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14 Jun 2021 - 1:30 a. m.

“No nos podemos anticipar a lo que pueda recomendar la CIDH” : Nancy Patricia Gutiérrez

La alta consejera para los derechos humanos, habla de la visita de la CIDH y dice que están a la espera de las recomendaciones que haga al Gobierno.
Natalia Tamayo Gaviria

Natalia Tamayo Gaviria

Periodista Política
Gutiérrez reitera la voluntad del Gobierno de retomar los diálogos con el Comité Nacional del Paro.
Gutiérrez reitera la voluntad del Gobierno de retomar los diálogos con el Comité Nacional del Paro.
Foto: LUIS ANGEL

El pasado jueves concluyó la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país. Esta semana se espera que la delegación, que recogió voces de diferentes sectores (víctimas, Estado, fuerza pública, sociedad civil, partidos políticos y empresarios) sobre la situación de Colombia desde el 28 de abril hasta la fecha, presente su informe con recomendaciones, en el que seguramente llamará a acciones concretas al Gobierno y otras entidades. El Espectador habló con Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien estuvo acompañando todas las reuniones del Ejecutivo con la CIDH, para conocer las conclusiones de dichos encuentros, así como las perspectivas sobre lo que viene para el país desde el organismo internacional.

¿Qué balance hace el Gobierno sobre la visita de la CIDH?

Desde un principio, la Comisión se comprometió a oír a todas las partes. Oyó a quienes se declararon como víctimas, bien sea por posible abuso de la fuerza pública o también víctimas de los bloqueos, víctimas policías, agredidos en medio de los disturbios, organizaciones sociales, indígenas, gremios de producción, tanto a nivel territorial en el Cauca y el Valle como también a nivel nacional. Es decir, se fue con un contexto general de toda la situación

.¿Y cuál fue la postura del Gobierno en esas reuniones?

La Comisión oyó a todo el Estado: al Gobierno Nacional, el propio presidente, a la vicepresidenta y canciller, también al ministro de Defensa, al director de la Policía, a otros ministros y hablamos todo lo que es la normatividad, la institucionalidad de Colombia frente a la protección de los DD. HH., los protocolos de la Policía para efectos de la intervención como fuerza pública en casos de disturbios. Es un balance muy amplio, porque también escuchó a los presidentes de las Cortes, a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Hay quienes dicen que ustedes, como Gobierno, le impusieron agenda a la CIDH...

De ninguna manera, todo fue absolutamente concertado. Cuando ellos hicieron la solicitud de la visita a Colombia, la canciller estaba apenas por posesionarse. Ella estuvo en Washington, habló con la Comisión y acordaron todo. Efectivamente, tenían previsto una audiencia en junio y decidieron hacer una visita de trabajo. El Gobierno colombiano les extendió la invitación y la construcción de la agenda se hizo de la mano con el embajador de Colombia ante la OEA (Alejandro Ordóñez).

¿Escuchó de la CIHD si había la necesidad de instalar un grupo permanente para la revisión de los DD. HH., algo parecido a lo registrado en Nicaragua en 2018?

No, no se habló de ese tema. Ellos comentaron que se regresaban a Washington el jueves y que esta semana estarán presentando unas recomendaciones al Gobierno colombiano. Y eso es a lo que estamos a la espera.

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¿Como Gobierno, están dispuestos a aceptar las recomendaciones que se deriven o a aplicar las medidas cautelares que haga la CIDH con relación al manejo de la protesta social y la garantía de los DD. HH?

No nos corresponde anticiparnos, sino esperar las recomendaciones. Como colombiana, sentí tristeza porque luego de elogiar al país maravillo que tenemos, sí dijeron que veían una estigmatización muy fuerte y que, entre otras cosas, percibían en el lenguaje una forma de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos. Es doloroso que esa sea la percepción.

¿A qué se refirió la CIDH con eso de la estigmatización?

En general a la sociedad, dijeron que era como una situación de queja, de común denominador el tema de la estigmatización.

