Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su balance del gobierno Petro en materia de paz? ¿Cuáles de las promesas cumplieron y cuáles no?
La política de paz del Gobierno del Cambio conjugó dos procesos diferentes: los denominados nuevos diálogos liderados por el comisionado Otty Patiño y la coordinación de la implementación del Acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, que estuvo a mi cargo durante estos 4 años. Cada una de estas líneas de trabajo tiene su propio balance y sus propios resultados.
En el marco de la implementación del Acuerdo, puedo afirmar que el balance es positivo en varios aspectos centrales. En primer lugar, el fortalecimiento de la Reforma Rural Integral con la activación del Sistema Nacional de la Reforma Agraria, la gestión de tierras y los procesos de formalización, con lo que se generaron cambios concretos en las vidas de miles de campesinos y campesinas, así como de comunidades étnicas. Específicamente, al cierre de 2025, el Gobierno había entregado aproximadamente 288.000 hectáreas, equivalentes al 94 % de hectáreas entregadas durante el periodo de implementación del Acuerdo; asimismo, para el mismo periodo se formalizaron aproximadamente dos millones de hectáreas, equivalentes al 53 % de las hectáreas formalizadas durante el periodo del Acuerdo.
Y además de la reforma agraria, ¿qué otros logros destacan en la implementación del acuerdo ya firmado?
Actualizamos la hoja de ruta de la implementación; me refiero al Plan Marco de Implementación (PMI). Era una obligación que tenía el Estado y que no había sido cumplida por el gobierno anterior. Esto permitió contar con un instrumento mucho más enfocado en resultados y con una mayor correspondencia con los contenidos y objetivos plasmados en el Acuerdo. Este instrumento de planeación es vital para organizar y gestionar la acción del gobierno nacional y del Estado colombiano para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo.
También durante este cuatrienio se hizo un esfuerzo importante en temas legislativos: esta gestión del Gobierno Nacional se tradujo en la expedición de 148 normas, consolidando un esfuerzo jurídico sin precedentes para la paz. Esta cifra representa el 34,5% del acumulado normativo total desde la firma del Acuerdo, evidenciando una aceleración en la integración de los compromisos al ordenamiento jurídico.
Lea también: “No tienen que escoger entre seguridad o la protección de sus derechos”: Juanita Goebertus
¿Y qué faltó en esta materia?
Hubo promesas en las que se avanzó menos. Una de ellas es la consolidación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad como una hoja de ruta transversal para las políticas de paz y las transformaciones institucionales del país. Aunque se avanzó en su seguimiento y algunas recomendaciones fueron incorporadas en instrumentos sectoriales, no fue posible integrarlas plenamente al Plan Nacional de Desarrollo con responsabilidades, metas y recursos que garantizaran su implementación progresiva.
En materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, el principal desafío sigue siendo articular efectivamente la Política Nacional de Drogas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS— y la Reforma Rural Integral. Esta articulación es indispensable para superar una intervención centrada únicamente en las familias y avanzar hacia procesos colectivos de sustitución, reconversión productiva y transformación sostenible de los territorios. También queda pendiente culminar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con las familias vinculadas al PNIS mediante los Planes de Atención Inmediata Familiar.
Otro reto central es garantizar la seguridad y la vida de las personas firmantes del Acuerdo, los liderazgos sociales, las comunidades y quienes defienden los derechos humanos en los territorios. Aunque se avanzó en la activación de las instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, persiste el desafío de traducir estos mecanismos en respuestas preventivas, coordinadas y oportunas frente a las violencias y disputas territoriales.
¿Cuál es la estructura institucional para la paz que encontrará el próximo gobierno?
Va a encontrar una Unidad de Implementación dentro de la presidencia muy organizada, atendiendo un conjunto amplio de compromisos en políticas de mediano y largo plazo como el Plan Marco de Implementación, la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, el Plan estratégico de seguridad y protección, la política pública integral para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre otras, que exigen de una arquitectura institucional fuerte y robusta.
