudiantes y organizaciones sociales, como Dejusticia, Sisma Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, interpusieron demandas independientes ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de las designaciones en los cargos en los que debió haber llegado una mujer, enmendar el incumplimiento y, por lo menos, asegurar el 30% de las mujeres en el gabinete.

Pasaron tres meses y sobre esas demandas no hubo decisión alguna, cuando la evidencia estaba a la vista de todo el país e, igualmente, fue informada por los medios de comunicación ante las designaciones y posesiones de Daniel Palacios (Ministerio del Interior), Felipe Buitrago (Ministerio de Cultura) y Diego Molano (Ministerio de Defensa).

Por la coyuntura social que vive el país, aireada por los reclamos de la ciudadanía en las calles en el marco del paro nacional, era de esperarse que el presidente Iván Duque anunciara cambios en su gabinete. En otras palabras, la oportunidad para reencausar su promesa, la Ley de Cuotas y el Decreto 455 de 2020, que fijó una regla para garantizar la igualdad de mujeres en cargos directivos de la Rama Ejecutiva, impartiendo un principio de progresividad. En ese sentido, para este año, el porcentaje de ministras, directoras de departamento y demás debe de ser del 45%.

Y no se trata de sacar a un hombre para que entre una mujer, sino cuando un cargo quede en vacancia, según la ley y el mismo decreto. Eso significa tener como primera candidata de reemplazo a una profesional y eso se debió de aplicar en los ministerios del Interior, Cultura y Defensa, cuando Alicia Arango y Carmen Vásquez, respectivamente, renunciaron y cuando Carlos Holmes Trujillo falleció a causa del COVID-19, dejando la cartera de defensa y seguridad sin un doliente. Pero este escenario no ocurrió.

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En la situación actual, el primero y más obvio cambio fue en el Ministerio de Hacienda, desde donde se diseñó y sacó un proyecto de reforma tributaria que terminó siendo el gatillo que disparó la indignación de las personas para que salieran a las calles. Quien llegó en reemplazo de Alberto Carrasquilla no fue una mujer, sino el que se venía desempeñando como ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Con ese cambio, la realidad ministerial seguía siendo la misma: 27.7% de mujeres. Y preocupaba más, cuando en principio, se hablaba de que el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, llegaría al Ministerio de Comercio. Días después se conoció de la renuncia irrevocable de Claudia Blum como canciller y el nombramiento (de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez) acertado de otra mujer en ese cargo para no ahondar más en el desequilibrio.

Las cargas en el gabinete por fin cambiaron con la designación de María Ximena Lombana en el Ministerio de Comercio, asegurando con ella el 33% de participación femenina. Y tras Lombana, llegó Angélica Mayolo al despacho de cultura para relevar a Felipe Buitrago. Si la meta para este 2021, según el Decreto 455, es del 45%, el Gobierno apenas va en un 38%.

“Estamos en una etapa de muchos cambios y una de inestabilidad en el gabinete. Entonces yo esperaría un poco antes de decir que definitivamente está cumpliendo (la Ley de Cuotas), porque estamos viendo en la últimas semanas entradas y salidas continuas en los ministerios”, dijo Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia, sin cantar victoria, pues los hechos demostraron durante cuatro meses que el Gobierno no cumplió la Ley 581.

En ese sentido agregó: “en nuestra lectura, el Gobierno, lastimosamente, está demostrando una falta de compromiso con la equidad de género y la igualdad, y, sobre todo, con el Estado de Derecho, porque es claro que uno de los elementos fundamentales de sus obligaciones como presidente es cumplir con las leyes. En este caso, había un incumplimiento abierto y directo y el mandatario no parecía interesado en tomar correctivos en el caso”.

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Por más de que el mandatario haya nombrado más mujeres en su gabinete para cumplir la Ley de Cuotas, partiendo de un hipotético, esto no basta para hablar de un Gobierno comprometido con la equidad y más de uno que prometió la paridad en su más alta esfera.