En caso de que la CIDH señale que el Gobierno sí estigmatizó a la protesta, ¿están dispuestos a reconocerlo?

No nos podemos anticipar a lo que pueda decir o no la CIDH. Vamos a esperar esa comunicación y esas recomendaciones.

¿En qué consistirá el rol del embajador Alejandro Ordóñez en el trabajo permanente con la CIDH?

La Comisión ofreció también una mesa de trabajo con el ánimo de revisar las acciones que se pueden desprender de las recomendaciones que haga.

¿Ordóñez es la persona idónea para esa mesa de trabajo? Él ha dicho que la CIDH está ideologizada, que es de izquierda y la Corte IDH profirió un fallo contra el Estado colombiano por su ejercicio como procurador...

El embajador es absolutamente idóneo, es el vocero de Colombia ante la OEA, conoce muy bien los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente es el interlocutor legítimo del Gobierno.

Hay quienes señalan que la visita de la CIDH ayudaría a destrabar las conversaciones con el Comité del Paro. ¿Ha habido oportunidad de hablar con ellos?

En realidad no. Desde el fin de semana anterior, que tomaron la decisión unilateralmente de suspender la mesa, no hemos vuelto a tener una comunicación oficial. El Gobierno del presidente Duque ha manifestado su voluntad de diálogo permanente, no solamente con el Comité del Paro, sino con otras organizaciones, autoridades locales y jóvenes, principalmente, donde hay un programa muy especial de diálogo y de definición de acciones, encabezado por el consejero presidencial para las Juventudes y por la directora del ICBF. Eso se lo hicimos saber a la CIDH. Este ha sido un Gobierno que ha ofrecido el diálogo permanentemente y que en medio de esta contingencia social se han abierto esos canales, que continúan abiertos y, más allá del diálogo, acciones que lleven a solucionar los problemas que se notaron y transmitieron como un malestar social en las manifestaciones que se hicieron en todo el país.

Usted ha estado siempre en los diálogos con el Comité del Paro, ¿cómo ha visto los ánimos de ellos en las pasadas semanas?

No hubo posibilidad de pasar a revisar los temas sociales, económicos, de educación, salud o sector agropecuario por dos razones. Primero, porque no pasamos de la fase exploratoria. El mismo Comité del Paro puso como condición que revisáramos las reglas de juego para la protesta social. Duramos tres semanas en ello, se llegó a un borrador final para efectos de que fuera revisado por los ministerios del Interior y Defensa y a la Secretaría Jurídica, con el ánimo de ratificar que estuviera en el marco de la Constitución y la ley. El Gobierno puso como condición levantar los bloqueos y rechazarlos. No pasamos a la conformación de ninguna mesa de negociación, nos quedamos ahí y abruptamente ellos levantaron la mesa, razón por la cual no pudimos avanzar en otros puntos y no conocimos realmente cuál era la voluntad o el interés de continuar avanzando.

Al comienzo del paro, miembros del Centro Democrático hablaban de una CIDH ideologizada, de izquierda. ¿Estos mensajes de la bancada de Gobierno no envían una mala señal a la comunidad internacional?

Mala señal la que mandamos los colombianos en medio de esta violencia tan dura que nos ha tocado vivir en estos días. El propio presidente Duque fue respetuoso con la Comisión, pero también recordó que, indiscutiblemente, la facultad de esta y su mandato es de observancia de los Estados frente a la protección de los DD. HH. Por eso nos alegró saber que ahora tienen una intención clara en profundizar en cooperación técnica. Colombia tiene instituciones fuertes, una normatividad que recoge estándares de DD. HH. y la propia Constitución dice que los tratados ratificados por el Congreso, que sean materia de derechos humanos, quedan incorporados a esta. Hay una institucionalidad muy fuerte y así lo reconocieron los comisionados que estuvieron presentes. Recordemos que vinieron tres de siete, que era una visita de trabajo y se reconoce esa intensidad que tiene Colombia en su institucionalidad para la protección de derechos humanos.

