El presidente electo, Abelardo de la Espriella, exigió al gobierno saliente de Gustavo Petro que se frenen presuntas “maniobras contractuales” en el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad).
“El Equipo de Empalme Anticorrupción notificó formalmente al liquidador del Ministerio de la Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, exigiendo frenar de manera inmediata las maniobras contractuales de última hora en FONIGUALDAD, entidad que se encuentra en liquidación bajo el Decreto 626 de 2026″, se lee en el comunicado.
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En ese sentido, aseguran que esta petición se da debido a que “los contratos detectados exceden las facultades legales de la liquidación establecidas en los artículos 4 y 34 de ese decreto, y que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados”.
Además, aseguran que estas exigencias “son concretas y no admiten dilación” por lo que se pide la suspensión inmediata de cualquier nueva vinculación de personal “mediante empresas temporales o bolsas de empleo; congelación de 9.082 millones de pesos en anticipos, nómina y desembolsos del contrato EGA-033ICD-008-2026 por 30.275 millones suscrito con LABORANDO S.A.S. para 1.270 personas en misión; y entrega del inventario contable y contractual completo para auditoría”.
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“La notificación fue enviada con copia al presidente saliente Gustavo Petro, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a Fiduprevisora y a Fiducoldex. El empalme anticorrupción reitera que ninguna maniobra contractual de último minuto pasará sin respuesta. A 48 horas de la posesión del presidente De La Espriella, la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es total y permanente”, finaliza el comunicado.
Lo cierto es que las alertas en el Ministerio de la Igualdad marcaron al gobierno saliente y también llegaron por vía del Congreso y órganos de control respecto a la baja ejecución de la cartera que ahora está en proceso de liquidación.
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A eso se sumaron las denuncias por la duplicidad de funciones con oficinas de la Casa de Nariño y el Departamento de Prosperidad Social, el nulo avance de proyectos en viceministerios, las iniciativas que quedaron en vilo ante la falta de operadores —como fue el caso de Jóvenes en Paz— y la falta de respuestas sobre el funcionamiento del Fonigualdad, que operaba con una dirección separada al Minigualdad.
“El alcance de su misionalidad se ve impactada de manera negativa al tener una ineficiente gestión de los recursos asignados al presentar una baja ejecución afectando el goce efectivo de los derechos de las poblaciones históricamente excluidas”, se lee en un informe de auditoría fiscal que publicó la Contraloría sobre la vigencia de 2025.
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