“Ese artículo debe eliminarse para evitar suspicacias”: autor de supuesto mico en reforma a la justicia

Este fin de semana el país conoció que mientras se lleva a cabo el paro, el Congreso tramita una reforma a la justicia que tiene varios artículos cuestionados. En uno, específicamente un parágrafo, se estaría relajando los requisitos para ser fiscal o magistrado.

Esto debido a que la Constitución exige que para estos cargos se tenga una experiencia como abogado de mínimo 15 años, pero el proyecto contempla que “para ejercer el cargo de magistrado de alta corte, fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo y registrador nacional del estado civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional, aquella adquirida en ejercicio de tales profesiones”.

Este punto supuestamente beneficiaría al contralor Carlos Felipe Córdoba, que es internacionalista de profesión y estaría a punto de graduarse de derecho, por lo que esta iniciativa le ayudaría a suplir la falta de los 15 años de ejercicio de la abogacía para aspirar a una magistratura o la Fiscalía. Este miércoles se tuvo claridad que este punto no hacía parte del proyecto original sino que fue agregado por los ponentes: los representantes Harry Giovanny González y Jorge Enrique Burgos.

Puede ver: La reforma a la justicia que se cocina detrás del paro nacional

El Espectador pudo hablar sobre la controversia con el representante González, del Partido Liberal. Este aseguró que todo se trata de un mal entendido, pues el texto indica que serían requisitos adicionales. También señaló que su idea original apuntaba al cargo del defensor y al del registrador, que pueden ser enriquecidos con otras profesiones además de la abogacía. Por último, comentó que entendía la controversia, sobre todo el sentido ambiguo del parágrafo, por lo que pedía que se retire el texto cuestionado.

¿De dónde viene ese parágrafo? ¿Quién fue el autor?

Ese proyecto tuvo tantas mesas técnicas y audiencias, en algunas reuniones se planteó que se pudiera incorporar como requisito adicional -haciendo énfasis en esta parte-  a los que trae la ley para funcionarios de la rama judicial que acrediten experiencia en otras formaciones. Eso fue lo que se planteó. Desde mi punto de vista, no veo que eso vaya en contra de los requisitos que hoy tiene la rama judicial. Este artículo es sobre requisitos adicionales. Me excuso en que como ponente debí tener más cuidado en que la redacción no generara suspicacias, pero el artículo no es para modificar los requisitos sino adicionarle.

Se ha llegado a decir que el artículo beneficiaría al contralor que apenas va a tener su grado en derecho, ¿se hizo pensando en él?

No, no tenemos ni idea quién está estudiando derecho en el país. Además, ya no estoy en eso, está en el Senado. Lo que yo creo es que los senadores deberían eliminar ese parágrafo para evitar esas discusiones innecesarias, ese no es un tema de fondo del proyecto. No es un tema importante.

¿Cree que se está corriendo mucho con el trámite de ese proyecto?

En el Senado sí se está corriendo. En Cámara ese proyecto tuvo mucho estudio, desde el año pasado. Ustedes pueden mirar que desde el año pasado se han venido haciendo audiencias, reuniones, y de todo. Eso se hace para recibir propuestas de la gente. Así como se recibió esa propuesta, se recibieron muchas otras. Pero yo no entiendo cómo en Senado aprobaron el proyecto en una sola tarde y que ya va para plenaria. Me parece que le están dando muy rápido. Deberían revisarlo artículo por artículo qué cosas son convenientes y cuáles no. De eso se trata un proyecto de ley. Eso de que todo es mico, pues no. Si a alguien no le gusta una propuesta no necesariamente quiere decir que sea mico. Puede que sea inconveniente o inconstitucional y por eso se debe estudiar las protestas. El Senado debe revisar con más detalle.

En contexto: Reforma a la justicia, cada vez más cerca de convertirse en una realidad

Usted habla de mesas de trabajo, ¿la propuesta llegó por esas mesas? ¿Quién llevó ese punto?

Sí, en reuniones y en foros se planteó la idea. No puedo decir cuál día o quién, porque ese registro no lo llevamos. Pero uno toma nota de los temas que trata y pues intentamos interpretar una idea que se había planteado. Hay que leer ese artículo porque es fácil decir que es para beneficiar a Pedro o a Juan. Pero yo no me voy a meter en eso, no sé si eso le beneficia a alguien. El artículo es claro: requisitos adicionales, adicionales. Si la ley y la constitución ya dicen los requisitos, pues no no podemos ir en su contra. Por eso es un artículo de requisitos adicionales. Ahora viendo las cosas con calma y de forma sopesada, la redacción no es la adecuada.

