Feministas presentan pliego con siete propuestas para fortalecer democracia en medio del paro

Advirtiendo que la ola de protestas en Colombia ha sido “enfrentada con extendida militarización, brutal represión y uso desmedido de la fuerza”, este miércoles se conoció un pliego con siete propuestas por parte de organizaciones feministas, que abogaron por el fortalecimiento de la democracia en el país en medio de las jornadas de paro nacional.

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En su pronunciamiento, las feministas alertan que se han presentado hechos “que degradan la movilización”, como infiltraciones de grupos violentos “con propósitos ajenos a la defensa de los intereses de la ciudadanía”, y expresiones de una rabia “largamente contenida por las víctimas del sistema patriarcal y del modelo económico neoliberal”.

Por ello, advierten que se acorta el tiempo para encontrar salidas antes de “una hecatombe” que, aseguran, el Gobierno Nacional no logra enfrentar “por su indolencia y soberbia”. En esa línea, abogan por una agenda compartida para salvar vidas y detener un “baño de sangre”, que implique superar la desconfianza y las desigualdades.

“El enfoque de seguridad nacional, hoy basado en la sospecha mutua y la doctrina del enemigo interno, actúa como una amenaza a la estabilidad nacional. Es fundamental comprender que la sociedad está bajo constante amenaza a su supervivencia (abuso físico, múltiples violencias, incluida la violencia sexual, la persecución o la muerte), a sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud) y a su dignidad desde hace décadas (la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos humanos, la desigualdad, la exclusión, la discriminación y la falta de libertad)”, alegan.

En ese sentido, insistiendo en que el cuidado de la vida es un principio inviolable en la protesta social y la construcción de confianza es un fundamento indispensable, presentaron un pliego con siete propuestas, iniciando con la necesidad de que el diálogo planteado para conjurar la crisis por parte del Gobierno Nacional abarque no solo una conversación, sino una negociación con todas las fuerzas sociales y políticas del país.

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Lo anterior, con el concurso de la comunidad internacional y el apoyo de una mediación especializada. Señalan, además, que se debe garantizar la presencia paritaria y diversa de las mujeres en esos espacios de negociación.

En segundo lugar, manifiestan que la protesta social debe permitir el tránsito de las misiones médicas y humanitarias, prevaleciendo los derechos a la seguridad alimentaria y al respeto por los bienes públicos. Frente al actuar de la Fuerza Pública, explicaron que el Ejército debe custodiar la soberanía e integridad del territorio y la Policía, a su turno, garantizar la movilización ciudadana, siempre en el marco de los derechos humanos.

“El monopolio del uso de las armas le corresponde al Estado. La minga indígena y las otras expresiones de la protesta deben ser protegidas. Que el gobierno condene los abusos de la Fuerza Pública y la sociedad que apoya la protesta rechace la violencia en su desarrollo, buscando siempre su desescalamiento”, alertaron.

El tercer punto del pliego feminista aboga por la desmilitarización inmediata de las ciudades, explicando que el uso de la figura de la asistencia militar para contener la protesta social es inconstitucional. En esa línea, propusieron desmontar el Esmad; prohibir el uso de armas de letalidad reducida y de armas de fuego en los equipos de patrullaje; la exclusión de la Policía de las fuerzas armadas y que pase al Ministerio del Interior; una reforma a la Jurisdicción Penal Militar para que se excluya de dicho fuero a los uniformados por violaciones a derechos humanos, en particular por las violencias contra las mujeres, y la creación de un mecanismo, con participación de la comunidad internacional, para investigar y judicializar violaciones de derechos humanos.

En cuarto lugar, el movimiento feminista exigió justicia ante los excesos y abusos de la Fuerza Pública en el marco de la protesta, sumado a la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, “que durante los últimos días ha promovido desde sus declaraciones y acciones, la estigmatización al derecho legítimo a la protesta poniendo en riesgo la vida de protestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y personal médico”.

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En relación con la reforma a la seguridad, el quinto punto plantea un enfoque de seguridad humana, sobre las bases de una “vida libre de miedo” y la libertad para vivir en dignidad, sumado a un enfoque garantista del Estado Social de Derecho que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y de una Fuerza Pública” guardiana de la democracia y de la vida”.

Por otro lado, en sexto lugar, proponen que haya acuerdos para enfrentar las desigualdades que existen en el país, especialmente de género, así como la puesta en marcha de un plan de emergencia que atienda la pobreza causada por la pandemia, haciendo énfasis en las mujeres. Lo anterior, debido al “incremento desmedido de su carga de trabajo no remunerado, y la violencia de género en su contra, del deterioro alarmante de sus condiciones de vida laborales y su falta de reconocimiento en las diversas esferas de poder”.

Por último, las feministas insisten en una renta básica universal, priorizando a las mujeres en toda su diversidad, y la implementación de garantías para que puedan acceder al trabajo con remuneración justa, incorporando estrategias como la economía social y solidaria. Adicionalmente, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidado, “en el que el cuidado sea un derecho, se transforme la división sexual del trabajo y se eliminen las grandes brechas del uso del tiempo”.