O sea, ¿para usted no deja un mal precedente que el Centro Democrático tache de izquierda e ideologizada a la CIDH?

Estamos en un país democrático. Ellos mismos pidieron reunirse con los partidos políticos, tanto los de la coalición de gobierno como con los de oposición, precisamente reconociendo que Colombia es un país democrático.

Así como ustedes se reunieron con la CIDH, en la que le entregaron los informes oficiales y ratificaron su compromiso con la protesta social y los derechos humanos, las víctimas y organizaciones de DD. HH. les mostraron los videos en los que se evidencian los excesos de la fuerza pública. ¿No es mejor reconocerlo, en vez de seguir defendiéndolos?

Estamos en un Estado social de derecho en donde hay unas instituciones competentes para adelantar las investigaciones y determinar responsabilidades. Me refiero a Fiscalía, Procuraduría, Inspectoría de la Policía, Justicia Penal Militar y los jueces de la República. Estos son los competentes para investigar, determinar responsabilidades y aplicar sanciones. No nos es dado al Gobierno poder determinar que haya responsabilidad, que haya abuso policial. Obviamente que somos parte de la sociedad y vemos los videos, las denuncias. La posibilidad de abusos y excesos es factible, no podemos desconocerlo. Se ha presentado mucha violencia, pero son las autoridades judiciales las competentes para verificarlos. A eso se debe que nosotros siempre hablemos de la posibilidad de excesos de la fuerza pública, que no desconocemos porque en una institución en donde hay más de 100.000 hombres y mujeres, lo cual es factible y dado el error humano en medio de estas escaladas de violencia.

Lo que sí es cierto es que hay una vulneración de derechos humanos. Muy triste hablar de cerca de veinte personas que perdieron la vida, lesiones personales, se murieron dos bebés en medio de la violencia; también hay afectaciones al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la movilidad; es decir, estamos ante una grave contingencia social, como lo hemos llamado desde la Consejería.

Lo que piden las víctimas es que se reconozcan los excesos...

Claro que hay un rechazo a los excesos, a la vulneración de derechos de todas las partes. Lo que se pide a las autoridades competentes es que se pueda dar la mayor celeridad posible en las investigaciones para determinar las responsabilidades. Nos unimos al dolor de las víctimas, tantas madres que tuvieron que enterrar a sus hijos, tantos hijos que se quedaron sin padres, que estaban en medio de estos disturbios o que eran policías. Nos solidarizamos con el dolor de todas las víctimas y de familiares de las víctimas y esperamos que haya una profunda reflexión sobre el valor del respeto en una sociedad.

Siguiendo con el rechazo de hechos, se le ha criticado al Gobierno su silencio por imágenes y videos de civiles armados, junto a la fuerza pública, disparando contra manifestantes...

Rechazo total, solicitud a la Fiscalía para que se determinen esas responsabilidades también, porque no se puede permitir que las personas se tomen la justicia por propia mano. De parte del Gobierno se rechaza enfáticamente el uso de las armas en medio de las situaciones de violencia, pero se pide que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia que corresponde, porque también son derechos humanos que hay garantizar.

¿Entonces por qué se escucha más a un Gobierno rechazando los actos vandálicos y no a la par rechazando también estos hechos de justicia a mano propia por parte de civiles?

Porque se rechaza por todo lado, por toda parte. Los hechos son absolutamente repudiables, pero también las afectaciones en otros derechos, como al trabajo a miles de personas. Justamente en el Cauca, en los pasados días, dieron a conocer que hay una pérdida de cerca de 40.000 empleos por cuenta de los bloqueos y la violencia. Aquí no es que estemos tratando de decir que una violación o una vulneración de derechos tiene mayor importancia que la otra. Es un rechazo generalizado a la violencia y un llamado a una consciencia de respeto entre todos, a ver si salimos de estos ciclos de violencia que se presentan permanentemente en nuestra patria.

¿Pero un acto vandálico se puede poner a la misma altura que una violación de DD. HH?

