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La sanción a Juan Pablo Ramírez, exsecretario en la Alcaldía de Medellín, causó un nuevo round entre el exalcalde Daniel Quintero y el alcalde Federico Gutiérrez, quienes son duros opositores políticos.
La Procuraduría encontró disciplinariamente responsable, en primera instancia, a Ramírez por presuntamente presionar a funcionarios de la alcaldía, durante el periodo de Quintero, para que aportaran económicamente al proyecto político del exalcalde, Independientes, a través de la fundación “El futuro se parece a nosotros”. El proceso inició por una queja de María del Pilar Rodríguez, quien ejercía como directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión.
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Según el Ministerio Público, Ramírez -uno de los funcionarios más cercanos a Quintero- fue responsable de dos hechos: utilizar su cargo para presionar a particulares o subalternos para respaldar una causa política y ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista. La Procuraduría también halló responsables a Juan Daniel Pulgarín, esxsubsecretario de Grupos Poblacionales, dependencia de la Secretaría de Inclusión, y a Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios.
Ante estos hechos, el alcalde Gutiérrez, quien durante la campaña y sus primeros 17 meses en La Alpujarra ha sido enfático en las “irregularidades” de su antecesor, manifestó: “No hay uno que se salve. Van cayendo uno a uno, los que se robaron a Medellín. Sinvergüenzas. Y recuerden que son más de 650 hallazgos que le entregamos a los entes de control con pruebas y testigos. Ya van 40 imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda”.
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Por su parte, Quintero reaccionó a la sanción contra Ramírez asegurando que se trató de un asunto político, antes que judicial. “Lo de la Procuraduría hoy suspendiendo a uno de mis ex-secretarios manda el siguiente mensaje: Cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia. No necesita probar nada”, afirmó.
Y agregó: “19 funcionarios declararon bajo la gravedad de juramento que la despedida funcionaria (Rodríguez) mentía, que venía del gobierno de Fico, y que había intereses políticos”.
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