“Es absolutamente seguro que los vendedores informales van a aumentar”: Inti Asprilla

Desde el momento en que el presidente Iván Duque Márquez, en agosto de 2019, presentó la ley 1988 se ha venido trabajando desde el Gobierno Nacional en una política pública para los vendedores informales. El grueso de la norma tiene la intención de formalizar a quienes se dedican a este tipo de actividad y propone que estas personas puedan obtener un capital con el que puedan emprender en negocios propios.

“Esta ley promueve la política pública para que pasemos de las ventas informales a las formales, porque son muchas las personas que empiezan así sus negocios y no las podemos dejar en la simplificación de considerarlos informales o en algunos casos, irresponsablemente por algunos gobernantes locales, llamarlos ilegales”, dijo el primer mandatario en ese momento.

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Sin embargo, en ese momento no había pandemia y las condiciones en las que fue promulgada dicha norma eran completamente diferentes a las que hay hoy. En ese sentido, y en la recta final del diseño de una política pública a cargo del Ministerio del Trabajo, el representante a la Cámara Inti Asprilla, de la Alianza Verde, hace varios llamados de atención frente a esta política, teniendo en cuenta que la pandemia del nuevo coronavirus, que ya ha generado un impacto económico importante en la economía del país y el mundo, tendrá efectos directos en esta población.

Según Asprilla, es una realidad que habrá más vendedores informales luego de pandemia y que se debería tener en cuenta este nuevo elemento dentro de esa política. Además, alerta que, por falta de acceso y de difusión de la iniciativa, muchas personas dedicadas a la economía informal en las ciudades intermedias y municipios más pequeños, no pudieron aportar ideas.

¿Qué es lo que está pasando con el programa que el Gobierno ha planteado para los vendedores informales?

La principal problemática es que no contó con la difusión suficiente en partes del país donde los vendedores informales no tienen un acceso a medios y otros como los que tienen los que están en grandes ciudades, como Bogotá o Cali. En ese orden de ideas, hay muchos vendedores informales, sobre todo en municipios medianos y pequeños, que no pudieron participar de la política pública por esta situación. Lo segundo, y es el problema que siempre hemos reiterado, es el desafío que se afronta en todas las políticas públicas de entender la magnitud y la complejidad de la población que era vendedora informal antes de la pandemia y ahora los posibles nuevos vendedores informales que surgieron en esta pandemia y que surgirán en la pospandemia. Hay unos avances, porque se reconoce y se consagra la posibilidad de otorgar una alternativa económicamente viable, respeto al debido proceso, pero se sigue con el problema de entender la magnitud de la situación.

Mejor dicho, ¿el diseño y planeación del programa se está cerrando y una parte de la población de vendedores informales no pudieron aportar sus ideas?

Hubo dos problemas. Además de la falta de difusión, no hay un diagnóstico completo de la cantidad de vendedores informales que ya existían. A esto se suma el problema real de las nuevas personas que llegaran a dedicarse a esto. Es absolutamente seguro que el número de vendedores va a aumentar mientras haya una recuperación económica. La carencia de entender ese problema y de ser diagnosticado es el gran problema de la política.

Usted que ha estado siguiéndole el paso al tema de los vendedores informales, sobre todo en Bogotá, ¿hay un estimado a nivel nacional de cuántas personas subsisten con esta actividad?

No hay un estimado, ni siquiera el DANE tiene una metodología para medir a los vendedores informales. Entran dentro de la tasa de ocupación, pero no hay un diferencial de quiénes son vendedores informales y quienes son trabajadores informales. Esa es la gran paradoja, porque los cuentan para las cifras de desempleo, pero no los contaban estadísticamente para incluirlos en una política pública. Esto es importante porque la jurisprudencia constitucional habla mucho de la confianza legítima, que es cuando se ocupa un puesto durante un tiempo determinado, y el problema es que habrá nuevos vendedores que no entrarían en esa concepción tradicional de confianza legítima, pero que tendrá que buscar su sustento ante la ausencia de una renta básica.

¿Qué se puede hacer en este momento, en la recta final de su planeación, frente a estas críticas que plantea?

Esta es una política pública, entonces, no quiere decir que automáticamente quedarán por fuera de las posibles ayudas o del reconocimiento de sus derechos. Esta es una hoja de ruta para los próximos años, pero esas dos carencias que he mencionado se deberían tener en cuenta.

Más allá de los problemas económicos, una de las situaciones a las que se enfrentan estas personas son los choques con la Fuerza Pública., en donde muchas veces hay abuso de autoridad. ¿Esto está incluido en esa política?

Sí, sí lo tiene en cuenta. En esa política hay un avance en el reconocimiento en la consagración de la jurisprudencia constitucional. Esta será una norma de aplicación nacional.

