Si bien hace una semana hubo un debate de control político en la Cámara de Representantes por cuenta de la investigación periodística Pandora Papers –que reveló secretos financieros de políticos y empresarios en jurisdicciones con beneficios fiscales–, en el Senado también pondrán lupa al tema, así como a la modificación a la Ley de Garantías, que dio vía libre a la contratación de los entes territoriales cuatro meses antes de elecciones.
En contexto: Director de la DIAN no reportó sociedad al sistema de Función Pública: Goebertus
Detrás del control político está la Comisión Primera de la cámara alta, que aprobó la realización de un debate de control político por ambos temas y al que fueron citados el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, así como el director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira.
Por un lado, se busca determinar la incidencia de los Pandora Papers en el país. Justamente, el director de la DIAN resultó señalado en la investigación, pues en 2016 constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware. Según los registros públicos, la compañía fue constituida el 8 de septiembre de 2016, sin acceso a los nombres de quienes la constituyeron.
En contexto: Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN
El objetivo es escuchar las explicaciones que tiene el Ejecutivo sobre la aparición de ministros y funcionarios de alto rango relacionados en esa investigación.
Por otro lado, se pretende que el Gobierno detalle su posición frente a la modificación a la Ley de Garantías en medio de la discusión del presupuesto de 2022. Si bien el Ejecutivo ha explicado que con la iniciativa se pretende acelerar la reactivación económica, analistas y congresistas advirtieron que se terminó modificando una ley estatutaria con una ley ordinaria.
Lea también: Corte Constitucional, último intento para evitar cambios a la Ley de Garantías
Según la proposición presentada por los senadores Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Rodrigo Lara y Germán Varón (Cambio Radical), Luis Fernando Velasco (Liberal) y Roosvelt Rodríguez (La U), “el Gobierno usurpó las competencias constitucionales de la Comisión Primera del Senado y trasgredió el principio de unidad de materia en la discusión del proyecto”.
