Excomisionado Luis Carlos Restrepo dice que no se necesita refrendar acuerdos de paz

En carta a El Espectador, el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se mostró de acuerdo con la posición del fiscal general, Eduardo Montealegre, en el sentido de que no se necesita que el presidente Juan Manuel Santos busque la refrendación en las urnas de los acuerdos que se alcancen con las Farc en el proceso de paz de La Habana, teniendo en cuenta que la Ley 418 de 1997 (o de Orden Público), recientemente prorrogada, le concede facultades para fijar el contenido de lo pactado.

“Las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha (elecciones locales y regionales del 25 de octubre). Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al Gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre ‘amigos’ y ‘enemigos’ de la paz. Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente”, explica Restrepo.

Para el excomisionado de paz, teniendo en cuenta que de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, “debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de crear un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia. Esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate”.

La carta de Luis Carlos Restrepo a este diario se dio en respuesta a un artículo publicado en el portal de internet, en el que se revelan los detalles de una entrevista que concedió en 2003 al diario El País de España, en la que defendió el proyecto de alternatividad penal que se planteaba en ese momento para los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros. (Lea el artículo)

“Dicha iniciativa, que contó con la ayuda de varios expertos, entre ellos la doctora María Paulina Riveros –hoy negociadora en La Habana- y el doctor Julio Andrés Sampedro –hoy decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana--, proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura”, dice.

Aclara que si bien dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno Uribe, si tuvo el respaldo del entonces primer mandatario, quien consideraba que era un buen inicio para la discusión. “De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz”.

Restrepo señala también que está dispuesto a defender ante el Centro Democrático esa propuesta de alternatividad penal del año 2003, “si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por entonces en el Congreso, puede ser útil”. Según él, dicha propuesta “puede ser un excelente complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico. Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país”.

Y en este sentido, plantea la posibilidad de que el gobierno Santos acepte una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc, que podría realizar la Cruz Roja, organismo ya sugerido por el mismo grupo guerrillero. “Esa organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se le podría encomendar la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera para informar al Gobierno sobre su ubicación y desplazamientos”.

Restrepo propone, por ejemplo, que con esa información de la Cruz Roja, transmitida al Gobierno en tiempo real, “se puede asegurar a los miembros de las Farc la ‘reciprocidad gubernamental’, que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido. Además se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos”.

Al final de la carta, fechada este 22 de enero, el excomisionado de paz advierte que sus sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros. “Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático”, concluye. 

Declaración de Luis Carlos Restrepo

Diversos medios de comunicación publican hoy la noticia sobre una entrevista concedida al diario El País, en la que defiendo el proyecto de “Alternatividad Penal” elaborado bajo mi coordinación en 2003. El artículo ha sido desempolvado por el senador Armando Benedetti, con la pretensión de señalar supuestas incoherencias en el uribismo. Dicha iniciativa, que contó con la ayuda de varios expertos, entre ellos la Dra. Maria Paulina Riveros -hoy negociadora en La Habana- y el Dr. Julio Andrés Sampedro -hoy Decano de la Facultad de Cincias Jurídicas de la Universidad Javeriana-, proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura.

Debo aclarar que dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno, aunque el presidente respaldó la iniciativa considerando que era un buen inicio para la discusión. De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz. Por mi parte, estoy dispuesto a defender ante mis amigos del Centro Democrático la propuesta de alternatividad penal del año 2003, si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por entonces en el Congreso, puede ser útil. Dicha propuesta puede ser un excelente complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico. Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país.

La primera de esas medidas podría ser la aceptación por parte del gobierno de una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc. En el comunicado inicial de diciembre de 2014, ese grupo sugirió al Comité Internacional de la Cruz Roja ?CICR? para esa tarea. Esta organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se podría encomendar al CICR la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera, para informar al gobierno sobre su ubicación y desplazamientos. Con esta información transmitida al gobierno en tiempo real, se puede asegurar a los miembros de las Farc la "reciprocidad gubernamental", que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido. Además se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos.

La segunda medida podría ser el desistimiento por parte del gobierno de una consulta sobre el tema de la paz en las próximas elecciones regionales. Tiene razón el señor Fiscal General de la Nación al decir que la Ley 418 de 1997, recientemente prorrogada, le concede amplias facultades al presidente para fijar el contenido de los acuerdos. Por su parte, las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha. Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre "amigos" y "enemigos" de la paz. Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente. Como de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia. Esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate.

Aclaro que estas sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros. Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático.