Desde el momento en que el presidente Iván Duque Márquez, en agosto de 2019, presentó la ley 1988 se ha venido trabajando desde el Gobierno Nacional en una política pública para los vendedores informales. El grueso de la norma tiene la intención de formalizar a quienes se dedican a este tipo de actividad y propone que estas personas puedan obtener un capital con el que puedan emprender en negocios propios.

“Esta ley promueve la política pública para que pasemos de las ventas informales a las formales, porque son muchas las personas que empiezan así sus negocios y no las podemos dejar en la simplificación de considerarlos informales o en algunos casos, irresponsablemente por algunos gobernantes locales, llamarlos ilegales”, dijo el primer mandatario en ese momento.

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Sin embargo, en ese momento no había pandemia y las condiciones en las que fue promulgada dicha norma eran completamente diferentes a las que hay hoy. En ese sentido, y en la recta final del diseño de una política pública a cargo del Ministerio del Trabajo, el representante a la Cámara Inti Asprilla, de la Alianza Verde, hace varios llamados de atención frente a esta política, teniendo en cuenta que la pandemia del nuevo coronavirus, que ya ha generado un impacto económico importante en la economía del país y el mundo, tendrá efectos directos en esta población.

Según Asprilla, es una realidad que habrá más vendedores informales luego de pandemia y que se debería tener en cuenta este nuevo elemento dentro de esa política. Además, alerta que, por falta de acceso y de difusión de la iniciativa, muchas personas dedicadas a la economía informal en las ciudades intermedias y municipios más pequeños, no pudieron aportar ideas.

¿Qué es lo que está pasando con el programa que el Gobierno ha planteado para los vendedores informales?

La principal problemática es que no contó con la difusión suficiente en partes del país donde los vendedores informales no tienen un acceso a medios y otros como los que tienen los que están en grandes ciudades, como Bogotá o Cali. En ese orden de ideas, hay muchos vendedores informales, sobre todo en municipios medianos y pequeños, que no pudieron participar de la política pública por esta situación. Lo segundo, y es el problema que siempre hemos reiterado, es el desafío que se afronta en todas las políticas públicas de entender la magnitud y la complejidad de la población que era vendedora informal antes de la pandemia y ahora los posibles nuevos vendedores informales que surgieron en esta pandemia y que surgirán en la pospandemia. Hay unos avances, porque se reconoce y se consagra la posibilidad de otorgar una alternativa económicamente viable, respeto al debido proceso, pero se sigue con el problema de entender la magnitud de la situación.

Mejor dicho, ¿el diseño y planeación del programa se está cerrando y una parte de la población de vendedores informales no pudieron aportar sus ideas?

Hubo dos problemas. Además de la falta de difusión, no hay un diagnóstico completo de la cantidad de vendedores informales que ya existían. A esto se suma el problema real de las nuevas personas que llegaran a dedicarse a esto. Es absolutamente seguro que el número de vendedores va a aumentar mientras haya una recuperación económica. La carencia de entender ese problema y de ser diagnosticado es el gran problema de la política.

Usted que ha estado siguiéndole el paso al tema de los vendedores informales, sobre todo en Bogotá, ¿hay un estimado a nivel nacional de cuántas personas subsisten con esta actividad?

No hay un estimado, ni siquiera el DANE tiene una metodología para medir a los vendedores informales. Entran dentro de la tasa de ocupación, pero no hay un diferencial de quiénes son vendedores informales y quienes son trabajadores informales. Esa es la gran paradoja, porque los cuentan para las cifras de desempleo, pero no los contaban estadísticamente para incluirlos en una política pública. Esto es importante porque la jurisprudencia constitucional habla mucho de la confianza legítima, que es cuando se ocupa un puesto durante un tiempo determinado, y el problema es que habrá nuevos vendedores que no entrarían en esa concepción tradicional de confianza legítima, pero que tendrá que buscar su sustento ante la ausencia de una renta básica.

¿Qué se puede hacer en este momento, en la recta final de su planeación, frente a estas críticas que plantea?

Esta es una política pública, entonces, no quiere decir que automáticamente quedarán por fuera de las posibles ayudas o del reconocimiento de sus derechos. Esta es una hoja de ruta para los próximos años, pero esas dos carencias que he mencionado se deberían tener en cuenta.

Más allá de los problemas económicos, una de las situaciones a las que se enfrentan estas personas son los choques con la Fuerza Pública., en donde muchas veces hay abuso de autoridad. ¿Esto está incluido en esa política?

Sí, sí lo tiene en cuenta. En esa política hay un avance en el reconocimiento en la consagración de la jurisprudencia constitucional. Esta será una norma de aplicación nacional.