Sin embargo, la arquitectura de la Presidencia, que debe liderar su implementación, sigue siendo insuficiente al terminar el periodo. Hay que reconocer que no resultó acertado situar esta responsabilidad en la Oficina del consejero comisionado, mientras la labor estratégica y técnica recayó en una unidad sin suficientes dientes para hacer su tarea. Un ejemplo de las consecuencias de esto se evidenció en la delegación presidencial que tiene la Unidad de Implementación en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en donde la falta de un rol político mayor no hizo posible que una política como la de desmantelamiento de organizaciones criminales pudiera alcanzar los resultados esperados.
Recomendado: “Es clave un acercamiento con comunidades y regiones”: monseñor Henao a De la Espriella
¿Cómo ve la crisis humanitaria desarrollada por el aumento de la violencia durante estos cuatro años?
Si bien las graves violaciones a los derechos humanos han disminuido en este periodo en relación con períodos anteriores, la Unidad siempre ha planteado su preocupación por la persistencia en algunos territorios de graves afectaciones a los derechos humanos a nivel territorial; entre ellos, la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Los esfuerzos deben ser revisados también en función de la realidad del crimen organizado en el país. Comprender la geopolítica de la criminalidad y el contexto internacional en el que se mueve es fundamental para que se puedan desarrollar políticas eficaces. El punto 4 sobre solución al problema de las drogas ilícitas del acuerdo trae herramientas para este tema que tampoco han sido suficientemente exploradas. Cada vez urge más el desarrollo de la Conferencia Internacional de Drogas para analizar y profundizar la corresponsabilidad frente a estos asuntos. Colombia sigue poniendo los muertos en una guerra contra las drogas que está mal pensada y mal ejecutada a nivel internacional.
¿Cómo va el cumplimiento de los acuerdos en lo relacionado con las garantías para las víctimas?
El balance en materia de víctimas es desigual. Colombia fortaleció el marco institucional para poner a las víctimas en el centro de la implementación: actualizó la Ley de Víctimas, adoptó la política de soluciones duraderas para la población desplazada y avanzó en la articulación entre el Gobierno, la JEP, la Unidad de Búsqueda y las entidades responsables de la reparación. En indemnización administrativa hubo resultados históricos: durante 2025 se entregaron más de 236.000 indemnizaciones a cerca de 220.000 víctimas, con una inversión superior a 2,45 billones de pesos; además, se cuadruplicó el mayor registro anual de indemnizaciones por hechos relacionados con la libertad y la integridad sexual. Según los datos del informe, la meta del Plan Nacional de Desarrollo en materia de indemnizaciones alcanzó un cumplimiento del 110,63 %. Convirtiéndose este avance en un hito en la implementación de la política pública de víctimas durante estos 15 años.
Sin embargo, el avance no ha sido igual en todas las medidas. Los mayores rezagos están en los retornos y reubicaciones, cuyo indicador de comunidades acompañadas alcanzaba apenas el 28,67 % al cierre de 2025, y en la reparación colectiva: de 1.272 sujetos reconocidos, únicamente 61 habían culminado la implementación total de sus planes. Estos resultados reflejan problemas persistentes de seguridad, limitaciones presupuestales y de personal, baja capacidad institucional en algunos territorios y dificultades para coordinar de manera efectiva la oferta de las entidades nacionales y locales.
El principal aprendizaje que obtuvimos este cuatrienio es que no basta con tener normas, presupuestos o instituciones: la reparación debe sentirse en la vida y en los territorios de las víctimas.
No se pierda: “Hay reservas democráticas que protegen la paz”: Pastor Alape
¿Qué se espera del cambio de gobierno en materia de implementación del acuerdo y del manejo de la paz?
Es fundamental que el presidente electo reconozca esta realidad jurídica y política, desarrolle de buena fe todos los compromisos adquiridos en el Acuerdo y fortalezca la arquitectura institucional para su implementación. El periodo que está a punto de comenzar es el tercer y último periodo presidencial que tiene el gobierno colombiano para cumplirlo; por lo que cualquier movimiento, diferente a avanzar con la implementación, puede ser un grave incumplimiento al Acuerdo y a los compromisos internacionales que tiene Colombia al respecto, y que son evaluados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nos examina cada tres meses. A la siguiente sesión del Consejo de Seguridad, que será en el mes de octubre, deberá acudir el gobierno electo. Esperamos que a esa cita lleguen con muy buenas noticias sobre la implementación.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
Por Luna Mejía Farías