Advirtiendo que la ola de protestas en Colombia ha sido “enfrentada con extendida militarización, brutal represión y uso desmedido de la fuerza”, este miércoles se conoció un pliego con siete propuestas por parte de organizaciones feministas, que abogaron por el fortalecimiento de la democracia en el país en medio de las jornadas de paro nacional.

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En su pronunciamiento, las feministas alertan que se han presentado hechos “que degradan la movilización”, como infiltraciones de grupos violentos “con propósitos ajenos a la defensa de los intereses de la ciudadanía”, y expresiones de una rabia “largamente contenida por las víctimas del sistema patriarcal y del modelo económico neoliberal”.

Por ello, advierten que se acorta el tiempo para encontrar salidas antes de “una hecatombe” que, aseguran, el Gobierno Nacional no logra enfrentar “por su indolencia y soberbia”. En esa línea, abogan por una agenda compartida para salvar vidas y detener un “baño de sangre”, que implique superar la desconfianza y las desigualdades.

“El enfoque de seguridad nacional, hoy basado en la sospecha mutua y la doctrina del enemigo interno, actúa como una amenaza a la estabilidad nacional. Es fundamental comprender que la sociedad está bajo constante amenaza a su supervivencia (abuso físico, múltiples violencias, incluida la violencia sexual, la persecución o la muerte), a sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud) y a su dignidad desde hace décadas (la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos humanos, la desigualdad, la exclusión, la discriminación y la falta de libertad)”, alegan.

En ese sentido, insistiendo en que el cuidado de la vida es un principio inviolable en la protesta social y la construcción de confianza es un fundamento indispensable, presentaron un pliego con siete propuestas, iniciando con la necesidad de que el diálogo planteado para conjurar la crisis por parte del Gobierno Nacional abarque no solo una conversación, sino una negociación con todas las fuerzas sociales y políticas del país.

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Lo anterior, con el concurso de la comunidad internacional y el apoyo de una mediación especializada. Señalan, además, que se debe garantizar la presencia paritaria y diversa de las mujeres en esos espacios de negociación.

En segundo lugar, manifiestan que la protesta social debe permitir el tránsito de las misiones médicas y humanitarias, prevaleciendo los derechos a la seguridad alimentaria y al respeto por los bienes públicos. Frente al actuar de la Fuerza Pública, explicaron que el Ejército debe custodiar la soberanía e integridad del territorio y la Policía, a su turno, garantizar la movilización ciudadana, siempre en el marco de los derechos humanos.

“El monopolio del uso de las armas le corresponde al Estado. La minga indígena y las otras expresiones de la protesta deben ser protegidas. Que el gobierno condene los abusos de la Fuerza Pública y la sociedad que apoya la protesta rechace la violencia en su desarrollo, buscando siempre su desescalamiento”, alertaron.

El tercer punto del pliego feminista aboga por la desmilitarización inmediata de las ciudades, explicando que el uso de la figura de la asistencia militar para contener la protesta social es inconstitucional. En esa línea, propusieron desmontar el Esmad; prohibir el uso de armas de letalidad reducida y de armas de fuego en los equipos de patrullaje; la exclusión de la Policía de las fuerzas armadas y que pase al Ministerio del Interior; una reforma a la Jurisdicción Penal Militar para que se excluya de dicho fuero a los uniformados por violaciones a derechos humanos, en particular por las violencias contra las mujeres, y la creación de un mecanismo, con participación de la comunidad internacional, para investigar y judicializar violaciones de derechos humanos.

En cuarto lugar, el movimiento feminista exigió justicia ante los excesos y abusos de la Fuerza Pública en el marco de la protesta, sumado a la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, “que durante los últimos días ha promovido desde sus declaraciones y acciones, la estigmatización al derecho legítimo a la protesta poniendo en riesgo la vida de protestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y personal médico”.

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En relación con la reforma a la seguridad, el quinto punto plantea un enfoque de seguridad humana, sobre las bases de una “vida libre de miedo” y la libertad para vivir en dignidad, sumado a un enfoque garantista del Estado Social de Derecho que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y de una Fuerza Pública” guardiana de la democracia y de la vida”.

Por otro lado, en sexto lugar, proponen que haya acuerdos para enfrentar las desigualdades que existen en el país, especialmente de género, así como la puesta en marcha de un plan de emergencia que atienda la pobreza causada por la pandemia, haciendo énfasis en las mujeres. Lo anterior, debido al “incremento desmedido de su carga de trabajo no remunerado, y la violencia de género en su contra, del deterioro alarmante de sus condiciones de vida laborales y su falta de reconocimiento en las diversas esferas de poder”.

Por último, las feministas insisten en una renta básica universal, priorizando a las mujeres en toda su diversidad, y la implementación de garantías para que puedan acceder al trabajo con remuneración justa, incorporando estrategias como la economía social y solidaria. Adicionalmente, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidado, “en el que el cuidado sea un derecho, se transforme la división sexual del trabajo y se eliminen las grandes brechas del uso del tiempo”.