De hecho cuando se estuvo planteando, uno le dice a los asesores que redacten la idea y metieron todos los cargos. Pero cuando yo lo propuse pensé que era para el defensor del Pueblo y el registrador. También eran solo unas profesiones. En la ponencia de Cámara no quedaron las profesiones que se habían dicho en la Comisión Primera. Eso significa que es un proyecto que está en desarrollo y que debe eliminarse. Ahora lo veo y no me gusta, por el ruido que genera y la malinterpretación que da. Pero repito, el artículo dice requisitos adicionales para ser funcionario de la rama judicial. El exministro Yesid Reyes ha dicho que no es una mala idea, pero que no debe ser para suplir los 15 años de experiencia pero que podría tenerse en cuenta que se pudiera tener experiencia en áreas del derecho. Yo lo estaba viendo en el defensor del Pueblo y en el registrador donde politólogos o administradores pueden sumar experiencia de sus campos.

Acaba de decir que eso lo pensó para defensor y registrador, ¿por qué se amplió a más cargos?

En la otra ponencia se cambió la redacción y ampliaron el número. Incluso antes de presentar la ponencia nosotros tuvimos una reunión con los autores, la Judicatura y el Gobierno. Estudiamos artículo por artículo para ver en cuál estaban de acuerdo y cuáles no. Cuando pasamos este artículo, que no es fundamental y no duramos horas estudiándolo, la presidenta de la judicatura dijo que no le gustaba la redacción. Pero el viceministro de Justicia, que era el delegado del Gobierno, dijo que se dejara para que lo discutieran en la plenaria.

Usted dice que en Senado están corriendo mucho con el proyecto, ¿a quién le interesa sacarlo a la brava?

A los autores les interesa: al Gobierno y a la Rama Judicial. El tema es que si esto no se aprueba antes del 20 de junio, se hunde el proyecto. Tal vez por eso lo han hecho con algunas rapidez. Pero el hecho de que se haga rápido no quiere decir que se deba hacer mal. En Senado deberían hacerle una audiencia pública.

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¿El artículo no es inconstitucional pues entra a modificar unas condiciones que están consignadas en esta?

Por eso digo que ese artículo debe eliminarse para evitar cualquier tipo de suspicacia, inconveniencia o inconstitucionalidad. Le pido al Senado que lo elimine. Le dije al ponente único que lo hiciera. Ellos son los que deberían dar la cara porque ellos aprobaron eso y allá hay un ponente. Todos tienen responsabilidad en estudiarlo. Mi solicitud es para que se den cuenta que no había una intención malévola y que es un tema que se puede discutir.

¿Hay interés en mantener el artículo?

No sé. Yo creo que algunos advirtieron que estaba ese artículo y lo llamaron mico, pero no es así. Si es inconveniente se elimina, este proyecto está en construcción y no se ha aprobado. Todavía se puede mejorar y estudiar más.

Este fin de semana el país conoció que mientras se lleva a cabo el paro, el Congreso tramita una reforma a la justicia que tiene varios artículos cuestionados. En uno, específicamente un parágrafo, se estaría relajando los requisitos para ser fiscal o magistrado.

Esto debido a que la Constitución exige que para estos cargos se tenga una experiencia como abogado de mínimo 15 años, pero el proyecto contempla que “para ejercer el cargo de magistrado de alta corte, fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo y registrador nacional del estado civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional, aquella adquirida en ejercicio de tales profesiones”.

Este punto supuestamente beneficiaría al contralor Carlos Felipe Córdoba, que es internacionalista de profesión y estaría a punto de graduarse de derecho, por lo que esta iniciativa le ayudaría a suplir la falta de los 15 años de ejercicio de la abogacía para aspirar a una magistratura o la Fiscalía. Este miércoles se tuvo claridad que este punto no hacía parte del proyecto original sino que fue agregado por los ponentes: los representantes Harry Giovanny González y Jorge Enrique Burgos.

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El Espectador pudo hablar sobre la controversia con el representante González, del Partido Liberal. Este aseguró que todo se trata de un mal entendido, pues el texto indica que serían requisitos adicionales. También señaló que su idea original apuntaba al cargo del defensor y al del registrador, que pueden ser enriquecidos con otras profesiones además de la abogacía. Por último, comentó que entendía la controversia, sobre todo el sentido ambiguo del parágrafo, por lo que pedía que se retire el texto cuestionado.

¿De dónde viene ese parágrafo? ¿Quién fue el autor?

Ese proyecto tuvo tantas mesas técnicas y audiencias, en algunas reuniones se planteó que se pudiera incorporar como requisito adicional -haciendo énfasis en esta parte-  a los que trae la ley para funcionarios de la rama judicial que acrediten experiencia en otras formaciones. Eso fue lo que se planteó. Desde mi punto de vista, no veo que eso vaya en contra de los requisitos que hoy tiene la rama judicial. Este artículo es sobre requisitos adicionales. Me excuso en que como ponente debí tener más cuidado en que la redacción no generara suspicacias, pero el artículo no es para modificar los requisitos sino adicionarle.

Se ha llegado a decir que el artículo beneficiaría al contralor que apenas va a tener su grado en derecho, ¿se hizo pensando en él?

