Estados Unidos en Colombia: ¿“intervención por invitación”? 


Que era un hecho previsible, según una de las promesas de campaña del entonces candidato De la Espriella relacionada con su concepción sobre el Plan Patriota 2.0. Si dicho plan retoma los preceptos del primer Plan Patriota, es presumible que haya una cooperación mucho más estrecha con el gobierno de Estados Unidos, en materias de seguridad y defensa. Más aún cuando quien ocupa la Presidencia de ese país es una persona como Donald Trump, un político con intereses muy marcados y con tendencia a acudir a las vías de hecho. En el caso específico de los más de 300 militares de Estados Unidos que llegaron al país en desarrollo de la Misión Vanguardia del Sur, hay que decir que no es algo nuevo. Es un evento anual que se realiza entre Estados Unidos y determinados países de América Latina desde el año 2021, y cuya ejecución en Colombia ya se había hecho antes. Sin embargo, y debido a las condiciones actuales de ambos gobiernos, en esta ocasión ese ejercicio merece examinarse con mayor cuidado y precaución.

Exactamente, ¿en qué consiste Misión Vanguardia del Sur (Southern Vanguard)?

Es un marco de cooperación en seguridad de Estados Unidos, patrocinado por el Comando Sur en el hemisferio occidental, pero en particular, con cada uno de los países de Latinoamérica con los que ha llegado a ese acuerdo. Este año se realizan los ejercicios militares en Colombia con los componentes siguientes: lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, ciberataques y amenazas de sistemas aéreos no tripulados, o drones.

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Según usted, soldados de Estados Unidos ya habían venido a intercambiar experiencias militares a Colombia, en desarrollo de Vanguardia del Sur. ¿En cuál otra fecha ocurrió eso?

En noviembre de 2022.

Es decir, ¿durante el gobierno Petro?

Sí, según la información disponible.

Y, entonces, ¿por qué usted advierte que “por las condiciones actuales de ambos gobiernos, (ese ejercicio de cooperación) merece verse con el mayor cuidado y precaución”? ¿A qué se refiere?

En primer lugar, la cantidad de 350 militares desplegados para este evento, es inédita para intercambios de este tipo; en 2022 llegó un grupo menor y con un campo limitado de acción. En segundo lugar, los componentes de cooperación que antes eran de inferior alcance, ahora se amplían de tal modo, que no solo se concentrarían en entrenamientos, como se han descrito oficialmente esas actividades, sino que podrían terminar abriéndoles la puerta a futuros ejercicios operacionales los cuales, de ejecutarse, sí comprometerían la soberanía nacional.

En su misma línea de respuesta, ¿cómo interpreta la precisión que ha hecho el gobierno colombiano en el sentido de que los militares norteamericanos vienen a “entrenarse” en la lucha contra el narcotráfico? ¿Es creíble que el objetivo de esa numerosa visita armada sea especializarse en la persecución a los narcos?

La razón por la cual el gobierno de Colombia ha sido tan cuidadoso en señalar que los 350 militares estadounidenses vienen a adelantar solo labores de entrenamiento, radica en que, si su objetivo no se limita a ese ejercicio, su presencia sería inconstitucional debido a que el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano debe ser expresamente autorizado por el Senado de República, según el artículo 173 de nuestra Carta Política. Como se sabe, el Gobierno no ha consultado a la cámara alta sobre ese tema. Reitero: aunque hace cuatro años se habían realizado ejercicios dentro de la misión Vanguardia del Sur, el aumento considerable de efectivos (prácticamente el doble) esta vez, y la extensión de los componentes operacionales, podrían llegar a abrir un frente de preocupación nacional por la falta de control de los otros poderes.

Como usted bien lo recuerda, el numeral 4 del Artículo 173 de la Constitución, dice que es atribución exclusiva del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Pero, el gobierno actual no hizo esa consulta. ¿Qué sucedería si se establece que violó la Carta Política?

La delgada línea que fija la diferencia entre lo legal y lo ilegal en ese tipo de misiones, tiene que ver con su carácter: si la misión tiene un sentido operacional u hostil con posición de mando de las tropas extranjeras sobre las locales; y si se desarrollan esas operaciones militares, la autorización del Senado es obligatoria e indispensable, cómo lo consagra el artículo constitucional 173. Si la misión se limita a una estadía de militares extranjeros por un tiempo corto, y sus funciones se restringen a labores de asesoría, capacitación o entrenamiento técnico, el Gobierno nacional tiene la facultad de autorizarla sin necesidad de pasar por el Legislativo, o de contar con un concepto del Consejo de Estado, tal y como la estipula el pronunciamiento de esta última corporación en 2020.

Foto: El Espectador

Según el ministerio de Defensa ha dicho, “el entrenamiento (actual) fortalecerá la interoperabilidad entre ambos ejércitos mediante el intercambio de tácticas y procedimientos para combatir el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, las amenazas con sistemas aéreos no tripulados y la realización de evacuaciones…”. Con ese campo de acción tan amplio, los estadounidenses tienen gran facilidad de intervenir en combates, bombardeos, etc. ¿Está de acuerdo o no?

