¿Es inconstitucional gravar las pensiones?
Según el senador Alexánder López, del Polo, se violenta el artículo 363 de la Constitución, pues rompe el equilibrio de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, al transgredir la prohibición de doble tributación. La tesis es compartida por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente.
Según la propuesta de reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque presentó ante el Congreso de la República, las pensiones de $4,8 millones en adelante serán gravadas y, además, tendrán retención en la fuente así: para 2022, la tarifa comenzaría en 10% para pensiones entre $2,1 millones y $2,5 millones mensuales e irá progresivamente hasta 41% para pensiones de más de 38 millones. Para 2023, el tope mínimo (10%) se correrá a pensiones de $1.4 millones y el máximo (41%) aplicará a partir de $30′244.564. Otro artículo de la iniciativa plantea un “impuesto solidario” por seis meses a las mesadas pensionales o asignaciones de retiro de $10 millones.
Sin embargo, a esa intención de gravar las pensiones le salió una tesis que podría echar al traste la intención del Ejecutivo. Y es que en el marco de una audiencia pública virtual realizada hoy en el Senado, convocada por el senador Alexánder López, presidente del Polo Democrático, con el fin de analizar los alcances de la reforma y su impacto no solo para los pensionados sino para todos los colombianos, esta violenta el artículo 363 de la Constitución pues rompe el equilibrio de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, al transgredir la prohibición de doble tributación.
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Para el congresista, gravar las pensiones desconoce, además, el principio del derecho tributario que enseña que la actividad productora es la generadora de renta imponible, como lo es la actividad laboral generadora de renta gravable, de la cual son sujetos pasivos quienes la originen, que son los trabajadores activos. “Las pensiones no pueden ser catalogadas como ingreso laboral y gravarse como pretende la reforma tributaria, las pensiones son devolución de un ahorro hecho por el trabajador durante su vida laboral, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-177 de 1998”, enfatizó.
La tesis apunta también a recalcar que gravar las pensiones “violenta el Principio de Progresividad y No Regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26.
Pero no solo el senador López defiende este argumento. La procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Cristina Cortés, comparte la tesis de la inconstitucionalidad de gravar a los pensionados y trabajadores, como lo dijo en la audiencia pública: “Se afectaría el valor intrínseco de la pensión y, por ende, el poder adquisitivo de los pensionados y su mínimo vital. La pensión es el ahorro del trabajador cuando este se encontraba en su etapa productiva, un nuevo gravamen implicaría una doble tributación”.
El congresista del Polo, con el apoyo de las centrales obreras y la Escuela Nacional Sindical, solicitó archivar la reforma, al concluir que es “inconstitucional e ilegal”. Y anunció que, junto a otros congresistas, presentará una nueva iniciativa que “no lesione a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana”.
Ese proyecto, explicó, estaría centrado, entre otros puntos, en establecer un impuesto a las utilidades del sector financiero, situadas en $55 billones para el 2020; reactivar el impuesto a los giros de utilidades de las multinacionales al exterior, que generan un costo fiscal de $25 billones; revocar los 68 contratos de estabilidad jurídica que cuestan miles de millones en impuestos, y gravar los altos patrimonios. “Estamos ante la necesidad de establecer ese impuesto en forma permanente y progresiva para patrimonios superiores a los $5.000 millones, a tasas crecientes de entre 0,4% y 1,2%”, agregó. Finalmente, se propondrá renegociar los 16 TLC y acuerdos comerciales vigentes con el fin de fortalecer la producción interna nacional.
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López le solicitó a la Contraloría General realizar auditoria a la deuda pública para revisar la legitimidad de la misma y evitar que se estén inflando las cifras. “En momentos de aumento del desempleo y quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, las pensiones representan en muchas ocasiones el único ingreso del hogar, por lo tanto, la afectación de la pensión y del salario de los trabajadores con la reforma tributaria generará impactos en amplios sectores de la población que no vamos a permitir. Por eso hago un llamado a todos los colombianos a salir pacíficamente y con las medidas necesarias de bioseguridad el 28 de abril de 2021 a la protesta pacífica contra la reforma tributaria”, concluyó.