No, no tenemos ni idea quién está estudiando derecho en el país. Además, ya no estoy en eso, está en el Senado. Lo que yo creo es que los senadores deberían eliminar ese parágrafo para evitar esas discusiones innecesarias, ese no es un tema de fondo del proyecto. No es un tema importante.

¿Cree que se está corriendo mucho con el trámite de ese proyecto?

En el Senado sí se está corriendo. En Cámara ese proyecto tuvo mucho estudio, desde el año pasado. Ustedes pueden mirar que desde el año pasado se han venido haciendo audiencias, reuniones, y de todo. Eso se hace para recibir propuestas de la gente. Así como se recibió esa propuesta, se recibieron muchas otras. Pero yo no entiendo cómo en Senado aprobaron el proyecto en una sola tarde y que ya va para plenaria. Me parece que le están dando muy rápido. Deberían revisarlo artículo por artículo qué cosas son convenientes y cuáles no. De eso se trata un proyecto de ley. Eso de que todo es mico, pues no. Si a alguien no le gusta una propuesta no necesariamente quiere decir que sea mico. Puede que sea inconveniente o inconstitucional y por eso se debe estudiar las protestas. El Senado debe revisar con más detalle.

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Usted habla de mesas de trabajo, ¿la propuesta llegó por esas mesas? ¿Quién llevó ese punto?

Sí, en reuniones y en foros se planteó la idea. No puedo decir cuál día o quién, porque ese registro no lo llevamos. Pero uno toma nota de los temas que trata y pues intentamos interpretar una idea que se había planteado. Hay que leer ese artículo porque es fácil decir que es para beneficiar a Pedro o a Juan. Pero yo no me voy a meter en eso, no sé si eso le beneficia a alguien. El artículo es claro: requisitos adicionales, adicionales. Si la ley y la constitución ya dicen los requisitos, pues no no podemos ir en su contra. Por eso es un artículo de requisitos adicionales. Ahora viendo las cosas con calma y de forma sopesada, la redacción no es la adecuada.

De hecho cuando se estuvo planteando, uno le dice a los asesores que redacten la idea y metieron todos los cargos. Pero cuando yo lo propuse pensé que era para el defensor del Pueblo y el registrador. También eran solo unas profesiones. En la ponencia de Cámara no quedaron las profesiones que se habían dicho en la Comisión Primera. Eso significa que es un proyecto que está en desarrollo y que debe eliminarse. Ahora lo veo y no me gusta, por el ruido que genera y la malinterpretación que da. Pero repito, el artículo dice requisitos adicionales para ser funcionario de la rama judicial. El exministro Yesid Reyes ha dicho que no es una mala idea, pero que no debe ser para suplir los 15 años de experiencia pero que podría tenerse en cuenta que se pudiera tener experiencia en áreas del derecho. Yo lo estaba viendo en el defensor del Pueblo y en el registrador donde politólogos o administradores pueden sumar experiencia de sus campos.

Acaba de decir que eso lo pensó para defensor y registrador, ¿por qué se amplió a más cargos?

En la otra ponencia se cambió la redacción y ampliaron el número. Incluso antes de presentar la ponencia nosotros tuvimos una reunión con los autores, la Judicatura y el Gobierno. Estudiamos artículo por artículo para ver en cuál estaban de acuerdo y cuáles no. Cuando pasamos este artículo, que no es fundamental y no duramos horas estudiándolo, la presidenta de la judicatura dijo que no le gustaba la redacción. Pero el viceministro de Justicia, que era el delegado del Gobierno, dijo que se dejara para que lo discutieran en la plenaria.

Usted dice que en Senado están corriendo mucho con el proyecto, ¿a quién le interesa sacarlo a la brava?

A los autores les interesa: al Gobierno y a la Rama Judicial. El tema es que si esto no se aprueba antes del 20 de junio, se hunde el proyecto. Tal vez por eso lo han hecho con algunas rapidez. Pero el hecho de que se haga rápido no quiere decir que se deba hacer mal. En Senado deberían hacerle una audiencia pública.

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¿El artículo no es inconstitucional pues entra a modificar unas condiciones que están consignadas en esta?

Por eso digo que ese artículo debe eliminarse para evitar cualquier tipo de suspicacia, inconveniencia o inconstitucionalidad. Le pido al Senado que lo elimine. Le dije al ponente único que lo hiciera. Ellos son los que deberían dar la cara porque ellos aprobaron eso y allá hay un ponente. Todos tienen responsabilidad en estudiarlo. Mi solicitud es para que se den cuenta que no había una intención malévola y que es un tema que se puede discutir.

¿Hay interés en mantener el artículo?

No sé. Yo creo que algunos advirtieron que estaba ese artículo y lo llamaron mico, pero no es así. Si es inconveniente se elimina, este proyecto está en construcción y no se ha aprobado. Todavía se puede mejorar y estudiar más.