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Tres estudiantes de Derecho (dos de la Universidad de Los Andes y uno del Externado) durante sus vacaciones no le perdieron el ojo al presidente Iván Duque y los cambios de afiles que hizo, especialmente la semana de Navidad, en su gabinete ministerial. Tras la designación oficial de Daniel Palacios como nuevo jefe de la cartera política, Juan Pablo Alvis, Juan David Díaz y Juan Mateo Lozano prendieron las alarmas, sacaron cuentas y lo que encontraron fue que, desde este acto de gobierno de Duque, las mujeres ministras no llegan al 30%.
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La Ley 581 de 2000 en su artículo 4º determina una cuota del 30% de mujeres que deben de ocupar cargos de alto nivel decisorio, en este caso, en los ministerios que acompañan al mandatario. Las cuentas de Alvis, Díaz y Lozano dieron apenas el 27.7% de rostros femeninos en las carteras.
“En algunas clases, hemos tenido fuertes componente de género y teníamos muy fresca la ley de cuotas. Así mismo, somos convencidos de la falta de representación de las mujeres en los altos cargos del poder”, dijo Juan David Díaz.
Ante la evidencia de esta falta de, por lo menos, un 30% de mujeres, cuentan que, durante cuatro días, antes de entrar de nuevo a clases, se sentaron para sacar la demanda que presentaron ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y la cual ya fue admitida.
Para esto, se basaron en demandas pasadas a gobiernos anteriores por incumplimiento de cuotas, así como la jurisprudencia constitucional sobre la Ley 581 y de lo contencioso administrativo sobre decisiones pasadas en las que se exhortó al jefe de Estado a no desacatar la normativa.
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Entre las que recuerdan están las que interpusieron organizaciones feministas y Dejusticia a Juan Manuel Santos tras el nombramiento del superintendente de Salud que debió ser una mujer para mantener la cuota del 30% de ese género. Así mismo, también está la demanda a la terna a la Defensoría que presentó Álvaro Uribe, en la que no había ni una sola candidata a dirigir el Ministerio Público.
“Ha sido una especie de costumbre de los gobiernos de ignorar la ley y en parte eso queremos también, que la ley de cuotas no se siga considerando como algo accesorio, sino que los presidentes, las ramas del poder, a nivel nacional y regional, se la tomen en serio”, señaló Juan Pablo Alvis.
La demanda, además de la ley de cuotas, la basaron en los artículos 13, 40, 43, 93 y 209 de la Constitución que, consideran, desarrollan la normativa expedida en los 2000 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Estos desarrollan los principios de igualdad, medidas afirmativas para grupos históricamente discriminados, como las mujeres, y la prevalencia de las convenciones internacionales, trayendo a colación la Convención Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
“El desconocimiento o vulneración de cuotas también representa un desconocimiento a los mandatos constitucionales que le dieron sustento. Por eso esto nos parece de la mayor gravedad”, complementó Alvis.
Además de esto, la jurisprudencia que trajeron a colación sustenta que la cuota es “específica y no global”. Es decir, que, por categorías de cargo, el Gobierno y cualquier rama del poder público debe de cumplir una cuota. Por ejemplo, 30% del género minoritario en los ministerios, 30% en los departamentos administrativos, 30% en las consejerías, 30% en las secretarías, 30% en las superintendencias, etc.
Por lo que ha sucedido en casos, anterior, los estudiantes de Derecho pidieron, además, una medida cautelar de suspender los efectos del decreto que nombró a Palacios como ministro. En los próximos 15 días hábiles, se tendrá una decisión del contencioso administrativo y ellos, aunque creen tener la razón, temen, como ha pasado en otros casos, la demanda se caiga por un cambio preventivo que haga el presidente en la materia.
“Los presidentes incumplen esta ley porque saben que no tendrán consecuencias, pese a que esta dice que quienes no cumplan serán objeto de sanciones disciplinares. Nunca ha habido sanciones a un presidente, solamente la exhortación por parte del Consejo de Estado. Y esto ha generado que sigan con esta práctica porque en medio del proceso, hacen cambios en un ministerio y ahí se cae el fallo o el proceso”, apuntó Juan Mateo Lozano.
Para Alvis, Díaz y Lozano sienta muy mal precedente que un jefe de Estado sea quien incurra en desconocer esta ley que viene operando desde hace más de 20 años, por eso buscan que, a Duque, quien además hizo una promesa de gabinete paritario, cumpla con la cuota y dé ejemplo en las otras ramas del poder.