FARC insiste en que caso Gómez Hurtado se maneje en la JEP
El partido político, a través de Rodrigo Londoño y Julián Gallo, dijo que sería improcedente en materia constitucional citarlos a comparecer ante la Fiscalía, pues estarían siendo juzgados dos veces por un mismo hecho.
Pasado un mes desde que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc admitió su responsabilidad en el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, este jueves se conoció una carta del ahora partido político en la que reafirmaron su compromiso con el país y con el aporte de la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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A través de un comunicado conjunto emitido por Rodrigo Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y del senador Julián Gallo, aseguran que sus abogados presentaron ante la Fiscalía un memorial en que se manifiesta su disposición de aportar verdad y presentarse ante la justicia en el caso del homicidio de Gómez Hurtado.
Según los dirigentes, dicha diligencia se realizará ante la JEP, dado que “es la instancia creada y normada a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano, con el fin de aplicar justicia en los hechos realizados en el marco del conflicto civil y armado”.
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En dicho documento, Londoño y Gallo alertan sobre las afectaciones al procedimiento constitucional enmarcado en las normas que regulan la relación entre la justicia ordinaria y la JEP y la improcedencia constitucional y legal de citarlos a comparecer ante la Fiscalía General.
“Se busca el respeto de una garantía constitucional: el principio del non bis in ídem que se encuentra estipulado en el inciso 4º del artículo 29 de la Constitución, que establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En este caso, los comparecientes estarían siendo citados por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado”, alertan.
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En el documento, los dirigentes de la FARC dicen no oponerse a la solicitud del traslado de pruebas en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía, no solo en el caso de Gómez Hurtado, sino en todos aquellos no esclarecidos y en los cuales se están haciendo aportes a la verdad.
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“Reafirmamos, una vez más, el compromiso con el aporte temprano de verdad en el marco jurídico creado por el Acuerdo Final de Paz y el respeto a las instituciones”, señalan.
En octubre pasado, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y los antiguos miembros del secretariado de las Farc señalaron que estos últimos se responsabilizaban por la autoría del crimen, el cual fue perpetrado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Incluso, Iván Márquez, uno de los líderes de la autodenominada disidencia “Nueva Marquetalia”, reiteró que fue la cúpula de la extinta guerrilla la que ordenó el magnicidio.
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El reconocimiento de responsabilidad lo hizo Carlos Antonio Lozada, hoy senador del partido Farc, hace un mes, quien dijo haber dado la orden del crimen. Lozada aseguró que la guerrilla había asesinado al conservador por su discurso en el que pedía la intervención de la Fuerza Pública y en la que denunció las “repúblicas independientes”, lo que desembocó en el bombardeo a Marquetalia.
Pasado un mes desde que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc admitió su responsabilidad en el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, este jueves se conoció una carta del ahora partido político en la que reafirmaron su compromiso con el país y con el aporte de la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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A través de un comunicado conjunto emitido por Rodrigo Londoño, hoy presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y del senador Julián Gallo, aseguran que sus abogados presentaron ante la Fiscalía un memorial en que se manifiesta su disposición de aportar verdad y presentarse ante la justicia en el caso del homicidio de Gómez Hurtado.
Según los dirigentes, dicha diligencia se realizará ante la JEP, dado que “es la instancia creada y normada a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano, con el fin de aplicar justicia en los hechos realizados en el marco del conflicto civil y armado”.
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“Se busca el respeto de una garantía constitucional: el principio del non bis in ídem que se encuentra estipulado en el inciso 4º del artículo 29 de la Constitución, que establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En este caso, los comparecientes estarían siendo citados por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado”, alertan.
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