Luis Carlos Restrepo Ramírez

Ex Alto Comisionado para la Paz

Enero 22 de 2015
 

En carta a El Espectador, el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se mostró de acuerdo con la posición del fiscal general, Eduardo Montealegre, en el sentido de que no se necesita que el presidente Juan Manuel Santos busque la refrendación en las urnas de los acuerdos que se alcancen con las Farc en el proceso de paz de La Habana, teniendo en cuenta que la Ley 418 de 1997 (o de Orden Público), recientemente prorrogada, le concede facultades para fijar el contenido de lo pactado.

“Las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha (elecciones locales y regionales del 25 de octubre). Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al Gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre ‘amigos’ y ‘enemigos’ de la paz. Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente”, explica Restrepo.

Para el excomisionado de paz, teniendo en cuenta que de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, “debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de crear un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia. Esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate”.

La carta de Luis Carlos Restrepo a este diario se dio en respuesta a un artículo publicado en el portal de internet, en el que se revelan los detalles de una entrevista que concedió en 2003 al diario El País de España, en la que defendió el proyecto de alternatividad penal que se planteaba en ese momento para los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros. (Lea el artículo)

“Dicha iniciativa, que contó con la ayuda de varios expertos, entre ellos la doctora María Paulina Riveros –hoy negociadora en La Habana- y el doctor Julio Andrés Sampedro –hoy decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana--, proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura”, dice.

Aclara que si bien dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno Uribe, si tuvo el respaldo del entonces primer mandatario, quien consideraba que era un buen inicio para la discusión. “De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz”.

Restrepo señala también que está dispuesto a defender ante el Centro Democrático esa propuesta de alternatividad penal del año 2003, “si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por entonces en el Congreso, puede ser útil”. Según él, dicha propuesta “puede ser un excelente complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico. Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país”.

Y en este sentido, plantea la posibilidad de que el gobierno Santos acepte una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc, que podría realizar la Cruz Roja, organismo ya sugerido por el mismo grupo guerrillero. “Esa organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se le podría encomendar la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera para informar al Gobierno sobre su ubicación y desplazamientos”.

Restrepo propone, por ejemplo, que con esa información de la Cruz Roja, transmitida al Gobierno en tiempo real, “se puede asegurar a los miembros de las Farc la ‘reciprocidad gubernamental’, que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido. Además se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos”.

Al final de la carta, fechada este 22 de enero, el excomisionado de paz advierte que sus sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros. “Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático”, concluye. 

Declaración de Luis Carlos Restrepo

Diversos medios de comunicación publican hoy la noticia sobre una entrevista concedida al diario El País, en la que defiendo el proyecto de “Alternatividad Penal” elaborado bajo mi coordinación en 2003. El artículo ha sido desempolvado por el senador Armando Benedetti, con la pretensión de señalar supuestas incoherencias en el uribismo. Dicha iniciativa, que contó con la ayuda de varios expertos, entre ellos la Dra. Maria Paulina Riveros -hoy negociadora en La Habana- y el Dr. Julio Andrés Sampedro -hoy Decano de la Facultad de Cincias Jurídicas de la Universidad Javeriana-, proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura.

Debo aclarar que dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno, aunque el presidente respaldó la iniciativa considerando que era un buen inicio para la discusión. De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz. Por mi parte, estoy dispuesto a defender ante mis amigos del Centro Democrático la propuesta de alternatividad penal del año 2003, si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por entonces en el Congreso, puede ser útil. Dicha propuesta puede ser un excelente complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico. Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país.

La primera de esas medidas podría ser la aceptación por parte del gobierno de una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc. En el comunicado inicial de diciembre de 2014, ese grupo sugirió al Comité Internacional de la Cruz Roja ?CICR? para esa tarea. Esta organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se podría encomendar al CICR la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera, para informar al gobierno sobre su ubicación y desplazamientos. Con esta información transmitida al gobierno en tiempo real, se puede asegurar a los miembros de las Farc la "reciprocidad gubernamental", que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido. Además se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos.

La segunda medida podría ser el desistimiento por parte del gobierno de una consulta sobre el tema de la paz en las próximas elecciones regionales. Tiene razón el señor Fiscal General de la Nación al decir que la Ley 418 de 1997, recientemente prorrogada, le concede amplias facultades al presidente para fijar el contenido de los acuerdos. Por su parte, las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha. Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre "amigos" y "enemigos" de la paz. Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente. Como de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia. Esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate.

Aclaro que estas sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros. Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático.

Luis Carlos Restrepo Ramírez

Ex Alto Comisionado para la Paz

Enero 22 de 2015