A los pasillos del Capitolio Nacional llegó un proyecto con el que se busca hacer una ajuste a la Constitución para evitar la prorroga de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es promovido por el partido Salvación Nacional. La propuesta pretende que este tribunal culmine sus funciones en marzo de 2028, pero de forma paralela pide que los procesos que se adelantan desde la JEP recaigan en la justicia ordinaria y bajo las garantías presentadas en el marco del acuerdo del 2016.
En concreto, el Acto Legislativo 18 que entrará por las comisiones primeras -justo una sala en la Gómez es presidente- pretende ajustar el Acto 01 de 2017 que puso en funcionamiento la JEP para adicionar un apartado con el que dejaría en firme sus funciones hasta marzo de 2028. "El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP", dice apartado que pide incluir la bancada de Salvación Nacional.
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Sobre la justificación de esta propuesta, Gómez afirmó que "la JEP no ha traído justicia, ha traído una enorme dosis de impunidad, de amargura y una tergiversación casi que sistemática de la subversión y de los daños que esta le ha hecho por casi 60 años a la sociedad colombiana". En se sentido agregó que este tribunal ha hecho las veces de contratadero, pues su planta de servicios se extiende a unos 1.400 funcionarios, además de otros 1.200 que estarían vinculados a través de la modalidad de prestación de servicios.
Gómez agregó que "hoy ni las víctimas ni quienes están sometidos a la competencia de la JEP, más de 9.700 guerrilleros y cerca de 2.000 miembros obtienen satisfacción con la situación de la situación jurídica. La JEP se dedica a lavarle el rosto a las Farc. (…) Ese acuerdo está en línea de amnistiar, lo amnistiable". Al senador le acompañó su compañero de bancada, Germán Rodríguez, quien dijo que en los ocho años de funcionamiento del tribunal no se han visto los principios de "verdad, justicia y reparación". "La JEP no es más que una medida sastre para blindar a los terroristas y a los genocidas del secretariado de las FARC2, dijo el senador.
Finalmente la representante Carol Borda señaló que "todos los billones que hemos invertido en la JEP no ha tenido los resultados esperados". Dijo que, aproximadamente, las sentencias de este Tribunal estarían costando alrededor de COP 1 billón. La presentación del proyecto llega en medio de las tensiones y discusiones que ha generado la propuesta de disminuir COP 100.000 millones del presupuesto de la JEP para la vigencia de 2027, esto para trasladar los mismos a la justicia ordinaria, concretamente al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa también fue propuesta por el senador Gómez.
Ahora bien, en el marco de esas discusiones la propuesta tuvo un visto bueno en las comisiones económica y, de hecho, la ponencia que sería aprobada en las células terceras y cuartas de Senado y Cámara aprobaría una reducción de COP 170.000 millones en ese presupuesto, aunque sí garantizaría el funcionamiento pleno del tribunal, una de las alertas emitidas por su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli.
Vea el proyecto completo:
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