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Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) orbitan en un escenario político convulso en el que la puja entre el Ejecutivo, con las fuerzas que lo acompañan, y la oposición es, cada vez, más tensionante.
Tan solo la semana pasada, en el Capitolio, se vivieron varios hechos que marcaron el pulso entre las bancadas, entre ellas la anulación de la curul de Ángela María Robledo (acusada por doble militancia y cuyo caso es un golpe al recién estrenado Estatuto de la Oposición) y la tutela instaurada por Ernesto Macías, presidente del Senado, contra la Cámara de Representantes, por haber tramitado las objeciones primero, sin ser la corporación de origen de la iniciativa. En ese contexto, los seis artículos objetados que le dan estructura sólida a la JEP llegan este lunes a la Cámara alta para definir su futuro.
Aparte de existir dos ponencias —una positiva y otra negativa—, la discusión se da en un escenario de fuegos cruzados, en el que los defensores y detractores de la JEP han expuesto argumentos que, en términos reales, hablan de la potestad y legitimidad de la jurisdicción creada en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, esta vez, la deliberación que adelantan los legisladores se centra no en todos, sino en dos de los seis reparos presidenciales: los puntos cinco y seis, que hablan sobre las funciones de la JEP frente a excombatientes, militares y terceros que se acojan al sistema y que encaren procesos por extradición.
Por un lado, la bancada gobiernista (que contó con mayorías en la comisión accidental encargada de estudiar las objeciones) expresó que el reparo del primer mandatario, en el que considera que la JEP no debe practicar pruebas al momento de determinar si existe algún delito cometido por un exintegrante de las Farc y atribuido a una solicitud de extradición, antes del 1° de diciembre, es válido. Entre sus argumentos, la comisión manifestó, según se lee en el informe, que “la redacción de la norma contiene un vacío legal sobre el régimen aplicable de pruebas a las solicitudes de extradición. No hay un límite específico en las facultades de la JEP y se adicionan nuevos requisitos a un cuerpo normativo”.
Además, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático e integrante de la mencionada comisión, dijo que la norma, así como está, dilata la extradición de exmiembros de las Farc. Sobre esto, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde y quien lideró en la Cámara el rechazo a las objeciones, recordó que la Corte Constitucional se ha pronunciado en tres oportunidades para aclarar la facultad de la JEP de solicitar pruebas sobre dichos delitos: en el Auto 401 de 2018, en la Sentencia C-080 de 2018 y en la última Sentencia C-112 de 2019.
“Lo que establece la Constitución es que ahora hay un paso adicional a lo que pasaba antes, y es que si la persona está sometida a la JEP, le corresponde a esta definir cuándo se cometió el delito y, para poder establecerlo, debe tener acceso a material probatorio”. Y añadió que en la objeción del presidente Duque lo que se está intentando hacer es “revivir una norma ya declarada inexequible”.
Juan Carlos Ospina, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, se refirió en esa misma medida a este reparo, luego de que la organización a la que pertenece, junto con Dejusticia, demandaran ese trámite. “No es cierto que esta objeción afecte gravemente la justicia colombiana y su relación con el narcotráfico, porque es muy específica. La JEP sí puede dictar pruebas en el trámite de extradición, para efectos de calificar la fecha en la que se cometió la conducta y es algo que tiene que resolver la jurisdicción”, explicó.
La sexta objeción, respaldada en la ponencia positiva en el Senado, toca el artículo 153, que incluye disposiciones sobre quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y que expone una preocupación del uribismo: que “terceros” que estén vinculados al narcotráfico eviten ser extraditados al adherirse a la norma. Sumado a esto, la polémica en torno al artículo se agudizó luego de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez revelara un video —llamándolo “narcomico”— en el que se visualiza a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, supuestamente vendiendo cupos para comparecer ante la JEP.
“El fiscal lo llamó un articulejo de muy dudosa procedencia que, básicamente, habla no de las Farc ni de los funcionarios del Estado, sino de otras personas, y dice que ‘cualquier tercero que esté en el sistema no podrá ser extraditado mientras no termine de aportar la verdad’”, aseguró la senadora Valencia. Incluso, el mismo presidente Iván Duque, el fin de semana, hizo un duro pronunciamiento al respecto: “Tenemos que ser francos. A esa ley no se le entró un mico sino un King Kong, porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad, eluden de manera permanente la extradición”.
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No obstante, Goebertus calificó como “falsa” la aseveración del Martínez. “Si se mira la sentencia de la Corte Constitucional, para el tribunal la expresión de ‘otras personas’ se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP. No es cierto, como dice el fiscal, que cualquier narcotraficante que ande por ahí solo tenga que decir la verdad. Este artículo solo se aplica a quienes estén en competencia de la JEP, frente a delitos relacionados con el conflicto armado”, expresó.
Pese al “tire y afloje” de los argumentos y de qué se puede catalogar como “falso”, “verdadero” o “parcialmente cierto”, para los congresistas (dado que la norma es, también, interpretable y da pie para este tipo de laberintos jurídicos), el resultado jurídico que tengan las objeciones en el Senado este lunes compromete la influencia del presidente en el Capitolio y pone en riesgo la separación de poderes, según expresó Goebertus.
“Esto no se trata de aprobar ‘unos’ artículos. Acá lo que está en juego es la separación de poderes. Porque si el Congreso llegara a aprobar uno o dos de ellos, lo que estaría diciendo es que de ahora en adelante, en cualquier otro tema, el presidente de la República podría estar en desacuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional y objetarla”, aseguró la legisladora de la oposición. Pero para Valencia el verdadero problema está en que la ley estatutaria no representa a la mitad del país que en 2016 votó por el “no” en el plebiscito por la paz y que esta, además, le traería problemas a Colombia con Estados Unidos.
“La JEP es una justicia ilegítima porque los colombianos la rechazamos con el plebiscito, y el tema de la extradición es gravísimo porque si bien Obama apoyó el proceso de paz, el gobierno Trump tiene una política completamente distinta, en la que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad”, advirtió la senadora uribista. Con todo, es un tema que si bien para muchos no tiene soporte jurídico (dada la exequibilidad que declaró la Corte Constitucional), es políticamente controversial.
Incluso, para Valencia, teniendo en cuenta que la Cámara ya negó las objeciones, el objetivo del Centro Democrático apuntaría a aprobar los reparos a los dos artículos para generar el choque con la decisión de la Cámara y así hundirlos, es decir, evitar que entren en vigencia. Ya otra discusión es si hay que archivar por completo o no el proyecto de ley estatutaria. Ahora, pase lo que pase, es claro también que el gobierno Duque y el uribismo cuentan con otra carta: la reforma constitucional que anunció el mismo Duque el día que planteó sus objeciones, la cual, si bien dijo que estaría centrada los temas puntuales de delitos sexuales, reincidencia y que quienes vuelvan a delinquir sean juzgados por la justicia ordinaria, bien podría incluir el espinoso asunto de la extradición.