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La sabiduría popular afirma que después de las tormentas llega la calma y, aunque sobre el escenario político aún se posan nubarrones, un claro parece abrirse camino para poner la primera piedra de la reconciliación entre los sectores del Sí y el No en que se dividió el país por el Acuerdo de Paz. Y es que en medio de la crispación institucional que implicó el caso de Jesús Santrich, que condujo a que el presidente Iván Duque objetara la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y al enfrentamiento entre las ramas del poder en Colombia, un proyecto de ley interpretativa se presenta como el primer punto de encuentro entre defensores y detractores del Acuerdo de Paz.
(Corte tumbó la objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP)
El promotor del recurso es el senador liberal Luis Fernando Velasco, un parlamentario que defendió el pacto desde las toldas de la Unidad Nacional creada por el expresidente Juan Manuel Santos, pero quien también goza del respeto del Centro Democrático y, principalmente, del expresidente Álvaro Uribe, quien en varias ocasiones le ha pedido al parlamentario caucano servir de garante en acuerdos y compromisos. No hace mucho, cuando el uribismo impulsaba la creación de unas salas especiales para el procesamiento de uniformados en el marco de la justicia especial de paz, Uribe apeló a Velasco para crear un espacio de concertación entre la FARC, la oposición y la bancada de Gobierno.
(Así fue el primer encuentro entre las Farc y Uribe para acordar una reforma a la JEP)
Por eso no es extraño que sea nuevamente el congresista liberal quien aporte una iniciativa legislativa para aproximar a las fuerzas políticas que libraron una desgastante batalla a raíz de las objeciones presidenciales. El Espectador conoció en exclusiva el documento que circula en el Congreso de la República y que muy pronto será radicado para iniciar su trámite legislativo. La propuesta tiene, de entrada, el apoyo de la oposición, de los sectores del liberalismo, de Cambio Radical y de la U, que conformaron el bloque de defensa que derrotó los reparos presidenciales a la JEP. Incluso, la FARC estaría dispuesta a respaldar la iniciativa en aras de construir un consenso nacional que abra la senda a la reconciliación.
Se trata de cinco escuetas páginas, de las cuales cuatro son una exposición de motivos que presenta la intención de la propuesta legislativa y desarrolla el marco normativo en que se inscribe, dado que nunca el Congreso de la República ha tramitado este tipo de norma. Según la propuesta, “la ley interpretativa, como su nombre lo define, es una norma que expide el legislador para fijar con claridad el sentido de otra norma jurídica y con la que se establece el auténtico sentido normativo de la ley que se está interpretando”, se lee en el documento. El sustento jurídico es el artículo 150 de la Constitución, que define que dentro de las funciones del Congreso está el de interpretar, derogar o reformar las leyes, por lo tanto, el Legislativo puede apelar a una norma que sirva para interpretar otra ley.
Una segunda sección del proyecto advierte “el problema a resolver”: “Tanto el Gobierno como el señor exfiscal general y sectores del Congreso tienen el temor de que el instrumento de cooperación judicial de la extradición pueda estar en riesgo a la hora de aplicar lo que sobre él dice la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Otra parte del país cree que ese temor está resuelto en la interpretación holística de esta ley estatutaria que, con claridad, señala que solo se aplicará “a las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo”, lo que dejaría por fuera de estos beneficios a narcotraficantes que quieran acceder a este tipo de justicia”.
En pocas palabras, lo que busca resolver el proyecto de ley interpretativa es el miedo expresado por los defensores de las objeciones de que con la ley estatutaria se debilitaba la extradición y se abría la puerta para que narcotraficantes se colaran en esa jurisdicción. La polémica empezó cuando el exfiscal Martínez, el presidente Duque y hasta la embajada norteamericana dejaron por sentado que el artículo de la estatutaria de la JEP que brindaba la garantía de no extradición a “otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” generaba un “incentivo perverso” para que terceros, acudiendo a la JEP, burlaran las responsabilidades ante la justicia de otros Estados.
En ese sentido, el único artículo del proyecto del senador Velasco dice que la expresión “otras personas”, contenida en ese artículo (153 de la ley estatutaria de la JEP), debe ser interpretada como una referencia “a personas naturales sometidas a la jurisdicción especial de paz, es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. Además, agrega que la garantía de no extradición se concede a quienes estén ofreciendo la verdad plena ante la JEP y solo cuando esta resulte necesaria “para garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad”.
Así pues, la propuesta del senador Velasco es la primera piedra del puente que se pretende tender en un país profundamente dividido por cuenta de un Acuerdo de Paz que le puso fin a medio siglo de confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, guerra que ha cobrado la vida de más de 200.000 compatriotas, dejó más de ocho millones de víctimas y siete millones de desplazados. Un Acuerdo de Paz que, a la vez, permitió la desmovilización de casi 13 mil guerrilleros, la entrega de casi 9.000 armas, bienes millonarios y la voluntad de los excombatientes de aportar a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un contexto que, a juicio de las últimas decisiones de las altas cortes colombianas, es una realidad jurídica sin retorno a la que le hace falta solo un acuerdo básico entre dos sectores de la sociedad que miran la guerra desde sus propias heridas negando la existencia de las víctimas del otro lado.