Justamente esa es la pregunta clave y cuya respuesta debe causar la mayor preocupación. Lo atípico del ejercicio Vanguardia del Sur en esta ocasión, y como ya lo mencioné, es que se ha duplicado el número de personal militar estadounidense desplegado en territorio colombiano. Si este es un primer paso para multiplicar esfuerzos que involucran participación en hostilidades, como la guerra contra el narcotráfico o el combate a la minería ilegal, se estaría configurando el intervencionismo de una potencia extranjera con el consecuente atentado a nuestra soberanía.

No parece que esta última opción sea descartable por las posiciones previas de la administración De la Espriella respecto del gobierno Trump. Si ese escenario se materializara, ¿cuáles acciones judiciales, en la legislación interna colombiana, podrían interponerse en contra del acuerdo lesivo para nuestra soberanía?

Existen varias líneas de acción: el control político que ejerce el Congreso al Gobierno. Mediante este mecanismo, el Ejecutivo rinde cuentas sobre el alcance de sus decisiones. Por eso, precisamente, los ministros y otros altos funcionarios, en este caso, los de Defensa, podrían ser citados a debates para dar explicaciones, en un proceso que, incluso, puede terminar en moción de censura y separación del cargo. De otro lado, también están, como medio de control, las sentencias de la Corte Constitucional que delimitan los campos de decisión y actividad del Ejecutivo. Y, por último, existe la posibilidad de denunciar al jefe de Estado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por su presunta responsabilidad y permisividad en la ejecución de esos hechos.

¿Podríamos estar presenciando el inicio del despliegue, en terreno, de la estrategia del gobierno de Trump de copar espacios geográficos latinoamericanos para su dominio y aprovechamiento?

Lastimosamente podría ser así. Remitiéndonos a la manera en que el presidente Trump ha manejado su política exterior hacia el mundo y, particularmente, hacia América Latina, podemos estar presenciando el colofón de un mayor intervencionismo estadounidense en nuestros países, incluido Colombia, en nombre de la guerra contra el narcotráfico, el combate a la minería ilegal o la defensa contra ataques de drones por parte de grupos criminales. Esos argumentos constituirían su caballo de Troya.

Más puntualmente, ¿se trata de la ejecución de la llamada “doctrina Donroe” de acuerdo con la cual, Trump intenta plantar la hegemonía de Estados Unidos en todo el continente: “América para los americanos” pero solo para ‘los americanos’ del norte?

Como se estableció en el documento de la Estrategia en Seguridad Nacional, de noviembre de 2025, el corolario Trump de la Doctrina Monroe, es decir, la idea de una “América” (el continente) para los “americanos” (en específico, las élites estadounidenses) está tomando cuerpo con iniciativas como el Escudo de las Américas, la Gran Norteamérica que incluye a Colombia, y en general al control del hemisferio occidental. Lo anterior, para crear un cordón de aislamiento que aleje a potencias competidoras, como China y Rusia, de esta parte del mundo con el fin de que Estados Unidos sea exclusivamente el Estado hegemónico regional, sin ningún tipo de competencia para la extracción de recursos y la consecución de su interés nacional.

Tenemos el ejemplo de Venezuela, un país que perdió su soberanía y que hoy funciona como un protectorado o colonia de Estados Unidos. ¿Colombia corre el riesgo de padecer esa misma condición?

Pensaría que sí, pero con la diferencia de que la mayor presencia de Estados Unidos en Colombia no se daría por la vía de la disuasión militar sino con el pleno acuerdo del Gobierno nacional en lo que se denomina “intervención por invitación”.

Hace apenas una semana, también se conoció que un contingente de 600 soldados de la Décima División de Montaña de Estados Unidos llegó a Panamá, supuestamente para otro entrenamiento. Además, se han anunciado arribos de grupos militares norteamericanos a varios países de Centro y Suramérica, todo lo anterior, ante el silencio y complacencia de los gobiernos locales. ¿La soberanía nacional terminó siendo un concepto obsoleto? O ¿hay que ser realistas y ante poder aplastante de Trump, la única posibilidad es el sometimiento?

Recuerdo una frase del historiador griego Tucídides que reza: “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Uno de los protagonistas de la política mundial que más nos recuerda esta máxima, es Donald Trump. Su desprecio hacia el derecho internacional liberal, que ha dictaminado las normas durante las últimas décadas, es explícito. Para él, es obsoleto. Mientras tanto, privilegia estrategias de extorsión y del uso de la fuerza para obtener beneficios en caso de que algún país le sea hostil. Y, hablando de los jefes de Estado complacientes y que se pliegan voluntariamente, Trump no duda en aprovechar todas las concesiones que le otorguen.

¿Hay vías alternativas de acción en defensa de los intereses nacionales y regionales por parte de Latinoamérica o estamos condenados a la supremacía de Estados Unidos?

