Uno de los impuestos decretados en la emergencia económica a finales de diciembre sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %. Según varios sectores, este cambio podría representar un duro golpe a las finanzas departamentales quienes dependen de estos impuestos para financiar la salud, el deporte y le educación en sus regiones, debido a que si el consumo disminuye también lo hará el recaudo.
Para concertar una posición frente a este decreto los gobernadores de los 32 departamentos del país se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, donde analizan si aplican la excepción de inconstitucionalidad en el decreto 1474 de 2025.
La reunión es encabezada por la vicepresidenta del FND, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, junto a otros gobernadores como la del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y el de Manizales, Henry Gutiérrez. Y esperan compartir un comunicado con la posición y acciones que realizarán los departamentos al final del encuentro.
El primero en alzar en oponerse al decreto fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció que no ejecutará este decreto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los impuestos y otorgue el aval a la emergencia económica.
“Antioquia no aplicará el decreto por excepción de constitucional, que opera como una vía de intervención temprana ante la amenaza inminente de un perjuicio irremediable que se deriva de un cobro tributario que presumimos es contrario a la carta política. Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”, afirmó Rendón en una entrevista en Blu Radio.
Contexto aquí: Gobernadores rechazan impuestos a licores y tabaco en emergencia económica
Esta reunión ocurre después de que el pasado 9 de enero en una misiva de siete páginas, el FND rechazaran el decreto 1474 de 2025, la decisión que consideran re-centralizadora y un atentado contra los ingresos de las entidades territoriales. Según los gobernadores, la subida de impuestos podría en riesgo la financiación de sectores estratégicos de la salud, la educación y el deporte en las regiones.
Según la ley 1816 del 2016, que establece el monopolio rentístico de los licores en los departamentos y define que el dinero de las rentas de estas bebidas se dividen en las arcas departamentales de la salud (37%), educación (14%), y deportes (3%). En algunos departamentos como el Valle del Cauca, donde cuentan con su propio aguardiente, estos representan gran parte de sus ingresos.
“Al aumentar el mínimo a $750 por grado/750 ml más un componente ad valorem del 30 %, el decreto reduce sustancialmente el margen de autonomía fiscal de los departamentos: aquellos con participaciones bajas se ven obligados a incrementarlas abruptamente, con efectos potenciales sobre precios y contrabando, mientras que los que ya tenían tarifas superiores pierden la posibilidad de usar la participación como herramienta de política pública”, argumentaron en la carta.
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