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Según cifras del Ministerio del Trabajo de 2017, el 82 % de los colombianos entre 18 y 28 años, es decir, alrededor de 10 millones de jóvenes, veían como una paradoja que les exigieran experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo. Esa contradicción persiste en un contexto en el que, además, quienes buscan estrenarse en el mercado laboral deben enfrentar la alta tasa de desempleo, que en mayo ascendió al 21,4 % (más de 10 puntos porcentuales frente al mismo período de 2019), como efecto de la crisis por el coronavirus.
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En ese panorama, el Congreso aprobó la ley que reconoce la práctica profesional como experiencia laboral en los sectores público y privado. A ojos de Teresa de Jesús Enríquez, representante del Partido de la U y autora de la iniciativa, la norma es un paso a favor de las personas que no han podido conseguir trabajo (una población de la cual no se tiene un censo exacto) por cuenta de la barrera de la experiencia. Acepta que no resuelve el problema y está a la espera de que la ley sea sancionada por el presidente Iván Duque.
¿Qué vacío entra a subsanar la ley?
Existe un vacío en la legislación laboral para aquellos que no cuentan con experiencia y realizaron estudios profesionales, técnicos y tecnológicos. Sobre todo en el sector público, en el que regímenes de contratación estatal y de carrera administrativa prohíben que se vinculen personas que carecen de experiencia previa. Es un círculo vicioso, porque si nadie les permite un primer trabajo, nunca van a contar con ello. Con esta ley cerraremos un poco esa brecha laboral.
La ley dice que se garantiza el ingreso a la vida laboral, pero no resuelve el tema del desempleo. ¿Cómo es eso?
No es una solución a la falta de empleo, pero sí vamos a lograr que tengan mayores oportunidades. Es garantía, porque es de obligatorio cumplimiento y el sector público debe ejecutarla, y esperamos que el privado se acoja también.
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Dé un ejemplo al respecto…
Un caso es la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Normalmente, los cargos ofertados exigen a los postulantes acreditar su experiencia. Eso no lo puede cumplir un amplio sector de la población, pues la experiencia cuenta después de la expedición del título o de la tarjeta profesional. Con la nueva ley, ese profesional podrá inscribirse a la convocatoria, logrando acceder por méritos. Es una herramienta efectiva, pues se podrán presentar a esas plazas y eso representa una oportunidad.
La ley dice que materializa principios y derechos como el trabajo y la dignidad humana. ¿Sugiere que antes no se cumplían?
Que una persona no pueda ingresar al mercado por una barrera como la experiencia es, de alguna manera, violatorio del derecho al trabajo y al mínimo vital. Las familias deben realizar esfuerzos para educar a sus hijos, pero cuando estos terminan sus ciclos de educación no pueden tener una remuneración digna y retribuir ese esfuerzo. Había una paradoja: el Estado promovía la educación, pero nadie estaba pensando en que los profesionales, técnicos y tecnólogos no podían acceder al empleo.
¿Cómo será la remuneración de los practicantes de ahora en adelante?
La norma acoge que las entidades públicas les reconozcan a los practicantes el gasto de transporte y alimentación, no a título de honorarios, sino como los gastos indispensables para realizar su práctica. Asimismo, el artículo segundo dice que prevalece lo consagrado en la ley que regula la remuneración en los contratos de aprendizaje, que habla de subsidios, y en general beneficios económicos como el salario. El pago es un tema fiscal, porque la contratación es un gasto al erario. Debemos avanzar paulatinamente, pero en este proyecto lo importante era derribar la barrera de la experiencia.
En cualquier relación laboral, sin importar el tipo de remuneración, la nueva ley hace que la entidad cobije a sus practicantes con garantías como afiliación a salud y riesgos laborales, y pago de la pensión.
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¿En qué momento entrará a regir la ley?
Tan pronto sea sancionada por el presidente Duque, tiene efecto general inmediato. Podrá aplicar a los colombianos que al momento de su promulgación estén validando su práctica como experiencia laboral.
¿A quiénes aplica?
No existe un censo que permita identificar el número total de practicantes en el país. Por lo tanto, el número de beneficiarios dependerá de las convocatorias de las entidades, y los que las empresas privadas involucren.Para ponerlo en términos veraces, está el ejemplo del Sena. Según la rendición de cuentas, entre julio de 2018 y agosto de 2019, los aprendices fueron 441.044 en este año. Es decir, si la ley hubiese estado vigente entre 2018 y 2019, los beneficiados pudieron ser más de 440.000 estudiantes. A eso, se debe sumar los estudiantes de universidades susceptibles a realizar su práctica profesional.