A pesar de que el escenario sea desolador, no solo por lo que significa Trump, sino porque la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos actuantes se alinean con los intereses de Estados Unidos, siempre existirá la opción de elegir gobernantes que privilegien la autonomía de la región y la construcción de foros multilaterales independientes. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta, en cualquier análisis, la cercanía de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cuyos resultados podrían restablecer un equilibrio de poderes en ese país que le ponga coto a las intenciones injerencistas de Trump. De todos modos, la situación actual no debeimpedir la consideración de que estamos en un momento de transición geopolítica que, en los próximos años, podría conducir a reconfigurar el orden internacional y a abrir oportunidades de restablecer un mundo multilateral y más democrático.

Es conocida la afición del presidente de Colombia, de participar en videos en los que quede prueba de su intervención directa en operativos policiales y militares de captura de grupos y personas presuntamente criminales. Pero no se ha exhibido ni ha visitado el complejo militar de Tolemaida. Y, que yo recuerde, tampoco se ha referido explícitamente a la visita de los 350 uniformados de Estados Unidos. Analice, por favor, esta omisión del jefe de Estado.

Una táctica recurrente, en el estilo de gobierno del presidente De la Espriella, ha sido el de buscar el foco de atención en lo referente a noticias que se juzgan positivas y que atraen la atención mediática sobre su persona, con manifestaciones espectaculares. No funciona, de la misma manera, con noticias que generen polémica en los medios de comunicación o en las redes sociales, y que puedan afectar su imagen. Por ello, mientras las noticias positivas o los anuncios grandilocuentes descansan en la propia personalidad del presidente, aquellas que pueden estar abiertas a críticas o a denuncias o polémicas, son delegadas a otras personas o, incluso, se han preferido los canales de comunicación de otros Estados.

De manera igualmente semiclandestina, Estados Unidos y Colombia firmaron, en Barranquilla, el llamado “Marco de Cooperación para el aseguramiento de las Cadenas de Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras”. Debido a la complejidad del título, que corresponde a la complejidad del asunto abordado, ese acuerdo no ha llamado suficientemente la atención pública. ¿A qué se compromete el Gobierno nacional en ese convenio y con cuáles riesgos para nuestras riquezas?

El riesgo en este frente es mayúsculo. Estados Unidos está perdiendo la carrera por el control de la explotación y el refinamiento de tierras raras frente a China. Esto ha llevado a la administración Trump a buscar, desesperadamente, insumos como los minerales críticos en países en los cuales la exploración y explotación no han sido adelantadas en debida forma. Tal es el caso de Colombia, un país con potencial de producción de tungsteno y de coltán, dos minerales raros. Este acuerdo les brinda prioridad en la exploración y explotación de esos minerales, a empresas estadounidenses con una alta probabilidad de degradación ambiental y de extracción de la riqueza nacional hacia otros destinos, con la connivencia del gobierno de Colombia.

¿Por qué son tan disputados y preciados esos minerales y por qué son llamados “críticos” o “raros”?

Se les llama críticos porque son escasos, pero, sobre todo, porque debido a sus propiedades químicas, son útiles en la tecnología moderna y en seguridad nacional para la producción, por ejemplo, de semiconductores, teléfonos inteligentes, computadores, vehículos eléctricos y armamento. Tienen alta importancia estratégica y, al mismo tiempo, su suministro es vulnerable y riesgoso.

El incremento de la presencia militar estadounidense en Colombia y el convenio de cesión de las riquezas minerales y de las tierras raras, ¿son propósitos que se entrelazan para garantizar éxito en materias de control y extracción, o no tienen relación?

Todos esos propósitos están totalmente entrelazados. La política exterior del presidente Trump hacia el mundo, ha dejado claro que continentes como Europa o África dejan de ser relevantes. La relevancia se desplaza hacia el vecindario y hacia lo que puede obtener de este. Eso se traduce en una estrategia hemisférica de disuasión con el fin de alejar a los competidores geoestratégicos, Rusia y China, y para tener acceso y control prioritario de los recursos de la región. En este ajedrez, la presencia militar y el enfoque coercitivo tendrán un gran protagonismo.

¿Se requiere o no autorización del Senado?

Existen dos teorías en el mundo político: según la primera, cualquier tipo de ingreso, operación conjunta o permanencia de fuerzas militares extranjeras en el país, requiere el aval del Senado. De acuerdo con la segunda, los entrenamientos, la cooperación técnica, capacitación o ejercicios de intercambio, no califican como “tránsito de tropas” y por eso no necesitan consulta al Legislativo ¿Cuál de las dos hipótesis se ajusta al ordenamiento?

La primera posición tiene un problema y es que cuando se habla de cualquier tipo de ingreso, se generaliza el propósito que justifica que las tropas extranjeras hagan presencia en territorio colombiano. Si el objetivo de esa presencia es el de desarrollar una operación conjunta o si existe vocación de permanencia de las tropas, es bastante claro que se requiere la autorización del Senado. La segunda posición es más precisa puesto que evidencia ese matiz, en el cual, labores que no comprometen hostilidades, sujeción de mando o alteración de la soberanía nacional como son los entrenamientos, la cooperación técnica o estos ejercicios de intercambio, pueden llevarse a cabo sin necesidad de recurrir al Legislativo.