Según la propuesta de reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque presentó ante el Congreso de la República, las pensiones de $4,8 millones en adelante serán gravadas y, además, tendrán retención en la fuente así: para 2022, la tarifa comenzaría en 10% para pensiones entre $2,1 millones y $2,5 millones mensuales e irá progresivamente hasta 41% para pensiones de más de 38 millones. Para 2023, el tope mínimo (10%) se correrá a pensiones de $1.4 millones y el máximo (41%) aplicará a partir de $30′244.564. Otro artículo de la iniciativa plantea un “impuesto solidario” por seis meses a las mesadas pensionales o asignaciones de retiro de $10 millones.
Sin embargo, a esa intención de gravar las pensiones le salió una tesis que podría echar al traste la intención del Ejecutivo. Y es que en el marco de una audiencia pública virtual realizada hoy en el Senado, convocada por el senador Alexánder López, presidente del Polo Democrático, con el fin de analizar los alcances de la reforma y su impacto no solo para los pensionados sino para todos los colombianos, esta violenta el artículo 363 de la Constitución pues rompe el equilibrio de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, al transgredir la prohibición de doble tributación.
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Para el congresista, gravar las pensiones desconoce, además, el principio del derecho tributario que enseña que la actividad productora es la generadora de renta imponible, como lo es la actividad laboral generadora de renta gravable, de la cual son sujetos pasivos quienes la originen, que son los trabajadores activos. “Las pensiones no pueden ser catalogadas como ingreso laboral y gravarse como pretende la reforma tributaria, las pensiones son devolución de un ahorro hecho por el trabajador durante su vida laboral, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-177 de 1998”, enfatizó.
La tesis apunta también a recalcar que gravar las pensiones “violenta el Principio de Progresividad y No Regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26.
Pero no solo el senador López defiende este argumento. La procuradora delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Cristina Cortés, comparte la tesis de la inconstitucionalidad de gravar a los pensionados y trabajadores, como lo dijo en la audiencia pública: “Se afectaría el valor intrínseco de la pensión y, por ende, el poder adquisitivo de los pensionados y su mínimo vital. La pensión es el ahorro del trabajador cuando este se encontraba en su etapa productiva, un nuevo gravamen implicaría una doble tributación”.
El congresista del Polo, con el apoyo de las centrales obreras y la Escuela Nacional Sindical, solicitó archivar la reforma, al concluir que es “inconstitucional e ilegal”. Y anunció que, junto a otros congresistas, presentará una nueva iniciativa que “no lesione a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana”.
Ese proyecto, explicó, estaría centrado, entre otros puntos, en establecer un impuesto a las utilidades del sector financiero, situadas en $55 billones para el 2020; reactivar el impuesto a los giros de utilidades de las multinacionales al exterior, que generan un costo fiscal de $25 billones; revocar los 68 contratos de estabilidad jurídica que cuestan miles de millones en impuestos, y gravar los altos patrimonios. “Estamos ante la necesidad de establecer ese impuesto en forma permanente y progresiva para patrimonios superiores a los $5.000 millones, a tasas crecientes de entre 0,4% y 1,2%”, agregó. Finalmente, se propondrá renegociar los 16 TLC y acuerdos comerciales vigentes con el fin de fortalecer la producción interna nacional.
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López le solicitó a la Contraloría General realizar auditoria a la deuda pública para revisar la legitimidad de la misma y evitar que se estén inflando las cifras. “En momentos de aumento del desempleo y quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, las pensiones representan en muchas ocasiones el único ingreso del hogar, por lo tanto, la afectación de la pensión y del salario de los trabajadores con la reforma tributaria generará impactos en amplios sectores de la población que no vamos a permitir. Por eso hago un llamado a todos los colombianos a salir pacíficamente y con las medidas necesarias de bioseguridad el 28 de abril de 2021 a la protesta pacífica contra la reforma tributaria”, concluyó.