En un acto vandálico hay vulneración de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son inherentes a la persona, no se trata de hacer una ponderación de derechos, sino llamar al respeto generalizado de estos. Hay quienes equivocadamente creen que la obligación de proteger los DD. HH. que tiene el Estado significa que las personas no tienen responsabilidad. Resulta que sí tienen el deber de respetar el derecho de los otros y cuando se salen de ese marco les cabe responsabilidad penal., pues se puede incurrir en un delito. Finalmente, los DD. HH. son interdependientes. Obviamente el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho, pero no se trata de hacer una ponderación, sino de buscar efectivamente la protección y el goce de todos los derechos.

¿Cómo garantizar que la reforma a la Policía no termine siendo una promesa incumplida más del Gobierno?

Creo que es muy importante el elemento que ha anunciado el presidente de profundizar en la pedagogía y la capacitación en DD. HH, desde que arranca la formación de la Policía y durante todo el ejercicio de la actividad policial, porque se va generando una cultura indiscutible de respeto. La tarea más difícil que tiene el Esmad, que interviene en los disturbios, es tener la consideración de derechos humanos absolutamente clara, pero también que haya unas reglas de juego en la sociedad, en el sentido de no alterar y sabotear las manifestaciones que se hacen con el ánimo de dar a conocer reivindicaciones sociales y económicas. Quienes sabotean las manifestaciones están irrespetando y vulnerando el derecho a la manifestación pacífica.

¿Cómo va la política de seguridad frente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos? Siguen los asesinatos, en tiempos de no paro y paro...

Desde 2018, el presidente adoptó unos instrumentos de protección de líderes. Cada día se exigen nuevas revisiones. En 2019 se entregaron los lineamientos para la política pública, en 2020 se sacaron por parte del Ministerio del Interior otros instrumentos de protección y de valoración de lo que es el liderazgo social. Actualmente se lidera desde ese mismo Ministerio y el Departamento de Planeación el documento Conpes que contiene más herramientas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos.

¿Y qué se está haciendo frente a los líderes indígenas? Esta semana mataron a Beatriz Cano, comunicadora de los pueblos del Cauca...

Doloroso, ya sabemos que la situación del Cauca es bastante complicada en medio de las disputadas que hay de grupos armados organizados. Muy doloroso que en medio de esa disputa queden la vida y los derechos de líderes y miembros de los pueblos indígenas. Efectivamente, trabajamos en una ruta de protección de DD. HH. desde el Ministerio del Interior para que puedan revisarse acciones adicionales que van de la mano con la tarea de las Fuerzas Militares y de Policía, al seguir a los grupos armados organizados, pues no son suficientes las acciones individuales de la Unidad de Nacional de Protección.

¿Sigue en construcción o ya está listo el Plan Nacional de DD. HH?

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos lo tenemos en un 80 %. Este se ha venido construyendo de manera participativa. Tenemos 93 organizaciones sociales representadas por un comité técnico operativo, que tomó la decisión en abril, a partir de la convocatoria del paro, de suspender el proceso. Y el proceso de definición del documento también está suspendido. Llevamos dos años de construcción, hemos adelantado, por cuenta de la pandemia, 33 reuniones virtuales con las entidades territoriales y nos quedan faltando los grupos poblacionales con enfoque de DD. HH., para poder culminar el ciclo participativo del plan. Ojalá después de esta situación lo podamos retomar.

¿Se va a entregar una vez finalizado el gobierno de Iván Duque?

El Plan se había previsto para que la implementación se comenzara a partir del último año de gobierno de Iván Duque y el primer año del próximo gobierno. Obviamente, Colombia tiene una política pública integral de derechos humanos sobre la cual se mueve el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos varios instrumentos de política pública y de acciones frente a derechos humanos con enfoque de género, con enfoque de comunidades étnicas, y sobre ello los ministerios trabajan en el cumplimiento de esas acciones. Pero el Plan Nacional de Acción de DD. HH. es una ruta que ojalá pueda salir, porque indiscutiblemente se centra en toda la integridad de los derechos.

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