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La condena de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión abre nuevamente la discusión sobre el futuro del asiento que el congresista ocupa con el aval del Centro Democrático y los caminos que tiene el Congreso para este tipo de casos.
Según determinó la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, Ramírez habría liderado una estructura criminal que desvió hasta COP 90.000 millones en contratos de obras públicas en varios departamentos, incluidos Caldas y Tolima.
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La decisión que tuvo como ponente al magistrado Jorge Emilio Caldas estableció las penas principales de “279 meses y ocho días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días” con suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. En resumen, su pena será pagada en un centro carcelario. A ello se suma una multa de COP 22.340 millones que deberá ser pagada al Ministerio de Justicia y el Derecho.
Y aunque Ramírez insistió en su inocencia asegurando que “en las 438 páginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia”, se encuentra a la espera de la ejecutoria de la pena que conllevaría a su arresto.
Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 paginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia. pic.twitter.com/e1KV5HGF1w
— Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) March 25, 2026
Ahora bien, la incertidumbre radica entonces en el futuro de ese asiento. Aunque la defensa del congresista prepara su apelación para llevar el caso a la segunda instancia, se espera que en el Congreso haya movimientos sobre su caso.
De acuerdo con el presidente del Senado, Lidio García (Liberal), en el equipo jurídico del legislativo “están estudiando lo que indica la ley y lo que ordene la ley, eso es lo que se va a hacer. Ahora que hagamos el análisis jurídico y revisemos la decisión y cómo fue, se tomará una medida de inmediato”.
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Para estos casos, el artículo 134 de la Constitución indica: "Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral".
Pero, además, señala que “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.
Y es que la incertidumbre radica en que previo a su condena, Ramírez había sido arrestado por este mismo caso mientras era Congresista y su curul había quedado vacía. Eso sí, la instancia en la que se encuentra el proceso y la posible apelación y/o impugnación podrían permitir que el legislador culmine su periodo el próximo 20 de junio.
Desde el Centro Democrático, su partido, manifestaron un respeto por las decisiones judiciales, pero agregaron que “el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso". En misma línea declaró la candidata presidencial de ese partido, Paloma Valencia.
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