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“Instrumentos normativos como la ley de cuotas solamente cobran sentido cuando hacen parte de un plan general orientado hacia la igualdad de género y la equidad. Cuando la aplicación de la cuota se da casi de una manera mecánica sin estar conectadas a otras políticas públicas o compromisos queda un poco a medias”, explicó la profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Angélica Bernal.

Y contrario a celebrar porque ahora hay una cuota de más del 30% en el gabinete, lo que invitan Guzmán y Bernal es a insistir en la obligatoriedad de cumplir la ley, que sirve de base para avanzar en los derechos de las mujeres que buscan la equidad y la igualdad efectiva, claro está, con un compromiso real de quien está en la cabeza del país.

“Cuando hablamos de participación política estamos hablando de medidas concretas para aumentar el poder político de las mujeres. Si lo aumentas, se lo tienes que quitar a alguien que son los hombres. La idea de repartir de una manera equitativa el poder político, hoy en día, es una meta bastante lejana, pero vamos en camino. Tenemos la Ley 581, la Ley 1475, que establece un piso mínimo de 30% en listas electorales, ahora estamos en camino de una reforma del Código Electoral. Poco a poco se dan pasos, pero lo que se necesita es un compromiso mayor de parte de los partidos políticos, de las máximas figuras de la política del país con la equidad de género para que cumplir la ley no sea una excepción, sino algo normal, que avance en la normalización de la presencia política de las mujeres”, concluyó Bernal.

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Las demandas ante el Consejo de Estado

Como bien lo señaló Diana Guzmán, de Dejusticia, están a la espera de nuevos anuncios de cambios para constatar que, por lo menos, la Ley de Cuotas sí se cumpla en el Gobierno. “Por ahora lo que sigue es que, si el presidente siga cumpliendo la ley, el Consejo de Estado tome la decisión si admite o no la demanda, además de decidir si es el juez competente o no, y determinar la superación del objeto, por lo que no tendría que pronunciarse de fondo sobre las demandas. Lo que ocurre es ver qué pasa en las próximas semanas con la conformación del gabinete porque este podría tener bastantes cambios”, dijo.

La subdirectora de Dejusticia recordó que la demanda no busca una sanción al presidente o el Gobierno, sino a enmendar un error, al incurrir en un incumplimiento de la ley. Esto, además, porque la 581 no determina mecanismos para esto. “La ley tiene pocos mecanismos de exigibilidad, es decir, ningún mandatario que no la haya cumplido no le ha pasado nada, precisamente porque la ley es débil en instrumentos para exhortarla”, ilustró Angélica Bernal.

Los estudiantes de Derecho de la Universidad de los Andes que interpusieron la otra demanda seguirán insistiendo en ella, argumentando que el presidente no está cumpliendo el Decreto 455, que exige que para 2021 las mujeres en altos cargos decisorios representen el 45%. Hasta ahora, el Consejo de Estado no ha aceptado que se incluya esta normativa para ser estudiada dentro del recurso.

Con esto, faltarían dos mujeres más en cabeza de los ministerios para cumplir el acto administrativo, pero aún restan siete meses para que concluya el año que debería de cerrar con la meta del 45%.

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En el gobierno Santos, en 2012, se demandó al presidente por incumplimiento a la Ley de Cuotas en el orden de superintendencias y departamentos administrativos. En el curso del recurso interpuesto ante el Consejo de Estado se corrigió la situación y, aun así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronunció reconociendo las acciones adelantadas por Juan Manuel Santos para incluir a más mujeres y para exhortar al Ejecutivo a acatar la ley y frenar las faltas contra la 581.

Así pues, también se podría esperar que, de continuar un gabinete con 30% de mujeres o más, el Consejo de Estado se pronuncie para dejarle un mensaje al presidente Duque para que, en lo que le resta de gobierno, no omita la Ley 581 y, en caso de nuevos nombramientos, piense en una mujer.

Igualmente, dentro del recurso de Dejusticia y otras organizaciones sociales se demandó la nulidad de elección de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, debido a que en ese nivel solo hay una mujer a la cabeza, Susana Correa, representando apenas un 16% del 30% de la cuota exigida. Con esto, hasta ahora, se asegura que la demanda siga en pie para buscar enmendar el porcentaje de representación.

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